Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124823
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.823, "Marianetti, José Enrique contra Ministerio de Justicia. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción deducida e impuso las costas -con el beneficio de gratuidad- a la parte actora (v. fs. 733/739).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 27-IX-2019; v. copia, fs. 762/769 vta.).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La señora presidenta del tribunal de trabajo interviniente hizo lugar al reclamo articulado por el representante legal del Departamento de Cobro de Honorarios de Peritos Oficiales y Tasa de Justicia (dependiente de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia), e intimó al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a depositar en la cuenta bancaria destinada a aquellos fines, la suma correspondiente a los honorarios del contador Roberto Oscar Gentil, de los médicos Marcelo Alejandro Moreno y Javier Adrián Barden y de la psicóloga Mónica Silvia Reta, por su trabajo profesional efectuado en la causa, en su carácter de peritos oficiales dependientes de la Dirección General de Asesoría Pericial del Poder Judicial provincial (v. proveído electrónico de fecha 12-VII-2019).
Frente a ello, la Fiscalía de Estado formuló oposición (v. escrito electrónico de fecha 16-VIII-2019), la que posteriormente fue desestimada por el tribunal en pleno (v. fs. 760/761 vta.).
Para resolver de ese modo, sostuvo que los estipendios judiciales regulados a peritos oficiales de la Asesoría Pericial dependiente del Poder Judicial de la Provincia resultan ajenos a lo establecido en el decreto 2.125/62, el que -adujo- legisla sobre la situación de los agentes que se desempeñan en la Administración Pública y de los casos en que estos lo hacen en representación del Fisco, como apoderados, patrocinantes, peritos, administradores, interventores o cualquier tipo de actuación judicial o extrajudicial, por la que pueda establecerse o regularse honorarios a su favor.
Afirmó que la ley 5.827 (y modif.) regula el funcionamiento de la Oficina Pericial de los Tribunales de Justicia, estableciendo las funciones de sus integrantes, sus prohibiciones y el devengamiento de honorarios en las causas y fueros judiciales, no encontrándose como excepción la situación en que el Estado provincial debe abonar honorarios, sea como condenado en costas o como producto de lo dispuesto en el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial local.
Consideró que el Fisco provincial y los peritos oficiales -que prestan servicios en el ámbito del Poder Judicial- pertenecen a distintos poderes del Estado, con autonomía financiera y funcional (conf. arts. 5 y 6, Acuerdo 1.870/79 y modifs.), resultando inaplicable respecto de dichos agentes la prohibición del art. 1 del decreto ley 2.125/62, invocada por la parte demandada.
Por todo ello, concluyó que la Provincia de Buenos Aires debe cancelar los honorarios por la actuación de los peritos de la Asesoría Pericial.
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación y errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 10, 11, 15, 57, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1.627 y concordantes del Código Civil velezano; 1 y 3 del decreto ley 2.125/62; 34 inc. 4, 163 inc. 5, 375, 376, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 26, 29, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 1 y 3 del decreto ley 2.125/62; 5 y 6 del Acuerdo 1.870/79; el decreto ley 8.904; la ley 5.827; ley 13.767 y la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 27-IX-2019; v. copia, fs. 762/769 vta.).
En sustancia, denuncia la transgresión de la doctrina legal que emana del precedente B. 60.505, "Barbalarga, Elvira Anunciada contra Provincia de Buenos Aires (IPS)" (resol. de 21-VIII-2013), en el que se resolvió que "...conforme la condena en costas establecida en el presente (v. fs. 110/124), por imperio de lo normado por el art. 476 del C.P.C. y C., sumado al desinterés manifestado a fs. 42 por la parte demandada y en virtud de lo establecido en el art. 1 del decreto 2125/62, que dispone que cualquier funcionario o empleado de la administración -cualquiera sea su vinculación con el Estado- no tendrá derecho a percibir honorarios en aquellos casos en donde deba actuar como perito y su satisfacción recaiga en el Provincia, corresponde al solicitante de la pericia, sufragar los gastos que generó la actuación del experto..." (págs. 5 y 6 del escrito recursivo).
En tal sentido, manifiesta que no resulta pertinente que la Provincia de Buenos Aires abone los honorarios regulados a los peritos oficiales, dado que se trata de funcionarios del propio Estado provincial y, que, en tal carácter, perciben un sueldo por parte de éste, por lo que, conforme lo dispuesto por el art. 1 del decreto ley 2.125/62, se encuentran -afirma- imposibilitados de cobrarle sus estipendios al Fisco.
Aduce que el Acuerdo SCBA 1.870/79 reglamenta lo atinente a los recursos y ejecución de costas devengadas en favor de los peritos de la Asesoría Pericial, pero nada dice cuando el obligado al pago es el mismo Fisco, a quien en definitiva, pertenece el perito de dicho organismo, y a cuyo patrimonio (el del Estado) va destinado el emolumento, esto último por cuanto se entiende no caben las distinciones entre los distintos poderes estatales, cuando en la realidad, éste aún bajo el ropaje de descentralizaciones y autarquías, es siempre el mismo (v. págs. 6 y 7 del escrito recursivo). Sostiene que se estaría frente a una situación de confusión -que es causal de extinción de la obligación de pago (conf. art. 724, Cód. Civ.)-, al reunirse en una única e idéntica persona la calidad de deudor y de acreedor.
Por otro lado, alega que su parte peticionó la intervención de la Asesoría Pericial con la expresa finalidad de evitar erogaciones a cargo de la Provincia de Buenos Aires, mediante la designación de peritos de lista, y el consecuente pago de honorarios. Sostiene que de ese objetivo tuvo pleno conocimiento el profesional al momento de aceptar el cargo, por lo que en ese momento la Asesoría Pericial debió oponerse y hacer saber que reclamaría en su oportunidad los estipendios por la labor de sus funcionarios. Ello hubiese permitido a su parte evaluar la postura esgrimida y la designación requerida. De este modo, explica que el acto de aceptación es una conducta jurídicamente relevante a la cual no pueden oponerse al culminar el pleito, reclamando honorarios en forma contradictoria con dicho acto de aceptación (v. págs. 10 y 11 del escrito recursivo).
Denuncia, asimismo, el quebrantamiento de la Ley de Administración Financiera n° 13.767, cuestión a la que atribuye el carácter de "constitucional".
En ese orden, argumenta que remunerar doblemente el trabajo de un agente estatal importa disponer de gastos arrogándose una función que pertenece al poder ejecutivo, y usurpa la iniciativa presupuestaria en materia de nuevos gastos. De ese modo -prosigue-, no solo viola el principio de división de poderes propio del sistema republicano de gobierno (arts. 1, Const. nac. y 1, Const. prov.), sino también aquel -también de raigambre constitucional- que establece que no hay gasto válido sin ley de presupuesto (art. 103 inc. 2, Const. prov.).
III. El recurso es inadmisible.
III.1. En primer lugar, corresponde poner de resalto que esta Corte reiteradamente expresó que las vías extraordinarias sólo proceden contra las sentencias definitivas, es decir, aquellas que ponen fin a la litis que motivó el pleito, pero no contra las resoluciones que puedan plantearse durante su ejecución las que, en principio, deben quedar concluidas en la instancia ordinaria (causas L. 118.031, "Loupias", resol. de 27-VIII-2014; L. 118.521, "García", resol. de 19-II-2015 y L. 121.076, "Matitti", resol. de 29-VIII-2017). Sin embargo, en el caso, la decisión del tribunal de grado, en cuanto desestimó la oposición formulada por la Fiscalía de Estado resolviendo el tópico desarrollado en torno a la obligación de pago de los honorarios regulados a los peritos oficiales -aspecto que se cuestiona en la impugnación-, reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas Ac. 89.189, "Espósito", resol. de 3-XII-2003; Ac. 104.791, "Vizzocco", resol. de 30-IX-2009; L. 122.307, "Presta", resol. de 26-VI-2019; e.o.).
III.2. Sentado ello, se observa que el valor del litigio -representado por los estipendios estimados a los peritos oficiales en razón de la actividad profesional desarrollada en el presente- no alcanza a satisfacer el monto mínimo previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; L. 88.054, "Antoni", sent. de 7-IV-2010; L. 95.658, "Duarte", sent. de 20-V-2009; L. 89.526, "Sotelo", sent. de 23-IV-2008; e.o.).
Cabe agregar a lo dicho, a propósito de lo argumentado por el interesado en las páginas 2 y 3 del escrito recursivo, que no se encuentra en debate una cuestión que deba calificarse como de gravedad y trascendencia institucional susceptible de justificar la apertura de la instancia extraordinaria con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales, toda vez que no se evidencia que la solución dada al conflicto exceda el interés de las partes para afectar de modo directo al de la comunidad.
III.3. Bajo esa directriz, y del mismo modo que hube de expresarlo al emitir mi voto en la causa L. 124.722, "Amatto" (sent. de 22-XII-2020) -que, con ciertos matices diferenciales, guarda sustancial analogía con la presente-, la doctrina legal cuya transgresión se denuncia en la impugnación bajo estudio no resulta idónea para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria por el excepcional conducto que prevé la ley ritual del fuero, en tanto fue elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020; L. 119.113, "Ramos", sent. de 18-X-2017; L. 102.096, "Biondo", sent. de 22-XII-2010; e.o.).
III.3.a. En efecto, y sin perjuicio de tratarse de una causa de naturaleza contenciosa administrativa, en la doctrina que emerge del precedente B. 60.505, "Barbalarga" (resol. de 21-VIII-2013) el núcleo central de la cuestión fue la revisión de una resolución dictada el 24 de agosto de 2011 por este superior Tribunal. Si bien en aquella oportunidad se desestimó la ejecución contra el Fisco provincial de los emolumentos fijados al perito contador oficial por su intervención en dichas actuaciones, estableciéndose -asimismo- que ellos deberían ser soportados por la demandante oferente de la prueba, el fundamento de la decisión encontró sustento en el desinterés expresado por la accionada al contestar la demanda respecto a la producción de la pericial contable ofrecida por la contraria, en lo normado por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial y, también, se tuvo en cuenta que la condena en costas establecida en la sentencia de fecha 27 de octubre de 2004 se estableció en el orden causado.
Dicho precedente difiere sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, en los cuales -en el ámbito de un proceso laboral- la propia demandada si bien se opuso y manifestó desinterés respecto a la designación del perito contador, peticionó a todo evento que para el caso de encomendarse una tarea pericial "...deberá solicitarse que sea solventada por profesionales de la Asesoría Pericial de Tribunales..." (fs. 431 vta.) y, luego, el tribunal de grado en su sentencia impuso las costas a la actora con el beneficio de gratuidad previsto en el art. 22 de la ley 11.653 (v. sent., fs. 739), ordenando -frente al emplazamiento de pago efectuado- que el Fisco provincial abone los honorarios regulados a los peritos oficiales.
En tales condiciones, y más allá de la interpretación que pudiera derivarse de la normativa en juego, el cuestionamiento traído a esta sede casatoria no puede ser atendido, dada -como anticipé- la ausencia de similitud de las bases fácticas del precedente cuya transgresión se invoca.
III.3.b. Finalmente, resta señalar que los fallos de otros tribunales de justicia no constituyen doctrina legal en los términos señalados (causas L. 91.908, "Acuña", sent. de 18-III-2009; L. 117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014; L. 121.975, "Mansilla", resol. de 5-VI-2019; e.o.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Se desprende de las actuaciones que en la sentencia dictada el día 24 de abril de 2018, el tribunal de grado rechazó la acción deducida e impuso las costas -con el beneficio de gratuidad- a la parte actora. En igual fecha, reguló los estipendios de los profesionales intervinientes, incluidos los peritos de la Asesoría Pericial.
Ambas resoluciones fueron notificadas a la Fiscalía de Estado provincial mediante cédula de fecha 27 de abril del mismo año.
I.2. En atención a lo señalado, y remitiéndome en lo demás a los antecedentes relatados por la colega ponente, considero que la crítica traída contra la resolución dictada luego por el a quo , en cuanto refiere a la obligación -o no- de abonar los honorarios de los expertos oficiales, debió ser articulada en aquella primera oportunidad, revelándose aquí tardía y por ello inatendible. No obsta a lo expuesto que en la sentencia dictada en el caso las costas hayan sido impuestas a la parte actora, pues debiéndose destacar que esta última goza del beneficio de gratuidad y que normas como el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial podían alentar ese resultado, la accionada se hallaba en condiciones de considerar inicialmente que el reclamo al pago de los honorarios mencionados eventualmente recaería sobre ella, tal como -en efecto- aconteció.
En definitiva, el supuesto agravio motivo de la impugnación en estudio no se comenzó a gestar cuando la demandada en la etapa de ejecución fue intimada a depositar los estipendios de los peritos oficiales, aquel ya existía desde el momento en que se anotició de la sentencia de mérito y que dentro de la regulación de honorarios estaban incluidos los emolumentos de los peritos oficiales.
I.3. Si bien lo dicho en el párrafo precedente basta para desestimar el medio de impugnación, en una mejor hipótesis para el recurrente puede observarse igualmente la ausencia de identidad de presupuestos entre el precedente cuya violación se denuncia y la presente causa (art. 55 primer párrafo in fine, ley 11.653).
II. Por lo dicho, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Comparto la solución brindada por el distinguido colega doctor Soria en los puntos I.2. y I.3. de su voto, en tanto presenta similares connotaciones a las verificadas en la causa L. 122.306, "Merlo" (sent. de 27-V-2021), a la que por motivos de brevedad remito.
Así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/09/2021 13:14:53 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/09/2021 14:25:19 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/09/2021 20:44:55 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2021 09:31:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/09/2021 07:39:45 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia