Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127194
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Morón decretó la caducidad de la instancia en la demanda promovida por Mariano Benítez contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (v. pronunciamiento de fecha 5-II-2021).
Para así decidir, tuvo en cuenta el notorio desinterés evidenciado por el actor en proseguir con la causa, aun cuando fuera intimado a producir actividad procesal útil.
II. Frente a lo así resuelto se alza el legitimado activo con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 1-III-2021), que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 9-III-2021).
En su impugnación, relata los antecedentes de la causa. Denuncia la arbitrariedad de la decisión objetada y la violación del derecho de defensa en juicio en el contexto social definido por la emergencia sanitaria sustentada en la pandemia de COVID-19. Entiende que, en el marco de la pandemia declarada, el juzgador no aplicó correctamente la Resolución 386/20, y sus prórrogas. Asimismo, cita doctrina que considera vulnerada y alega cuestión federal.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, corresponde observar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el monto reclamado en la demanda- no supera el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, por lo que la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 122.678, "López", resol. de 14-VIII-2019 y L. 123.839, "Alonso", resol. de 21-VIII-2020), sin que el impugnante haya expuesto razones suficientes que ilustren -en el caso- la presencia de un agravio federal que autorice el conocimiento del recurso sin las restricciones derivadas de la insuficiencia del monto para recurrir sobre la base de la conocida doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re "Strada" (Fallos: 308:490) y "Di Mascio" (Fallos: 311:2478; causas L. 123.653, "Muñoz", resol. de 20-XI-2019; L. 122.568, "López", resol. de 26-II-2020 y L. 125.483, "Lofaro", resol. de 4-II-2021).
III.2. En este contexto, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 118.251, "Ponce" y L. 118.272, "García", resols. de 20-XI-2014; L. 121.244, "Ring", resol. de 28-II-2018 y L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021).
Ello así, toda vez que los precedentes de este Tribunal contenidos en el escrito recursivo -además de haber sido elaborados sobre la base de presupuestos fácticos disimiles- remiten a cuestiones estrictamente procesales -como lo es la referida al instituto de la caducidad de instancia- y, como tales, detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 122.325, "Canali", resol. de 19-XII-2018; L. 122.878, "Galeano", resol. de 21-VIII-2019 y L. 123.923, "Diamante", resol. de 16-VI-2020).
Para más, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 123659, "Ovejero", resol. de 25-IX-2019 y L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021) o la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 121.345, "Olivares", resol. de 8-VIII-2018 y L. 124.853, "Abalos", resol. de 23-IX-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 20/08/2021 20:30:34 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/08/2021 10:10:33 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 28/08/2021 11:51:30 - PETTIGIANI Eduardo Julio - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 09:12:39 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/08/2021 09:47:29 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia