Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124431
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.431, "Pose, Brenda Lorena contra Dirección General de Cultura y Educación. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda e impuso las costas a la accionada vencida (v. fs. 239/266).
Luego, frente a la impugnación de la regulación de honorarios efectuada por la Provincia de Buenos Aires, declaró la inconstitucionalidad, inconvencionalidad e inaplicabilidad al caso de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432 y cargó las costas de la incidencia en el orden causado (v. fs. 274/279 vta.).
Contra esta última resolución se interpuso, por el Fisco provincial, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 14-III-2019).
Por otro lado, frente a la solicitud de aclaratoria realizada por la representación del Departamento de Cobro de Honorarios, el sentenciante rechazó el pedido vinculado con la improcedencia de fijar honorarios con relación a la experta contable oficial, sin costas atento la naturaleza planteada (v. fs. 287/288 vta.).
Ante ello, se interpuso, por la demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 20-VIII-2019).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido en segundo lugar?
En su caso:
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del incoado con anterioridad?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa destacar, frente al pedido del Fisco provincial de la aplicación al caso de la ley 24.432 e improcedencia del cobro e integración en la liquidación de los honorarios de la experta contadora oficial Inés Do Santos, el tribunal de origen declaró la inconstitucionalidad, inconvencionalidad e inaplicabilidad al caso de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432.
Para así decidir, entendió que tales dispositivos modifican los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, limitando la responsabilidad de los condenados en costas al veinticinco por ciento (25%) del capital de condena, cuya aplicación -en la especie- fue requerida por la demandada, toda vez que el monto total de honorarios regulados excede ese guarismo porcentual (v. fs. 274/279 vta.).
Tuvo en consideración que el planteo de la accionada -encaminado a limitar el pago de los honorarios regulados- conduce a dos respuestas posibles. En ese esquema, expresó que el supuesto de sostenerse que el responsable por el pago de la diferencia de los emolumentos es el trabajador -en su calidad de beneficiario de la labor profesional (art. 58, dec. ley 8.904/77)- quedaría vulnerado su derecho de propiedad y el principio protectorio contenido en el art. 14 bis de la Carta Magna nacional, a la vez que la reparación del perjuicio sufrido dejaría de ser justa e integral. Continuó explicando que si, por el contrario, se considera que el accionante no es responsable por la diferencia impaga de los honorarios, esta última debería ser absorbida por los propios destinatarios de aquellas regulaciones, extremo que -según su opinión- importa la vulneración de la citada norma constitucional en la medida que es el trabajo el que en sus distintas formas que goza del amparo de las leyes.
Consideró, en suma, que la limitación a la responsabilidad establecida en la norma en cuestión, contradice las garantías consagradas en los arts. 14, 14 bis y 17 de la Constitución nacional y que conculca normas de convenciones internacionales, a saber, los arts. XIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 17 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 y 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Frente a dicha decisión, toda vez que el tribunal de origen había omitido resolver el planteo de la demandada sobre la improcedencia del reclamo de los emolumentos de la experta contadora dependiente de la Asesoría Pericial, la representante del Departamento de Cobro de Honorarios solicitó aclaratoria (v. presentación electrónica de fecha 11 de julio de 2017). Ello así, porque en la contestación del respectivo traslado -v. presentación electrónica de fecha 12 de febrero de 2019- la doctora Bevilacqua requirió el rechazo de ambas pretensiones.
A su turno, el tribunal de grado rechazó el planteo efectuado por el Fisco provincial vinculado a la improcedencia de fijar honorarios a la auxiliar de la justicia, contadora oficial, Inés B. do Santos (v. fs. 287/288 vta.).
Para pronunciarse de ese modo, consideró -en primer lugar- que el apoderado del Fisco provincial, al momento de peticionar que no correspondía regulación alguna a la experta oficial, soslayo fundar en derecho su petición.
Luego, señaló que la tarea de los peritos oficiales de la Asesoría Pericial del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires es propia y específica de las funciones que les corresponde y que dichos profesionales no actúan en representación del Fisco local. Enfatizó que son auxiliares de la administración de justicia en los casos en que se considera necesaria su intervención y que la labor prestada es ejercida en forma directa y no conexa o bien como carga laboral adicional (arg. arts. 120, 124, 125 y concs., ley 5.827 y modif.).
Postuló aplicable al caso las previsiones de los arts. 5 y 6 de la Acordada 1.870/79 de esta Suprema Corte y sus modificatorias, ya que en dicha normativa se fija -en forma taxativa- el destino de los fondos de las cuentas conformadas por los estipendios de los peritos oficiales, habiéndose excluido cualquier ingreso al patrimonio personal de aquellos.
Afirmó que la ley 5.827 (y modif.), denominada "Orgánica del Poder Judicial", prevé el funcionamiento de la Oficina Pericial, estableciendo las funciones de sus integrantes, prohibiciones, devengamiento de honorarios en las causas y fueros judiciales, siendo delegada a la Suprema Corte de Justicia la reglamentación pertinente respecto de la fijación del destino de los fondos que cita el referido art. 6 de la Acordada 1.870/79 (modif. según Ac. 2.254/88).
Finalmente, sostuvo que el art. 4 de la citada Acordada 1.870/79 establece que toda actuación judicial de los peritos oficiales devengará honorarios, con excepción de las realizadas en las causas penales, inscripciones de nacimiento y las requeridas por los miembros del Ministerio Público en las causas que tramitan con su intervención, extremos que -indicó- no resultan encuadrarse en el caso de autos.
II. Contra el pronunciamiento de fs. 287/288 vta., la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación y errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 10, 11, 15, 57, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1.627 y concordantes del Código Civil; 34 inc. 4, 163 inc. 5, 375, 376, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 26, 29, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 1 y 3 del decreto ley 2.125/62; 5 y 6 de la Acordada 1.870/79; el decreto ley 8.904; la ley 5.827 y la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 20-VIII-2019).
En sustancia, denuncia transgresión de la doctrina legal que emana del precedente B. 60.505, "Barbalarga, Elvira Anunciada contra Provincia de Buenos Aires (IPS)" (resol. de 21-VIII-2013), en el que se resolvió que "...conforme la condena en costas establecida en el presente (v. fs. 110/124), por imperio de lo normado por el art. 476 del C.P.C. y C., sumado al desinterés manifestado a fs. 42 por la parte demandada y en virtud de lo establecido en el art. 1 del decreto 2125/62, que dispone que cualquier funcionario o empleado de la administración cualquiera sea su vinculación con el Estado- no tendrá derecho a percibir honorarios en aquellos casos en donde deba actuar como perito y su satisfacción recaiga en el Provincia, corresponde al solicitante de la pericia, sufragar los gastos que generó la actuación del experto..." (pág. 5 del escrito recursivo).
Manifiesta que no resulta pertinente que la Provincia de Buenos Aires abone los honorarios regulados a los peritos oficiales, dado que se trata de funcionarios del propio Estado provincial y, que, en tal carácter, perciben un sueldo por parte de éste, por lo que, conforme lo dispuesto por el art. 1 del decreto ley 2.125/62, se encuentra -afirma- imposibilitado de cobrarle sus estipendios al Fisco.
Aduce que el Acuerdo SCBA 1.870/79 reglamenta lo atinente a los recursos y ejecución de costas devengadas en favor de los peritos de la Asesoría Pericial, pero nada dice cuando el obligado al pago es el mismo Estado, a quien en definitiva, pertenecen los peritos de dicho organismo, y a cuyo patrimonio (el del Estado) van destinados los emolumentos, esto último por cuanto se entiende no caben las distinciones entre los distintos poderes estatales, cuando en la realidad, éste aún bajo el ropaje de descentralizaciones y autarquías, es siempre el mismo (v. pág. 6 del escrito recursivo).
Sostiene que se estaría frente a una situación de confusión -que es causal de extinción de la obligación de pago (conf. art. 724, Cód. Civ.)- a partir de la reunión en una única e idéntica persona de la calidad de acreedor y deudor.
Por otro lado, alega que en la contestación de la demanda peticionó la intervención de la Asesoría Pericial con la expresa finalidad de evitar erogaciones a cargo de la Provincia de Buenos Aires, mediante la designación de peritos de lista, y el consecuente pago de honorarios. Argumenta que de ese objetivo tuvieron pleno conocimiento los peritos oficiales al momento de aceptar el cargo, por lo que en ese momento la mencionada dependencia debió oponerse y hacer saber que reclamaría -en su oportunidad- los estipendios por la labor de sus funcionarios. Ello hubiese permitido a su parte evaluar la postura esgrimida y la designación requerida. De este modo, explica que el acto de aceptación es una conducta jurídicamente relevante, a la que no pueden oponerse los interesados al culminar el pleito, reclamando honorarios en forma contradictoria con esa actuación procesal (v. págs. 9 y 10 del escrito recursivo).
III. El recurso es inadmisible.
III.1. En primer lugar, corresponde poner de resalto que, esta Corte reiteradamente ha expresado que las vías extraordinarias solo proceden contra las sentencias definitivas, es decir, aquellas que ponen fin a la litis que motivó el pleito, pero no contra las resoluciones que puedan plantearse durante su ejecución las que, en principio, deben quedar concluidas en la instancia ordinaria (causas L. 118.031, "Loupias", resol. de 27-VIII-2014; L. 118.521, "García", resol. de 19-II-2015 y L. 121.076, "Matitti", resol. de 29-VIII-2017).
Sin embargo, en el caso, la decisión del tribunal de grado, en cuanto desestimó el planteo formulado por la Fiscalía de Estado, resolviendo el tópico desarrollado en torno a la obligación de pago de los honorarios regulados a la experta contadora oficial -aspecto que se cuestiona en la impugnación- reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas Ac. 89.189, "Espósito", resol. de 3-XII-2003; Ac. 104.791, "Vizzocco", resol. de 30-IX-2009; L. 122.307, "Presta", resol. de 26-VI-2019; e.o.).
III.2. Sentado ello, se observa que el valor del litigio -representado por los estipendios estimados por la labor pericial- no alcanza a satisfacer el monto mínimo previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del remedio procesal deducido sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 89.526, "Sotelo", sent. de 23-IV-2008; L. 95.658, "Duarte", sent. de 20-V-2009; L. 88.054, "Antoni", sent. de 7-IV-2010; L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; e.o.).
III.3. Bajo esa directriz, en idéntico sentido que hube de expresarlo al emitir mi voto en la causa L. 124.722, "Amatto" (sent. de 22-XII-2020) -que, con ciertos matices diferenciales, guarda sustancial analogía con la presente-, la doctrina legal cuya transgresión se denuncia en la impugnación bajo estudio no resulta idónea para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria por el excepcional conducto que prevé la ley ritual del fuero, desde que -anticipo- ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 102.096, "Biondo", sent. de 22-XII-2010; L. 119.113, "Ramos", sent. de 18-X-2018; L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020; e.o.).
III.3.a. En efecto, sin perjuicio de tratarse de una causa de naturaleza contenciosa administrativa, en la doctrina que emerge del precedente B. 60.505, "Barbalarga" (resol. de 21-VIII-2013), el núcleo central de la cuestión fue la revisión de una resolución dictada el 24 de agosto de 2011 por este Superior Tribunal. Si bien en aquella oportunidad se desestimó la ejecución contra el Fisco provincial de los emolumentos fijados al perito contador oficial por su intervención en dichas actuaciones, estableciéndose -asimismo- que ellos deberían ser soportados por la demandante oferente de la prueba, el fundamento de la decisión encontró sustento en el desinterés expresado por la accionada al contestar la demanda respecto a la producción de la pericial contable ofrecida por la contraria, en lo normado por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial y, también, hubo de tenerse en cuenta que la condena en costas establecida en la sentencia de fecha 27 de octubre de 2004 se estableció en el orden causado.
Dicho precedente difiere sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, en los cuales -en el ámbito de un proceso laboral- la propia demandada si bien se opuso a la designación de perito contador, solicitó a todo evento que "...toda vez que se encomiende alguna tarea a un perito, deberá solicitarse que sea solventada por profesionales de la Asesoría Pericial de Tribunales" (fs. 91 vta.) y, luego, el tribunal de grado en su sentencia impuso las costas a la accionada en su calidad de vencida (v. sent., fs. 265 y vta.).
En estas condiciones, más allá de la interpretación que pudiera derivarse de la normativa en juego, el cuestionamiento traído a esta sede casatoria no puede ser atendido, dada -como adelanté- la ausencia de similitud de las bases fácticas del presente respecto de aquellas que nutren el caso cuya transgresión se invoca.
III.3.b. Finalmente, resta señalar que los fallos de otros tribunales de justicia no constituyen doctrina legal en los términos y con los alcances reiteradamente señalados (causas L. 91.908, "Acuña", sent. de 18-III-2009; L. 117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014; L. 121.975, "Mansilla", resol. de 5-VI-2019; e.o.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó la primera cuestión en el mismo sentido.
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1.Se desprende de las actuaciones que en la sentencia dictada el día 17 de diciembre de 2018, el tribunal de grado hizo lugar parcialmente a la demanda e impuso las costas a la Provincia de Buenos Aires por su condición de vencida. En igual fecha reguló los estipendios de los profesionales intervinientes, incluidos los de la perita de la Asesoría Pericial.
Ambas resoluciones fueron notificadas a la Fiscalía de Estado provincial mediante cédula del día 18 de diciembre del mismo año. Frente a esa comunicación, la accionada realizó una presentación en la que observó ciertos aspectos de las regulaciones de honorarios y fundamentalmente sostuvo la aplicación de la limitación porcentual establecida -entre otras normas- en el art. 730 del Código Civil y Comercial.
I.2. En atención a lo señalado, y remitiéndome en lo demás a los antecedentes relatados por la colega ponente, considero que la crítica traída contra la resolución dictada luego por el a quo , en cuanto refiere a la obligación -o no- de abonar los honorarios de la experta oficial, sin perjuicio de alguna mención que hizo la accionada al objetar las regulaciones, debió ser articulada mediante la deducción del medio de impugnación pertinente en aquella primera oportunidad, revelándose aquí tardía y por ello inatendible. Es que el supuesto agravio motivo de la impugnación en estudio no se comenzó a gestar cuando la demandada en la etapa de ejecución fue intimada a depositar los estipendios de los peritos oficiales, aquél ya existía desde el momento en que se anotició de su condición de condenada en costas definida en la sentencia de mérito y que dentro de ellas estaban incluidos los honorarios de la perita oficial, como se indicó en la regulación.
I.3. Si bien lo dicho en el párrafo precedente basta para desestimar el medio de impugnación, en una mejor hipótesis para el recurrente puede observarse igualmente la ausencia de identidad de presupuestos entre el precedente cuya violación se denuncia y la presente causa (art. 55 primer párrafo in fine, ley 11.653).
II. Por lo dicho, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El recurso no es admisible.
Comparto la solución brindada por el distinguido colega doctor Soria, en tanto se configuran en la especie similares connotaciones a las verificadas en la causa L. 122.306, "Merlo" (sent. de 27-V-2021), a la que remito por brevedad.
Aunque ello baste para desestimar la impugnación traída, las enunciadas circunstancias exponen -además- la falta de identidad de los presupuestos que habilitarían la revisión del pronunciamiento por conducto de la excepcional hipótesis prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. Surge de la reseña de antecedentes efectuada a la hora de abordar el anterior interrogante traído al acuerdo que el tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad, inconvencionalidad e inaplicabilidad al caso de los arts. 1 y 8 de la ley 24.432, cuya aplicación en la especie fue pedida por la demandada, toda vez que -a su juicio- el monto total de honorarios regulados excede al veinticinco por ciento (25%) del capital de condena (v. fs. 274/279 vta.).
II. La Fiscalía de Estado provincial interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de le
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