Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124704
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.704, "Arellana, Alicia Alejandra contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 460/471).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 13-IX-2019).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. La Presidenta del tribunal de trabajo interviniente, en etapa de ejecución de sentencia, hizo lugar al reclamo de la representante legal del Departamento de Cobro de Honorarios de Peritos Oficiales y Tasa de Justicia (dependiente de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia), e intimó al Fisco de la Provincia de Buenos Aires a depositar en la cuenta bancaria destinada a aquellos fines, la suma correspondiente a los honorarios de la contadora Viviana Haydee Rugiero y de la psicóloga Patricia Leyes, por su trabajo profesional efectuado en la causa, como peritos oficiales de la Dirección General de Asesoría Pericial del Poder Judicial provincial (v. proveído electrónico de fecha 13-VI-2019).
La Fiscalía de Estado formuló oposición a lo resuelto (v. escrito electrónico de fecha 16-VIII-2019), que fue desestimada por el tribunal en pleno (v. fs. 476/478 vta.).
Sostuvo que el art. 4 del Acuerdo 1.870/79 de esta Suprema Corte (texto según Ac. 2938) regula que toda actuación judicial de los peritos oficiales devengará honorarios, con excepción de las realizadas en causas penales, inscripciones de nacimientos y las requeridas por los miembros del Ministerio Público en las causas que tramitan con su intervención. A su vez, señaló que el art. 8 de la citada acordada, dispone que los magistrados practicarán la regulación de los honorarios de los peritos oficiales, por su actuación en causas de los fueros civil y comercial, de familia y laboral, aplicando el mismo criterio y pautas utilizadas para la fijación de los honorarios de los peritos de lista y de parte.
Afirmó que, si bien los peritos de la Asesoría Pericial son funcionarios que perciben un sueldo del Estado provincial, el sistema de honorarios que crea el Acuerdo 1.870/79 tienen un destino especial y determinado para los fondos que derivado de ello se obtengan. Que, entonces, las tareas de los peritos oficiales generan ingresos genuinos a las arcas del Poder Judicial, con destinos específicos, por lo que no puede producirse confusión entre los patrimonios del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, ni de cualquier otro órgano del Poder Ejecutivo provincial y el Poder Judicial.
En tal sentido, indicó que, los honorarios judiciales regulados a peritos oficiales de la Asesoría Pericial son una cuestión ajena a lo establecido en el decreto 2.125/62, el que -adujo- legisla sobre la situación de los agentes que se desempeñan en la Administración Pública y de aquellos casos en que deben actuar en representación del Fisco, como apoderados, patrocinantes, peritos, administradores, interventores o cualquier tipo de actuación judicial o extrajudicial, por la que puedan establecerse o regularse honorarios a su favor.
Afirmó que la ley 5.827 (y modif.) prevé el funcionamiento de la Oficina Pericial de los Tribunales de Justicia, estableciendo las funciones de sus integrantes, sus prohibiciones, devengamiento de honorarios en las causas y fueros judiciales, no encontrándose como excepción la situación en que el Estado provincial debe abonar honorarios, sea como condenado en costas o como producto de lo dispuesto en el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial local.
Por otro lado, desestimó los argumentos vertidos por la representante del Fisco en relación a que la intervención de la Asesoría Pericial tenía como finalidad evitar el pago de honorarios periciales. Pues, para que ello fuera posible -señaló- se requeriría de una norma legal expresa que habilite a la eximición, tal como sucede con el pago de la Tasa de Justicia (v.gr. arts. 343, ley 10.397; 1, ley 14.223 y 25, ley 11.653; etc.), o cuanto menos un convenio marco entre la Suprema Corte y el Poder Ejecutivo provincial en el que se dispense a los magistrados de regular emolumentos por las tareas desarrolladas por los peritos oficiales o bien se exima al Fisco de su pago.
Consideró que el precedente B. 60.505, "Barbalarga" de esta Suprema Corte, citado por la demandada en su presentación, no resulta aplicable en tanto las situaciones fácticas y jurídicas de aquel caso son distintas a las de la presente.
Concluyó que correspondía rechazar la oposición articulada por la parte demandada y que la Provincia de Buenos Aires debía cancelar los honorarios por la actuación de los peritos de la Asesoría Pericial.
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación y errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 10, 11, 15, 57, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1.627 y concordantes del Código Civil; 34 inc. 4, 163 inc. 5, 375, 376, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 26, 29, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 1 del decreto ley 2.125/62; del Acuerdo 1.870/79; del decreto ley 8.904; de la ley 5.827 y la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 13-IX-2019).
Alega quebrantada la doctrina legal que emana del precedente B. 60.505, "Barbalarga, Elvira Anunciada contra Provincia de Buenos Aires (IPS)" (resol. de 21-VIII-2013), en el que se resolvió que "...conforme la condena en costas establecida en el presente (v. fs. 110/124), por imperio de lo normado por el art. 476 del C.P.C. y C., sumado al desinterés manifestado a fs. 42 por la parte demandada y en virtud de lo establecido en el art. 1 del decreto 2125/62, que dispone que cualquier funcionario o empleado de la administración cualquiera sea su vinculación con el Estado- no tendrá derecho a percibir honorarios en aquellos casos en donde deba actuar como perito y su satisfacción recaiga en el Provincia, corresponde al solicitante de la pericia, sufragar los gastos que generó la actuación del experto..." (pág. 9 del escrito recursivo).
Manifiesta que no resulta pertinente que la Provincia de Buenos Aires abone los honorarios regulados a los peritos oficiales, dado que se trata de funcionarios del propio Estado provincial y que, en tal carácter, perciben un sueldo por parte de este, por lo que, conforme lo dispuesto por el art. 1 del decreto ley 2.125/62, se encuentran -afirma- imposibilitados de cobrarle sus estipendios al Fisco.
Aduce que el Acuerdo de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires 1.870/79 reglamenta lo atinente a los recursos y ejecución de costas devengadas en favor de los peritos de la Asesoría Pericial, pero nada dice cuando el obligado al pago es el mismo Estado, a quien en definitiva, pertenecen los peritos de dicho organismo, y a cuyo patrimonio (el del Estado) van destinados los emolumentos, esto último por cuanto se entiende no caben las distinciones entre los distintos poderes estatales, cuando en la realidad, este aún bajo el ropaje de descentralizaciones y autarquías, es siempre el mismo (v. págs. 10 y 11 del escrito recursivo).
Sostiene que se estaría frente a una situación de confusión -que es causal de extinción de la obligación de pago (conf. art. 724, Cód. Civ.)-, al reunirse en una única e idéntica persona la calidad de deudor y de acreedor.
Por otro lado, alega que su parte peticionó la intervención de la Asesoría Pericial con la expresa finalidad de evitar erogaciones a cargo de la Provincia de Buenos Aires, mediante la designación de peritos de lista, y el consecuente pago de honorarios. Argumenta que de ese objetivo tuvieron pleno conocimiento los peritos oficiales al momento de aceptar el cargo, por lo que en ese momento la Asesoría Pericial debió oponerse y hacer saber que reclamaría en su oportunidad los estipendios por la labor de sus funcionarios. Ello hubiese permitido a su parte evaluar la postura esgrimida y la designación requerida. De este modo, explica que el acto de aceptación es una conducta jurídicamente relevante a la cual no pueden oponerse al culminar el pleito, reclamando honorarios en forma contradictoria con dicho acto de aceptación (v. pág. 14 del escrito recursivo).
III. El recurso es inadmisible.
III.1. Esta Corte reiteradamente expresó que las vías extraordinarias sólo proceden contra las sentencias definitivas, es decir, aquellas que ponen fin a la litis, pero no contra las resoluciones que puedan plantearse durante su ejecución las que, en principio, deben quedar concluidas en la instancia ordinaria (causas L. 118.031, "Loupias", resol. de 27-VIII-2014; L. 118.521, "García", resol. de 19-II-2015 y L. 121.076, "Matitti", resol. de 29-VIII-2017). Sin embargo -en el caso, la decisión del tribunal de grado que desestimó la oposición de la Fiscalía de Estado-, resolviendo el reproche desarrollado sobre la obligación de pago de los honorarios regulados a los peritos oficiales -aspecto que se cuestiona en la impugnación-, reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas Ac. 89.189, "Espósito", resol. de 3-XII-2003; Ac. 104.791, "Vizzocco", resol. de 30-IX-2009 y L. 122.307, "Presta", resol. de 26-VI-2019; e. o.).
III.2. Habiendo sido concedido el remedio extraordinario en tratamiento en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 479/480, resol. de 18-IX-2019), la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 89.526, "Sotelo", sent. de 23-IV-2008; L. 95.658, "Duarte", sent. de 20-V-2009; L. 88.054, "Antoni", sent. de 7-IV-2010 y L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; e. o.).
III.3. Con esa limitación, y con matices diferentes a mi intervención en las causas L. 124.732, "Soto" y L. 124.842, "Vaschetto" (sents. de 12-II-2021), considero que la doctrina legal cuya transgresión se denuncia, no resulta idónea para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria por el excepcional conducto que prevé la ley ritual del fuero, en tanto fue elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 102.096, "Biondo", sent. de 22-XII-2010; L. 119.113, "Ramos", sent. de 18-X-2018 y L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020; e. o.).
III.3.a. El núcleo de la resuelto en el precedente B. 60.505, "Barbalarga" (resol. de 21-VIII-2013) -de naturaleza contencioso administrativa- fue la revisión de una resolución dictada el 24 de agosto de 2011 por este superior Tribunal que desestimó la ejecución contra el Fisco de los honorarios del perito contador oficial por su intervención en dichas actuaciones, estableciéndose -asimismo- que ellos deberían ser soportados por la demandante oferente de la prueba. Se fundamentó la decisión en el desinterés expresado por la accionada al contestar la demanda respecto a la producción de la pericial contable ofrecida por la contraria (art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial) y, también, se tuvo en cuenta que la condena en costas establecida en la sentencia de fecha 27 de octubre de 2004 se estableció en el orden causado.
Dicho precedente difiere sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, donde en el ámbito de un proceso laboral, el propio Fisco demandado si bien se opuso a la designación del perito contador, peticionó a todo evento que "Respecto de la prueba ofrecida, toda vez que se encomiende alguna tarea a un auxiliar, deberá solicitarse que sea solventada por profesionales de la Asesoría Pericial de Tribunales" (fs. 105) y, luego, el tribunal de grado en su sentencia impuso las costas a la accionada en su calidad de vencida (v. sent., fs. 471).
En tales condiciones, y con independencia de la interpretación que pudiera efectuarse sobre la normativa en juego, el cuestionamiento traído no puede ser atendido, dada -como anticipé- la ausencia de similitud de las bases fácticas del precedente cuya transgresión se invoca.
III.3.b. Finalmente, resta señalar que los fallos de otros tribunales de justicia no constituyen doctrina legal en los términos señalados (causas L. 91.908, "Acuña", sent. de 18-III-2009; L. 117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014 y L. 121.975, "Mansilla", resol. de 5-VI-2019; e. o.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a la propuesta de mi colega doctor Torres desde que, aun con ciertos matices propios, el caso bajo análisis presenta similares connotaciones a las verificadas en la causa L. 124.722, "Amatto" (sent. de 22-XII-2020), a la que remito.
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Se desprende de las actuaciones que en la sentencia dictada el día 19 de octubre de 2018 el tribunal de grado hizo lugar a la demanda instaurada e impuso las costas a la Provincia de Buenos Aires en su condición de vencida. En igual fecha, reguló los estipendios de los profesionales intervinientes, incluidos los peritos de la Asesoría Pericial.
Ambas resoluciones fueron notificadas a la Fiscalía de Estado provincial mediante cédula de fecha 26 de octubre del mismo año. Frente a esa comunicación, la accionada realizó una presentación en la que además de impugnar la liquidación de los montos que integran la condena cuestionó lo resuelto en materia de honorarios, esto último pues -a su juicio- la sumatoria de los estipendios de los honorarios de los letrados de la parte actora y los de peritos intervinientes -todo, con sus correspondientes aportes- excedía el tope del 25% establecido -entre otras normas- en el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo.
I.2. En atención a lo señalado, y remitiéndome en lo demás a los antecedentes relatados por el colega ponente, considero que la crítica traída contra la resolución dictada luego por el a quo , en cuanto refiere a la obligación -o no- de abonar los honorarios de los expertos oficiales, debió ser articulada en aquella primera oportunidad, revelándose aquí tardía y por ello inatendible. Es que el supuesto agravio motivo de la impugnación en estudio no se comenzó a gestar cuando la demandada en la etapa de ejecución fue intimada a depositar los estipendios de los peritos oficiales, aquel ya existía desde el momento en que se anotició de su condición de condenada en costas definida en la sentencia de mérito y que dentro de ellas estaban incluidos los honorarios de los peritos oficiales, como se indicó en la regulación.
I.3. Si bien lo dicho en el párrafo precedente basta para desestimar el medio de impugnación, en una mejor hipótesis para el recurrente puede observarse igualmente la ausencia de identidad de presupuestos entre el precedente cuya violación se denuncia y la presente causa (art. 55 primer párrafo in fine, ley 11.653).
II. Por lo dicho, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Comparto la solución brindada por el distinguido colega doctor Soria en su propuesta, de conformidad con los fundamentos que expuse en la causa L. 122.306, "Merlo" (sent. de 27-V-2021), a los que remito por brevedad.
Así lo voto .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/09/2021 13:14:52 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/09/2021 14:25:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/09/2021 20:44:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2021 09:31:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/09/2021 07:39:41 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia