Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127086
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de San Nicolás decretó la caducidad de la instancia en la acción entablada por Eduardo Daniel Gerardo Larrosa contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., mediante la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas de un accidente de trabajo (v. pronunciamiento de fecha 26-X-2020).
Para así decidir, y con fundamento en los arts. 12 de la ley 11.653 y 315 del Código Procesal Civil y Comercial, entendió que la parte actora dejó transcurrir el plazo establecido en la normativa procesal sin instar el procedimiento, pese a que fue intimada previamente para que realice actividad procesal útil.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de (v. presentación electrónica de 11-XI-2020), concedido por el a quo mediante resolución electrónica de fecha 5 de febrero de 2021.
En su presentación, objeta las restricciones a la admisibilidad del remedio traído vinculadas al valor del litigio, denuncia la existencia de cuestión federal.
Asimismo, controvierte por arbitraria la sentencia, al tiempo que cita las normas y la doctrina que considera violadas. En sustancia, se agravia de la declaración de caducidad de instancia.
III. El recurso no puede prosperar.
Ello, sin perjuicio de dejar debidamente aclarado que esta Suprema Corte ha señalado en reiteradas ocasiones que las limitaciones establecidas por los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en cuanto al valor del litigio para la concesión del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no vulneran derechos o garantías constitucionales, desde que el art. 161 apartado 3 inc. "a" de la Constitución de la Provincia establece que el conocimiento y resolución del indicado remedio procesal compete a este Tribunal con las restricciones que las leyes de procedimiento establezcan (causas L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
Cabe agregar a ello -como también lo ha dispuesto esta Corte- que el juego armónico de lo dispuesto por los citados artículos 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, en modo alguno veda la deducción del medio de impugnación previsto, sino que lo condiciona a un requisito formal, propio de la reglamentación legislativa y sin mengua de la defensa en juicio ni de la igualdad de las partes en litigio (causas L. 123.904, "González", resol. de 18-XII-2019 y L. 125.004, "Fernandez", resol. de 13-X-2020).
III.2. Ahora bien, resultando indudable la insuficiencia del valor del litigio y rechazado el cuestionamiento constitucional de las normas que regulan los requisitos de admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se produce cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.079, "Aranda" y L. 125.380, "Martínez", resols. de 21-XII-2020).
III.3. En ese contexto, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, toda vez que las doctrinas contenidas en el escrito recursivo -además de haber sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disímiles- remiten a cuestiones estrictamente procesales -como lo es la referida al instituto de la caducidad de la instancia- y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 118.996, "Cabaña", resol. de 28-X-2015; L. 121.582, "Cano", sent. de 5-IV-2018 y L. 123.925, "Muñoz", resol. de 27-V-2020).
Finalmente, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 124.304, "Giménez", resol. de 17-VI-2020 y L. 125.173, "Baez", resol. de 21-XII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/08/2021 20:30:32 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/08/2021 10:10:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2021 11:51:24 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 09:12:36 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 09:47:23 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia