Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123291
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.291, "Longo, Marcos Antonio contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo. Acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Pettigiani.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada por resultar vencida (v. fs. 250/267).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 272/279).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 e hizo lugar a la demanda que Marcos Antonio Longo promovió contra la Provincia de Buenos Aires, condenando a esta última al pago de la reparación sistémica por incapacidad generada por accidente de trabajo (arts. 11 apdo. 4 inc. "a" y 14 apdo. 2 inc. "b" de la ley 24.557 y modif.) y la diferencia de indemnización por daños y perjuicios fundada en la responsabilidad civil extracontractual (art. 1.113 del Cód. velezano; v. fs. 250/267).
Para así decidir, en el veredicto declaró probado que el día 17 de febrero de 2015, mientras el actor se dirigía con su uniforme policial desde su lugar de trabajo hacia su domicilio, dos sujetos intentaron robarle la motocicleta, produciéndose un enfrentamiento armado en el que resultó baleado, sufriendo diversos traumatismos en sus piernas -con secuela de pseudoartrosis supracondílea- que lo incapacitan en un 57,25% del índice de la total obrera (v. fs. 250 y vta.).
Luego, en la etapa de sentencia, de conformidad a las peticiones formuladas por las partes en los escritos constitutivos de la litis, declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 (v. fs. 253/260 vta.).
Entre otros argumentos, ponderó -en lo medular- que el sistema de opción excluyente se contrapone con el deber de reparar el daño injusto y el principio protectorio (arts. 14 bis y 19 de la Constitución nacional), ya que permite que un trabajador víctima de un accidente o enfermedad laboral, que ejerce la opción por el derecho común y no alcanza a demostrar los presupuestos de responsabilidad previstos en el Código Civil y Comercial, quede sin reparación alguna (v. fs. 259 vta. y 260).
Destacó que el art. 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales (Declaración de los Derechos Sociales del Trabajador) establece que los trabajadores tienen derecho a una indemnización especial de los daños producidos por enfermedades y accidentes laborales que, al menos, debe alcanzar a cubrir la pérdida de ganancias provocada por el infortunio. Dicha norma internacional -añadió- podría quedar inaplicada en los casos en que un trabajador accidentado o enfermo a causa del trabajo ejerza la opción por el derecho civil y pierda el juicio (v. fs. 260).
A su vez, indicó que la existencia de una ley reparatoria especial, como lo es la Ley de Riesgos del Trabajo, debe implicar una mayor protección y fungir como una manera de asegurar derechos y no de desasegurarlos, porque el art. 14 bis de la Constitución nacional establece que "el trabajo en todas sus formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador", de suerte que la norma especial no puede funcionar como un obstáculo para que este último pueda intentar obtener una reparación más plena, porque de ese modo estaría desprotegiendo derechos que posee en su simple calidad de habitante de la República (v. últ. fs. cit.).
Por otra parte, manifestó que la opción excluyente coloca al trabajador enfermo o accidentado (es decir, en una situación especial de vulnerabilidad) ante una disyuntiva de hierro que lo obliga a la actitud heroica de intentar obtener un resarcimiento integral asumiendo el riesgo de perder, incluso, la indemnización tarifada (v. últ. fs. cit.).
Señaló que uno de los principales argumentos en favor de la opción excluyente lo constituye el hecho de que la misma se cimienta en una dilatada y antigua tradición jurídica en la disciplina que se remonta a la sanción de la ley 9.688 en el año 1915; pero, explicó, ello no conmueve las conclusiones ya expuestas, toda vez que dicha práctica fue elaborada bajo el imperio de normas constitucionales, internacionales y legales diferentes a las que rigen actualmente y, también, a partir de paradigmas culturales y jurídicos que existían hace un siglo (v. fs. 260 vta.).
Con todo, declaró la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 por colisionar con lo normado en los arts. 14 bis, 16, 17, 19, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional, y con los pactos y tratados internacionales con jerarquía constitucional, habilitando -consecuentemente- la reunión de pretensiones intentada por la actora en las presentes actuaciones (v. fs. 259 y vta.).
Sentado ello, puesto a analizar específicamente los presupuestos de la responsabilidad civil extracontractual, sostuvo el sentenciante que la gravitación que en el suceso de autos tuvo el ejercicio de la función de policía del actor resultó "incuestionable", por cuanto la expresión típica de dicha actividad, signada por el deber de actuar ante la comisión de un ilícito, fue la generadora de la exposición del señor Longo en el siniestro de autos, aun cuando el evento haya ocurrido en el trayecto entre el lugar de trabajo y el domicilio del actor (v. fs. 261 vta.).
Señaló el judicante que el régimen del personal policial dispone como uno de sus deberes "intervenir para evitar la comisión de delitos y detener a sus autores, siempre que se encuentren en servicio. Si voluntariamente interviniere encontrándose fuera de servicio, los actos que realice para cumplir el cometido indicado en este inciso y sus consecuencias, serán considerados a todos los efectos como acto de servicio (art. 11 inc. e, ley 13.982)". De allí -juzgó el tribunal- el carácter de cosa con que el que puede conceptualizarse dicha tarea (v. fs. 261 vta. y 262).
Posteriormente, con cita de doctrina legal de esta Corte, concluyó el juzgador que la labor desempeñada por el accionante se convirtió, por conducto de la exposición a la que debió someterse dada su calidad de policía de seguridad, en una actividad riesgosa en virtud de la cual fue objeto del ataque perpetrado por delincuentes (v. fs. 262 vta.).
Con todo, condenó a la accionada al pago de la reparación sistémica y la diferencia de indemnización de daños y perjuicios derivados por responsabilidad civil extracontractual (v. fs. 266/267).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza el Fisco de la Provincia de Buenos Aires mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; de los Convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; de los arts. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1.067, 1.068, 1.069, 1.078, 1.079, 1.083 y 1.113 del Código Civil (ley 340); 4 de la ley 26.773; 165 del Código de Procedimientos Civil y Comercial y 40, 44 inc. "d", 47 y concordantes de la ley 11.653.
II.1. En primer lugar, cuestiona la sentencia de grado en cuanto descalificó constitucionalmente el art. 4 de la ley 26.773, disposición que establece la denominada opción excluyente para promover acciones judiciales en materia de responsabilidad por daños derivados de accidentes o enfermedades del trabajo (v. fs. 274).
Argumenta que el criterio que emana de dicha norma, en tanto establece la posibilidad de optar entre dos sistemas de reparación, es el de la razonabilidad (v. fs. cit.).
Refiere que es absurdo el argumento del juzgador, en el sentido de que si el trabajador opta por accionar con fundamento en el derecho civil y no logra demostrar los presupuestos de atribución de responsabilidad que dicha legislación contempla, queda sin reparación alguna. Ello así -alega- toda vez que en el presente caso el promotor del pleito fundó implícitamente su reclamo, en primer lugar, en la Ley de Riesgos del Trabajo, por lo cual el ejemplo utilizado para dar sustento a la declaración de inconstitucionalidad resulta abstracto (v. fs. 274 vta. y 275).
Alega que tampoco puede sostenerse lógicamente que el trabajador se encuentre discriminado respecto del resto de los individuos a la hora de obtener una reparación integral, desde que, ante la ocurrencia de un infortunio, tiene los beneficios que surgen de las normas que rigen la relación laboral y, con respecto a las disposiciones del derecho común, se encuentra en igualdad de condiciones que las personas que sufren un daño fuera de ámbito contractual (v. fs. 275).
Añade que la nueva normativa no transgrede el principio de progresividad, pues las modificaciones que esta introduce no implican un simple ajuste legislativo, sino una verdadera reforma de fondo del régimen de riesgos del trabajo (v. fs. 275 vta.).
Sostiene que el criterio optativo y excluyente que propicia la ley tampoco se encuentra en pugna con la garantía de libre acceso a la justicia y el derecho de propiedad por privación de una reparación integral del daño. Un razonamiento en contrario -explica- importaría acumular dos beneficios que responden a la misma finalidad resarcitoria, ocasionando con ello un indebido enriquecimiento en cabeza de los beneficiarios (v. fs. cit.).
Destaca que en el capítulo II del escrito de demanda, titulado "Objeto de la presentación", se desprende que el señor Longo fundó su reclamo, primeramente, en la ley 24.557; razón por la cual -afirma- resulta claro que ejerció la opción contemplada en el art. 4 de la ley 26.773.
Desde esa perspectiva, añade que, si bien el actor tuvo la posibilidad de accionar con fundamento en la normativa del Código Civil, no lo hizo (v. fs. 276).
Indica que aun cuando los jueces deben desentrañar la significación jurídica de las leyes, y que ello los obliga a superar las rígidas pautas gramaticales que pudieran existir, también tienen la obligación de abstenerse de toda inteligencia que equivalga a prescindir de la norma aplicable, como ha sucedido en el caso (v. fs. 276 vta.).
Con todo, aduce que el tribunal de trabajo incurrió en flagrante absurdo y manifiesta arbitrariedad al momento de declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, debiéndose en consecuencia casar el fallo de grado en cuanto condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la indemnización integral con fundamento en las normas del derecho común, por haber optado el actor por el régimen de reparación sistémico de la ley 24.557 (v. fs. 276 vta.).
II.2. En segundo término, impugna la decisión de grado en cuanto juzgó que la actividad laboral del actor podía calificarse como "cosa riesgosa" en los términos del art. 1.113 del Código Civil.
En este orden de ideas, refuta la conclusión del juzgador en virtud de la que entendió que la tarea (policial) -signada en el deber de actuar ante la comisión de un ilícito- haya sido la generadora de la exposición al daño (v. fs. 278).
Sobre el punto, denuncia absurdo en la apreciación de la prueba producida en el expediente, toda vez que -afirma- entre constancias de la causa consta la declaración de la esposa del agente, quien manifestó desconocer si al momento del hecho el actor se identificó como policía (v. fs. 278).
Destaca el recurrente que el hecho no fue catalogado como acto de servicio y que no puede definirse como actuar policial por la sola circunstancia de tener el uniforme puesto al momento de ocurrido el accidente (v. fs. cit.).
Argumenta que el tribunal realizó una interpretación equivocada del art. 11 inc. "e" de la ley 13.982, desde que la intervención voluntaria en momentos en que el agente se encuentra fuera de servicio, para ser considerada acto de servicio, debe ser a los fines de evitar la comisión de un delito contra un tercero, y no cuando ocurre para resguardar -como ocurrió en el caso- la propia integridad física (v. fs. cit.).
Cuestiona, también, la omisa consideración de prueba documental agregada en la causa, específicamente las investigaciones realizadas por Provincia ART S.A., quién calificó el hecho de autos como un accidente in itinere , con lo cual no podría demandarse en base a los presupuestos del Código Civil (v. fs. 278 vta.).
II.3. Por último, y para el caso de que prospere la condena con fundamento en el derecho común, aduce que a la hora de determinar el porcentaje de incapacidad no pueden incluirse -tal como hubo de llevarlo a cabo el tribunal de grado en su pronunciamiento- los factores de ponderación previstos en el decreto 659/96 (modificado por el decreto 49/14), ya que estos corresponden, exclusivamente, al sistema de reparación tarifado de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 278 vta.).
III. El recurso no prospera.
III.1. En lo que respecta a la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, la decisión efectuada por el órgano judicial de grado debe confirmarse, toda vez que se ajusta a la doctrina legal de esta Corte emanada de la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021) -oportunidad en la que hube de emitir mi voto en primer término- que, en lo pertinente, habré de reproducir.
III.1.a. Liminarmente, resulta trascendente aclarar que, en la especie -como ocurrió en el citado antecedente- la temática en debate se circunscribe al cuestionamiento constitucional del citado dispositivo de la ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012), en su versión anterior a la ley 27.348 (B.O. de 24-II-2017), es decir, con antelación a la entrada en vigencia de la previsión normativa que establece el transito previo y obligatorio por las comisiones médicas.
Cabe recordar, a propósito de esta última, que la Provincia de Buenos Aires aceptó la invitación que contiene el art. 4 de la ley 27.348 -complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo- mediante la ley 14.997 (B.O. de 8-I-2018), adhiriendo plenamente a la normativa contemplada en el Título I de aquel ordenamiento. De ese modo, se tornaron operativas las disposiciones de carácter adjetivo allí previstas, entre ellas, aquella que establece "...que la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales creadas por el art. 51 de la ley 24.241 y sus modificatorias, constituirá la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención..." (art. 1).
La validez constitucional y aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348 fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020) y en las posteriores L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020), a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad.
III.1.b. Luego, corresponde recordar que la citada ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012) ha reinstalado la llamada opción excluyente entre la reparación tarifada de la ley especial o la integral del derecho común. Al respecto, por razones de brevedad, me remito al desarrollo que efectué sobre este tópico en la mentada causa L. 124.807.
III.1.c. Sentado lo anterior, he de precisar que en dicho precedente diferentes argumentos condujeron a justificar la declaración de invalidez constitucional del art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348), a los que me referiré brevemente -por razones de buen orden y en honor a la brevedad-, remitiéndome -en lo demás- a las declaraciones contenidas en la opinión que expuse en dicha oportunidad.
III.1.c.i. Tras reseñarse la evolución del sistema de la "opción" en materia de reparación de accidentes y enfermedades profesionales en la legislación argentina, se determinó la incongruencia entre la norma contenida en el mencionado precepto y el principio de progresividad, con raigambre constitucional en los planos provincial y nacional.
Se estableció que dicho postulado, consagrado en la Constitución nacional -por conducto de los incs. 22 y 23 del art. 75- en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (art. 2.1), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 26), en el Protocolo Adicional a esta última o Protocolo de San Salvador (art. 1) y en el art. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; y receptado por la Corte Suprema de Justicia como principio cardinal especialmente operativo en materia laboral (CSJN, 3-V-2007, "Madorrán, Marta C. c/ Administración Nacional de Aduanas", Fallos: 330:989; ídem, 26-II-2008, "Medina, Orlando R. y otro c/ Solar Servicios On Line Argentina S.A. y otro"; e. o.); define la improcedencia de la regresión normativa -regla derivada del aludido principio- en la medida en que se prohíbe al trabajador lo que antes no se vedaba, reduciendo claramente el nivel de intensidad de la tutela jurídica.
Luego, se concluyó que la ley 26.773 retrograda de modo manifiesto la protección del sujeto de preferente tutela constitucional a la que debe propender la legislación.
III.1.c.ii. Desde otroángulo, también se declaró en el citado caso L. 124.807 que la norma en cuestión viola la indemnidad del trabajador (arts. 19, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. local), pues la síntesis de lo declarado en la causa de referencia indica que le impide al operario accidentado o enfermo (o, en su caso, a sus derechohabientes) por causas vinculadas al trabajo y que percibió las prestaciones de la ley especial, el acceso a la reparación integral del daño, dejando subsistentes daños laborales sin reparación.
Tal situación, que se traduce en una indemnización que se avizora como carente de integralidad, afecta -asimismo- los postulados del art. 14 bis de la Constitución nacional, y los principios de progresividad, propiedad (art. 17, Const. nac.), igualdad y no discriminación (art. 16, Const. cit.). Estos dos últimos, máxime cuando el legislador dispuso ratificar el cúmulo cuando el daño provenga de terceros (el damnificado o sus derechohabientes podrían cobrar la tarifa y promover una acción por reparación integral); mientras que, si la responsabilidad es atribuible al empleador, la posibilidad se limita y nace la obligación de optar entre uno u otro sistema.
Se dijo que la solución propuesta va en línea con lo resuelto por la Corte federal en la causa "Rodríguez Pereyra" (CSJN 27-XI-2012; R.401.XLIII, en www.csjn.gov.ar), pronunciada con posterioridad a la sanción de la ley 26.773, en la que reconoció la inconstitucionalidad de los sistemas especiales que admiten limitaciones indemnizatorias frente al derecho a una reparación integral al comprobarse la existencia de un menoscabo sustancial a este último, pero afirmando también que la "reparación no se logra si los daños subsisten en alguna medida", lo que implica la total correspondencia entre los daños y el resarcimiento que se confiera.
En ese mismo orden de ideas, se recordó que este Superior Tribunal ha tenido oportunidad de expresar que el empleado o sus derechohabientes -según el caso- que, en el marco de un proceso con amplitud de debate y prueba como el diseñado por la ley 11.653, logre acreditar la insuficiencia de las prestaciones establecidas en la ley 24.557 para reparar integralmente el daño padecido, podrá obtener del patrono -cuya responsabilidad civil hubiere sido demostrada- la diferencia del valor según el quantum que el tribunal de trabajo reputare suficiente para resguardar lo
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