Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124727
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.727, "Serrano, Jesús Roberto contra Ministerio de Seguridad. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. fs. 367/374 vta.).
Se interpuso, por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 16 de agosto de 2019; copia, fs. 397/403).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Presidenta del tribunal de trabajo interviniente hizo lugar al reclamo articulado por la representante legal del Departamento de Cobro de Honorarios de Peritos Oficiales y Tasa de Justicia (dependiente de la Secretaría de Servicios Jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia), e intimó al Ministerio de Seguridad a depositar en la cuenta bancaria destinada a aquellos fines, la suma correspondiente a los honorarios de la contadora Viviana Haydeé Rugiero, del médico Héctor Daniel Tineo, de la psiquiatra María Rosa Medrazzi y de la psicóloga María Lorena Sánchez, por su trabajo profesional en la causa como peritos oficiales dependientes de la Dirección General de Asesoría Pericial del Poder Judicial provincial (v. proveído electrónico de fecha 6-VI-2019).
Frente a ello, la Fiscalía de Estado formuló oposición (v. escrito electrónico de fecha 25 de junio de 2019), la que posteriormente fue desestimada por el tribunal en pleno (v. fs. 394/396).
Para resolver de ese modo, sostuvo que los honorarios judiciales regulados a peritos oficiales de la Asesoría Pericial dependiente del Poder Judicial de la Provincia resultan ser una cuestión ajena a lo establecido en el decreto 2.125/62, el que -adujo- legisla sobre la situación de los agentes que se desempeñan en la Administración Pública y de aquellos casos en que éstos actúan en representación del Fisco, como apoderados, patrocinantes, peritos, administradores, interventores o cualquier tipo de actuación judicial o extrajudicial, por la que puedan establecerse o regularse honorarios a su favor.
Afirmó que la ley 5.827 (y modif.) regula el funcionamiento de la Oficina Pericial de los Tribunales de Justicia, estableciendo las funciones de sus integrantes, sus prohibiciones y el devengamiento de honorarios en las causas y fueros judiciales, no encontrándose como excepción la situación en que el Estado provincial debe abonar honorarios, sea como condenado en costas o como producto de lo dispuesto en el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial local.
Consideró que el Fisco provincial y los peritos oficiales -que prestan servicios en el ámbito del Poder Judicial- pertenecen a distintos poderes del Estado, con autonomía financiera y funcional (conf. arts. 5 y 6 del Acuerdo 1870/79 y modif.), resultando inaplicable respecto de dichos agentes la prohibición del art. 1 del decreto ley 2.125/62, invocada por la parte demandada.
Por todo ello, concluyó que la Provincia de Buenos Aires debe hacerse cargo de cancelar los honorarios por la actuación de los peritos de la Asesoría Pericial.
II. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, violación y errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 10, 11, 15, 57, 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 1.627 y concordantes del Código Civil; 34 inc. 4, 163 inc. 5, 375, 376, 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 26, 29, 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653; 1 del decreto ley 2.125/62; de la Acordada 1870/79; del decreto ley 8.904 y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 16-VIII-2019; copia, fs. 397/403).
Alega quebrantada la doctrina legal que emana del precedente B. 60.505, "Barbalarga, Elvira Anunciada contra Provincia de Buenos Aires (IPS)" (resol. de 21-VIII-2013), en el que se resolvió que "...conforme la condena en costas establecida en el presente (v. fs. 110/124), por imperio de lo normado por el art. 476 del C.P.C. y C., sumado al desinterés manifestado a fs. 42 por la parte demandada y en virtud de lo establecido en el art. 1 del decreto 2125/62, que dispone que cualquier funcionario o empleado de la administración cualquiera sea su vinculación con el Estado- no tendrá derecho a percibir honorarios en aquellos casos en donde deba actuar como perito y su satisfacción recaiga en el Provincia, corresponde al solicitante de la pericia, sufragar los gastos que generó la actuación del experto..." (pág. 7 del escrito recursivo).
En tal sentido, manifiesta que no resulta pertinente que la Provincia de Buenos Aires abone los honorarios regulados a los peritos oficiales, dado que se trata de funcionarios del propio Estado provincial y, que, en tal carácter, perciben un sueldo por parte de éste, por lo que, conforme lo dispuesto por el art. 1 del decreto ley 2.125/62, se encuentran -afirma- imposibilitados de cobrarle sus estipendios al Fisco.
Aduce que el Acuerdo 1.870/79 de la Suprema Corte de Justicia reglamenta lo atinente a los recursos y ejecución de costas devengadas en favor de los peritos de la Asesoría Pericial, pero nada dice cuando el obligado al pago es el mismo Estado, a quien en definitiva, pertenecen los peritos de dicho organismo, y a cuyo patrimonio (el del Estado) van destinados los emolumentos, esto último por cuanto se entiende no caben las distinciones entre los distintos poderes estatales, cuando en la realidad aún bajo el ropaje de descentralizaciones y autarquías, éste es siempre el mismo (v. págs. 8/9 del escrito recursivo).
Sostiene que se estaría frente a una situación de confusión -que es causal de extinción de la obligación de pago (conf. art. 724, Cód. Civ.)-, al reunirse en una única e idéntica persona la calidad de deudor y de acreedor.
Por otro lado, alega que su parte peticionó la intervención de la Asesoría Pericial con la expresa finalidad de evitar erogaciones a cargo de la Provincia de Buenos Aires, mediante la designación de peritos de lista, y el consecuente pago de honorarios, de lo cual tuvieron pleno conocimiento estos auxiliares al aceptar el cargo. Postula que debió en ese momento la Asesoría Pericial oponerse y hacer saber que reclamaría en su oportunidad los estipendios por la labor de sus funcionarios, lo que hubiese permitido a la Fiscalía evaluar la postura esgrimida y la designación requerida. Explica que el acto de aceptación es una conducta jurídicamente relevante a la cual no puede oponerse al culminar el pleito, reclamando honorarios en forma contradictoria con aquella conformidad (v. pág. 11 del escrito recursivo).
III. El recurso es inadmisible.
III.1. En primer lugar, corresponde poner de resalto que, esta Corte reiteradamente expresó que las vías extraordinarias sólo proceden contra las sentencias definitivas, es decir, aquellas que ponen fin a la litis que motivó el pleito, pero no contra las resoluciones que puedan plantearse durante su ejecución las que, en principio, deben quedar concluidas en la instancia ordinaria (causas L. 118.031, "Loupias", resol. de 27-VIII-2014; L. 118.521, "García", resol. de 19-II-2015 y L. 121.076, "Matitti", resol. de 29-VIII-2017). Sin embargo, en el caso, la decisión que desestimó la oposición formulada por la Fiscalía de Estado -resolviendo sobre la obligación de pago de los honorarios regulados a los peritos oficiales-, reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas Ac. 89.189, "Espósito", resol. de 3-XII-2003; Ac. 104.791, "Vizzocco", resol. de 30-IX-2009 y L. 122.307, "Presta", resol. de 26-VI-2019; e.o.).
III.2. Sentado ello, habiendo sido concedido el remedio extraordinario en tratamiento en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. fs. 404/405 vta., resol. de 16-IX-2019), la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 89.526, "Sotelo", sent. de 23-IV-2008; L. 95.658, "Duarte", sent. de 20-V-2009; L. 88.054, "Antoni", sent. de 7-IV-2010 y L. 98.133, "Vallejos", sent. de 26-X-2011; e.o.).
III.3. Bajo esa directriz, y del mismo modo que hube de expresarlo al emitir mi voto en la causa L. 124.722, "Amatto" (sent. de 22-XII-2020) -que, con ciertos matices diferenciales, guarda sustancial analogía con la presente-, la doctrina legal cuya transgresión se denuncia no resulta idónea para lograr la apertura de esta instancia extraordinaria por el excepcional conducto que prevé la ley ritual del fuero, en tanto fue elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 102.096, "Biondo", sent. de 22-XII-2010; L. 119.113, "Ramos", sent. de 18-X-2018 y L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020; e.o.).
III.3.a. En efecto, y sin perjuicio de tratarse de una causa de naturaleza contenciosa administrativa, en la doctrina que emerge del precedente B. 60.505, "Barbalarga" (resol. de 21-VIII-2013) el núcleo central de la cuestión fue la revisión de una resolución dictada el 24 de agosto de 2011 por este Superior Tribunal. Si bien en aquella oportunidad se desestimó la ejecución contra el Fisco provincial de los emolumentos fijados al perito contador oficial por su intervención en dichas actuaciones, estableciéndose -asimismo- que ellos deberían ser soportados por la demandante oferente de la prueba, el fundamento de la decisión encontró sustento en el desinterés expresado por la accionada al contestar la demanda respecto a la producción de la pericial contable ofrecida por la contraria, en lo normado por el art. 476 del Código Procesal Civil y Comercial y, también, se tuvo en cuenta que la condena en costas establecida en la sentencia de fecha 27 de octubre de 2004 se estableció en el orden causado.
Dicho precedente difiere sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, en los cuales -en el ámbito de un proceso laboral- si bien la propia demandada no consideró útil la designación del perito contador, solicitó a todo evento que "...Atento el desinterés manifestado por mi parte, respecto a la pericia contable ofrecida por la parte actora, solicitamos que se de intervención a la Asesoría Pericial de Tribunales y se encomiende la tarea a un perito oficial..." (fs. 172 y vta.) y, luego, el tribunal de grado en su sentencia impuso las costas a la demandada en su calidad de vencida (v. sent., fs. 374).
En tales condiciones, y más allá de la interpretación que pudiera derivarse de la normativa en juego, el cuestionamiento traído no puede ser atendido, dada como anticipé- la ausencia de similitud de las bases fácticas del precedente cuya transgresión se invoca.
III.3.b. Finalmente, resta señalar que los fallos de otros tribunales de justicia no constituyen doctrina legal en los términos señalados (causas L. 91.908, "Acuña", sent. de 18-III-2009; L. 117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014 y L. 121.975, "Mansilla", resol. de 5-VI-2019; e.o.).
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Se desprende de las actuaciones que en la sentencia dictada el día 21 de agosto de 2018, el tribunal de grado hizo lugar a la demanda instaurada e impuso las costas a la Provincia de Buenos Aires en su condición de vencida. En igual fecha, reguló los estipendios de los profesionales intervinientes, incluidos los peritos de la Asesoría Pericial.
Ambas resoluciones fueron notificadas a la Fiscalía de Estado provincial mediante cédula de fecha 24 de agosto del mismo año.
I.2. En atención a lo señalado, y remitiéndome en lo demás a los antecedentes relatados por la colega ponente, considero que la crítica traída contra la resolución dictada luego por el a quo , en cuanto refiere a la obligación -o no- de abonar los honorarios de los expertos oficiales, debió ser articulada en aquella primera oportunidad, revelándose aquí tardía y por ello inatendible. Es que el supuesto agravio motivo de la impugnación en estudio no se comenzó a gestar cuando la demandada en la etapa de ejecución fue intimada a depositar los estipendios de los peritos oficiales, aquél ya existía desde el momento en que se anotició de su condición de condenada en costas definida en la sentencia de mérito y que dentro de ellas estaban incluidos los honorarios de los peritos oficiales, como se indicó en la regulación.
I.3. Si bien lo dicho en el párrafo precedente basta para desestimar el medio de impugnación, en una mejor hipótesis para el recurrente puede observarse igualmente la ausencia de identidad de presupuestos entre el precedente cuya violación se denuncia y la presente causa (art. 55 primer párrafo in fine ley 11.653).
II. Por lo dicho, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El recurso no es admisible.
I.1. Comparto la solución brindada por el distinguido colega doctor Soria, en tanto presenta similares connotaciones a las verificadas en la causa L. 122.306, "Merlo" (sent. de 27-V-2021), a la que remito por brevedad.
I.2. Luego, sin perjuicio que ello abastece mi propuesta de rechazar el carril extraordinario articulado, las circunstancias relevadas exponen -además- la ausencia de identidad de los presupuestos que habilitarían la revisión del pronunciamiento por conducto de la excepcional hipótesis prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 102.096, "Biondo", sent. de 22-XII-2010; L. 119.113, "Ramos", sent. de 18-X-2017 y L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020; e.o.).
II. Por lo dicho, corresponde desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/09/2021 13:14:52 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 02/09/2021 14:25:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/09/2021 20:44:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/09/2021 09:31:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/09/2021 07:39:42 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia