Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120057
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.057, "Masseta, Diego Osmar contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de Trabajo - Acción Especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Torres, Pettigiani, Borinsky, Violini.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 240/253 vta.).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 265/282).
Dictada a fs. 308 la providencia de autos (y a fs. 352 la de su reanudación), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen juzgó acreditado que, como consecuencia del infortunio que protagonizara el día 12 de agosto de 2012, mientras desempeñaba sus funciones como agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, Diego Osmar Masseta sufrió fractura del seno maxilar derecho y una herida cortante en el pómulo, por la que la Comisión Médica 13 de Bahía Blanca (con fecha 8-V-2013) dictaminó que padecía una incapacidad del 9% del índice de la total obrera, recibiendo por ello de Provincia ART S.A. -administradora del autoseguro- las sumas de $16.200, primero, y $41.044,32 luego (con fecha 29-V-2013 y 1-VII-2013, respectivamente; v. vered., fs. 241 y vta.).
Asimismo, entendió probado que el ingreso base a la fecha de la primera manifestación invalidante, conforme lo prescribe el art. 12 de la ley 24.557, era de $5.624, y que, teniendo en cuanta el total de las remuneraciones percibidas, incluidas las horas "CO.RE.s", ascendía a la suma de $7.652,59 (v. vered., fs. 242 vta.).
En la sentencia, en lo que resulta relevante para la resolución de la litis, el a quo declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, por no incluir dicha norma para el cálculo del valor mensual del ingreso base los rubros denominados no remunerativos (v. fs. 246 y 247 vta.). Empero, descartó las objeciones constitucionales efectuadas por la parte actora al citado artículo, en cuanto ordena calcular el ingreso base tomando como módulo los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante (en el caso: 12-XII-2012), desestimando su pretensión de computar a tal efecto la remuneración devengada al momento de abonarse la prestación (en la especie: 1-VII-2013; v. fs. 247 vta. y 248 vta.).
Expresó que la voluntad del legislador en oportunidad del dictado del citado art. 12 fue fijar un límite concreto y definido sobre la generación de la afección, en donde las partes perfectamente puedan delimitar y cuantificar derechos y obligaciones.
Consideró que pretender cuantificar un eventual resarcimiento con elementos objetivos posteriores a la toma de conocimiento de una invalidez, colocaba a la demandada en una situación de inseguridad jurídica e indefensión.
Agregó que para corregir los efectos nocivos y distorsivos producto del paso del tiempo existe la tasa de interés.
Asimismo, por mayoría, entendió que, si bien correspondía aplicar al caso la ley 26.773, el piso allí establecido era inferior al resultado de la fórmula (v. fs. 249 y vta.).
A partir de ello, hizo lugar a la demanda por el pago de las diferencias dinerarias vinculadas a la prestación por incapacidad laboral parcial permanente prevista en la ley 24.557, condenando a la Provincia de Buenos Aires -en calidad de empleador autoasegurado- a abonar a la actora el importe de $21.601,84, resultante de deducir la suma ya percibida (v. sent., fs. 249 vta.).
Finalmente, dispuso calcular los intereses moratorios, desde la fecha de exigibilidad del crédito (alta médica, 31-X-2012) y hasta su efectivo pago, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia", vigente en los distintos períodos de aplicación. A tales efectos y por razones de economía procesal, declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.399 que modificó el art. 48 de la ley 11.653 (v. sent., fs. 249 vta. y 250).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16, 17 y 19 de la Constitución nacional; 9 y 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 330, 354, 375 y concordantes del anterior Código Civil; 3 y 17 apartado 6 de la ley 26.773; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; así como de doctrina que cita (v. fs. 265/282).
Plantea los siguientes agravios:
II.1. En primer lugar, critica el modo en que el tribunal aplicó la ley 26.773. Al respecto, afirma que debió aplicar el índice RIPTE al resultado de la fórmula y no al piso de la prestación prevista en el art. 14 de la ley 24.557 (v. fs. 268 vta./272 vta.).
II.1.a. Entiende que la sanción del art. 17 apartado 6 trasunta la imperiosa e impostergable necesidad de ajustar los montos de las prestaciones dinerarias por incapacidad permanente de las contingencias laborales ocurridas con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773, especialmente las producidas durante la vigencia de la ley 24.557 en su texto originario, así como conforme el decreto 1.278/00, en tanto prevén indemnizaciones totalmente desactualizadas y depreciadas.
Alega que la forma en que el juzgador aplicó la ley frustra esa pretensión de la norma, que es la de mejorar las prestaciones de los trabajadores, en tanto efectúa una interpretación regresiva, insuficientemente reparadora e inconstitucional.
II.1.b. Asimismo, denuncia que el a quo omitió aplicar el incremento previsto en el art. 3 de la ley 26.773.
II.2. Por otro lado, objeta que el tribunal haya rechazado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en cuanto al período a considerar para calcular el ingreso base, y, por ese conducto, desestimara el pedido de tomar en cuenta la remuneración devengada al momento de ser abonada la prestación dineraria por incapacidad laboral parcial permanente (v. fs. 272 vta. /280).
Indica que el a quo se equivoca al sostener que, determinando el período para computar el ingreso base mensual en el año anterior a la fecha del accidente, la norma fija un límite concreto y definido sobre la generación de la afección, en tanto -sostiene- ésta se define recién luego del peritaje médico, donde se fija la incapacidad definitiva.
Alega que el empleador autoasegurado nunca se obliga frente a una eventual contingencia, sino a partir de que la incapacidad se declara definitiva y permanente.
Manifiesta que -a contrario de lo expuesto por el sentenciante- la modificación pretendida no genera inseguridad jurídica ni indefensión del obligado al pago de la prestación.
Entiende que al momento del siniestro no se podría delimitar o cuantificar los derechos y obligaciones de las partes, porque el asegurado no tiene derecho a reclamar la prestación del art. 14 hasta la declaración de la incapacidad definitiva.
Aduce que el monto indemnizatorio estipulado en la sentencia resulta insuficiente, perjudicando gravemente su patrimonio, por cuanto el art. 12 congela sus salarios al realizar un promedio del año anterior al accidente, sin considerar el proceso inflacionario del país.
Con cita de varios pronunciamientos de la Corte Suprema de Nación, plantea que para que el pago de la prestación tenga legitimidad cuantitativa debe ser íntegro y denuncia infringidos los principios constitucionales de igualdad ante la ley y alterum non laedere , así como el derecho de propiedad (arts. 16, 17 y 19, Const. nac.).
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, corresponde efectuar una primera consideración sobre la concurrencia de los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, y particularmente, en lo referido al valor del litigio.
En la especie, el valor de lo cuestionado (representado por la diferencia entre la liquidación que efectúa en la impugnación y aquel por el que prosperó la demanda) no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Ahora bien, en lo tocante al rechazo dispuesto por el tribunal de grado del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348), los argumentos desplegados por el recurrente a fs. 272 vta. y 273, evidencian que en el caso se encuentra en juego una cuestión federal, por lo que corresponde tratar este aspecto de la impugnación sin la restricción que impone la ley adjetiva laboral en razón del valor de lo cuestionado; conclusión que no ha de proyectarse sobre los demás agravios, que serán abordados en el excepcional marco de revisión que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 85.710, "Aguirre", sent. de 26-IX-2007 y L. 117.338, "Tognoni", sent. de 4-III-2015).
III.2. Aclarado lo anterior, y alterando el orden de tratamiento de los agravios presentados, cabe desestimar el planteo referido a la pretendida declaración de inconstitucionalidad del referido art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en cuanto se refiere a los períodos que se considerarán para determinar el ingreso básico mensual, en virtud de las siguientes consideraciones.
Utilizando una técnica recursiva equivocada, el recurrente pretende que se reemplace el mecanismo de fijación del ingreso base previsto en la ley (en cuanto toma en cuenta los salarios devengados en los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante) por el que considera más adecuado a sus intereses (computar la remuneración devengada al momento de ser abonada la prestación), limitándose a señalar que el precepto impugnado viola los arts. 14 bis, 16, 17 y 19 de la Constitución nacional, más soslaya fundamentar, con la profundidad que es exigible a un planteo dirigido a descalificar la validez constitucional de una norma legal, de qué manera habrían sido conculcadas en el caso dichas garantías constitucionales.
Al respecto, ha declarado este Tribunal que debe ser desestimado por insuficiente el planteo de inconstitucionalidad si la articulación ha sido vertida de manera genérica, incumpliendo el interesado con la carga impugnatoria que le es propia (causas B. 57.842, "Antonietti", sent. de 23-V-2001; L. 110.415, "Castro", sent. de 12-XII-2012 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014).
III.3. El embate orientado a rebatir el modo de aplicación del índice RIPTE establecido en la ley 26.773 tampoco resulta atendible.
En la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), esta Corte señaló que los conceptos sobre los que opera la aplicación del índice RIPTE previsto por la ley 26.773, a partir de una razonable lectura de los preceptos en juego, son los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones de los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2; las compensaciones adicionales de pago único previstas en el art. 11 apartado 4; y los "pisos" fijados para la reparación adicional del art. 3 establecida en la primera de las leyes citadas (arts. 8 y 17 apartado 6, ley 26.773; resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social 34/13 y 3/14 -y las que siguieron su línea-; y el decreto 472/14).
En este marco, no le asiste razón al impugnante, en tanto el a quo aplicó el mentado índice en línea con lo decidido por este Tribunal en el citado precedente.
III.4. Finalmente, tampoco es procedente aquella parte del recurso donde se denuncia que el a quo soslayó aplicar a las sumas por las que progresa la acción el incremento del art. 3 de la ley 26.773.
Este cuestionamiento se halla dirigido -en rigor- a evidenciar la hipotética omisión en el tratamiento de una cuestión esencial, en los términos del art. 168 de la Constitución provincial, y ello resulta materia ajena al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (art. 296, CPCC; causas L. 92.208, "Pérez", sent. de 26-XII-2007; L. 91.998, "H., J.", sent. de 25-II-2009; L. 110.253, "Diez", sent. de 11-VII-2012; L. 118.660, "Berdini", sent. de 29-VIII-2017 y L. 120.800, "Fleita", sent. de 13-XI-2019).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en el punto III.1. de su voto.
I.2. No acierta el interesado en cuanto objeta la decisión de grado por la que se rechazó el planteo de inconstitucionalidad formulado en torno al art. 12 de la ley 24.557 (conf. texto anterior a la sanción de la ley 27.348 [B.O. de 24-II-2017]), concretamente en cuanto establece para determinar el ingreso base mensual un módulo calculado sobre la base de las remuneraciones percibidas por el trabajador durante los doce meses anteriores a la primera manifestación invalidante.
En efecto, y sin que ello implique apartarme de la línea que hube de seguir en el precedente L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021), advierto que el pedimento formulado ante esta instancia -en cuanto persigue que se calcule el citado módulo con arreglo al salario percibido por el actor al momento de la sentencia (v. rec., fs. 277 vta.)-, difiere de la pretensión esgrimida en el escrito de inicio (v. dem., fs. 93 vta./94 y 95), introduciendo extemporáneamente un planteo que, además de alterar sustancialmente el alcance del esquema que conformó la demanda, tornándolo inatendible (causas L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016; L. 118.454, "E., N. G.", sent. de 21-VI-2018; e.o.), impide determinar con nitidez la concreta dimensión patrimonial del reclamo.
I.3. En lo demás, suscribo lo expuesto por el colega que abre el acuerdo en los puntos III.3. y III.4. de su voto.
II. Por lo expuesto, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Adhiero a los fundamentos expuestos por el doctor Soria en el apartado III.1. de su voto y a su propuesta de rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557(conf. texto anterior a la reforma de la ley 27.348).
II. La petición de que se ajuste la prestación sistémica conforme la ley 26.773 no puede prosperar.
Sin perjuicio de advertir el equívoco en que -por mayoría- incurrió el tribunal interviniente al fijar el ámbito de aplicación temporal de la norma precitada (v. fs. 249), dados los términos de la impugnación traída, su rechazo se impone a la luz de las directrices sentadas en la causa L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017), y su progenie L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y, en particular, el punto III.2.d (v), citado por la contraparte en su memorial (v. fs. 311).
III. Finalmente, en el marco del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, resulta inatendible la omisión denunciada por el impugnante respecto de la prestación del art. 3 de la ley 26.773 (art. 296, CPCC; causas L. 99.440, "Fabi", sent. de 7-VI-2010; L. 105.333, "Piñeiro", sent. de 7-XII-2011; e.o.).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
El señor Juez doctor Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó en el mismo sentido.
Los señores Jueces doctores Borinsky y Violini , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, por mayoría de fundamentos, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/08/2021 12:29:03 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/08/2021 12:34:30 - VIOLINI Víctor Horacio - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 12:34:51 - BORINSKY Ricardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 16:55:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 18:42:42 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2021 16:11:26 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2021 17:01:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2021 20:24:40 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia