Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 121471
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación a los agravios tratados en los puntos III.2. y III.3. en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En cambio, declararlo procedente respecto del planteo desarrollado en el punto III.4., atento a que ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos y revocar, en consecuencia, la sentencia impugnada en lo concerniente a la aplicación de la ley 26.773 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo aquí resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata en su nueva integración, conforme lo ordenado por esta Corte (v. fs. 497/500), declaró la inconstitucionalidad del art. 18 apartado 3 del decreto 334/96 y, en consecuencia, condenó a Federación Patronal Seguros S.A. a otorgarle a Patricia Alejandra Villabriga la prestación dineraria por incapacidad parcial, permanente y definitiva en los términos del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 de acuerdo a los parámetros fijados en la sentencia definitiva de fs. 432/448 vta. (v. pronunciamiento electrónico de fecha 24-XII-2020).
Para así decidir, de conformidad con las circunstancias que se habían tenido por acreditadas en el veredicto oportunamente dictado, tuvo por probado que la actora sufrió un accidente de trabajo (denunciado el día 18-XI-2007), que le provocó una incapacidad parcial y permanente del 20% del índice de la total obrera (v. vered. de fs. 433/436).
II. Frente a lo así resuelto, se alza Federación Patronal Seguros S.A. con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 17-II-2021), concedido por el a quo mediante resolución electrónica de fecha 4 de marzo de 2021.
En primer lugar, objeta la decisión de grado en cuanto se la condenó a responder por las prestaciones del sistema de la Ley de Riesgos del Trabajo, siendo que el contrato de afiliación suscripto con el empleador de la trabajadora estaba anulado por falta de pago. En este sentido, controvierte la no aplicación al caso del decreto 334/96 y de la ley 24.557.
Luego, denuncia que el pronunciamiento de grado vulnera la doctrina legal de este Tribunal emergente del precedente L. 118.695 "Staroni" (sent. de 24-V-2016), pues el infortunio que originó la incapacidad de la accionante acaeció con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley 26.773.
Seguidamente, cuestiona que no utilizara el baremo de la Ley de Riesgos del Trabajo, conforme decreto 659/96, en cuanto al porcentaje de incapacidad otorgado.
Finalmente, se agravia de las costas fijadas por el tribunal de grado. Por un lado, en cuanto le impone a su parte el pago de los honorarios de la representación letrada de los demás codemandados. Por el otro, en tanto la liquidación practicada vulnera la doctrina legal que surge de la causa L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2002).
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Liminarmente, se impone observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el monto de condena más la diferencia entre el importe proveniente entre lo presupuestado en la sentencia en materia de costas y la suma que resultaría según la propuesta de la recurrente-, no supera el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente al momento de la interposición del presente recurso, razón por la cual la admisibilidad del remedio en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020). No obsta a lo expuesto la declaración de inconstitucionalidad del art. 18 apartado 3 del decreto 334/96 pronunciada por el tribunal de grado, toda vez que en el remedio extraordinario deducido no se verifica agravio particular sobre el punto, dirigiéndose la crítica -únicamente- a cuestionar la ausencia de vigencia del contrato de afiliación oportunamente tomado por el empleador de la trabajadora.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida respecto del primero de los agravios traídos, desde que, la doctrina que emerge de la única causa citada por la interesada (v. pág. 8 del recurso) ha sido elaborada sobre la base de disímiles presupuestos fácticos a los que se verifican en el presente y, por lo tanto, su invocación es ineficaz para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el conducto excepcional antes citado (causas L. 121.608, "Suárez", resol. de 10-IV-2019 y L. 123.329, "Marchisio", resol. de 19-II-2020).
III.3. Por otro lado, e invirtiendo el orden de los agravios ensayados, tampoco resultan admisibles los reproches dirigidos a objetar la no utilización del baremo de ley, así como la crítica vinculada a la imposición de costas a su parte respecto de la representación letrada de los demás codemandados. Ello, en razón de que no se ha denunciado, con relación a estos tópicos, violación de doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de la presente vía de impugnación (causas L. 116.169, "Da Rosa Pacheco", resol. de 21-VI-2012; L. 121.181, "Castillo", resol. de 21-II-2018; L. 122.019, "Soria", resol. de 10-IV-2019; L. 124.359, "Sánchez", resol. de 29-VI-2020 y L. 125.162, "Navarro", resol. de 12-II-2021).
Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de los fallos de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020).
III.4. Distinta suerte corre el segundo de los agravios traídos. Ello así, toda vez que la definición plasmada por el órgano judicial de grado, en lo relativo a la aplicación de la ley 26.773 en forma retroactiva, es contraria a la doctrina que actualmente este Tribunal sostiene.
En efecto, esta Suprema Corte -por mayoría- en la citada causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) estableció que, en lo que respecta al ámbito temporal de aplicación, la ley 26.773 ha reiterado -como principio- el criterio adoptado por las normas jurídicas que anteriormente habían establecido modificaciones sobre el sistema de prestaciones previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (decreto 1.278/00, B.O. de 3-I-2001 y decreto 1.694/09, B.O. de 6-XI-2009), por lo que las mejoras introducidas en la nueva legislación sólo operan para el futuro, resultando aplicables a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a su fecha de entrada en vigencia (y no así a las que hubieran acaecido con anterioridad a ese hito); ello, salvo que la normativa consagre alguna excepción puntual a ese principio. Tal criterio fue reiterado con posterioridad en otros precedentes (causas L. 117.871, "Spinali", sent. de 28-IX-2016; L. 119.715, "Plenazzio", sent. de 13-X-2016; L. 118.459, "Caviglia", sent. de 14-XII-2016; L. 118.202, "B. T., E. y o.", sent. de 8-II-2017 y L. 124.825, "Vilche", resol. de 23-X-2020).
Asimismo, cabe señalar que el criterio expuesto ha sido adoptado por la Corte federal en la causa "Espósito, Dardo Luis c. Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. s. Accidente-ley especial", sentencia de 7 de junio de 2016.
En consecuencia, teniendo en consideración que, a la fecha de ocurrencia del accidente de la trabajadora, esto es, el 18 de noviembre de 2007, se encontraba vigente la ley 24.557, corresponde revocar el fallo de grado en cuanto dispuso la aplicación del índice RIPTE contemplado en la ley 26.773, cuya inaplicabilidad se declara.
III.5. Finalmente, y en virtud de la solución brindada previamente, no corresponde pronunciarse sobre el último de los agravios traídos, dirigido a objetar que la condena en costas supera el límite establecido normativamente (arts. 277, LCT; 505, Cód. Civ. y 730 Cód. Civ. y Com. -t.o. ley 24.432-).
Ello, toda vez que lo resuelto en el apartado III.4. ha de gravitar modificando sus cuantías, tanto en orden al monto de condena de la recurrente como al de los honorarios de los profesionales, cuya regulación encuentra su base en aquél.
Tales circunstancias, a su vez, condicionan el escenario en el que habría de operar la limitación respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas prevista en el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo que -vale destacar- ha sido declarada aplicable en el ámbito provincial por este Tribunal -por mayoría- en distintos pronunciamientos (causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002 y L. 77.859, "Acosta", sent. de 27-VII-2005; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación a los agravios tratados en los puntos III.2. y III.3. en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En cambio, declararlo procedente respecto del planteo desarrollado en el punto III.4., atento a que ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos y revocar, en consecuencia, la sentencia impugnada en lo concerniente a la aplicación de la ley 26.773 (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.).
Los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que practique una nueva liquidación con arreglo a lo aquí resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/08/2021 19:01:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/08/2021 21:12:08 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/08/2021 13:00:14 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/08/2021 19:21:38 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 08:21:24 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia