Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125664
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la demanda incoada por Juan Manuel Rodríguez y, en consecuencia, condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar al actor la suma que especificó en concepto de reparación integral con sustento en el derecho común (v. fs. 263/278).
Para así decidir, y en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, juzgó configurada la responsabilidad civil de la aseguradora en el entendimiento de que esta había incurrido en un total incumplimiento de las obligaciones de prevención y control establecidas en la ley 24.557.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 286/294 vta.), los que fueron concedidos mediante resolución de 22 de diciembre de 2020 y a fs. 299/301, respectivamente.
III. En la primera de las vías interpuestas, la legitimada pasiva denuncia omisión de cuestiones esenciales.
Al respecto, señala que el tribunal de origen no consideró la inversión de la carga probatoria, no valoró que de la pericia técnica surge que su parte dio cumplimiento a las obligaciones legales a su cargo, no tuvo en cuenta las impugnaciones que efectuara al informe médico, y, por último, le otorgó valor probatorio a la declaración del único testigo ofrecido.
III.1. Corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 93.996, "Pérez Baglivo", sent. de 19-X-2011; L. 100.717, "Miño", sent. de 28-XII-2011; L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
III.2. En este marco, el embate articulado carece de andamiaje, desde que la simple lectura del libelo impugnativo da cuenta que la crítica se dirige a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo los planteos a la imputación de presuntos errores in iudicando , cuyo tratamiento es ajeno al acotado ámbito de actuación del carril de nulidad intentado y propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 118.432, "Bordon", resol. de 17-XII-2014; L. 118.841, "Magan", resol. de 21-X-2015; L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019 y L. 123.650, "Gómez", resol. de 13-V-2020).
Cabe agregar a ello que las alegaciones referidas a la apreciación y valoración del material probatorio, como a su deficiente examen por el tribunal de grado, no pueden ser canalizadas mediante el recurso extraordinario de nulidad (causas L. 119.724, "Salvatierra", resol. de 1-II-2017 y L. 124.859, "González", resol. de 28-VIII-2020).
IV. En el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley, la interesada denuncia absurdo, y vulneración de las normas y la doctrina que cita.
Se agravia, en primer lugar, de la condena civil impuesta, en tanto entiende que la responsabilidad de las aseguradoras se encuentra limitada al cumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato de afiliación celebrado en los términos de la ley 24.557, no siendo la eventual omisión de su deber de vigilancia o de seguridad causa adecuada o condición relevante del resultado dañoso.
Por otro lado, afirma que no se probaron incumplimientos de su parte, ni se verificó la necesaria relación de causalidad entre el daño y el acto omisivo que se le imputa.
Asimismo, plantea que el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene se encuentra a cargo del empleador, y que el poder de policía le corresponde al Estado.
Por otro lado, respecto de la condena en costas, denuncia vulnerada la ley 24.432.
V. El recurso no prospera.
V.1.a. En primer lugar, no le asiste razón a la compareciente en cuanto sostiene que no se la puede responsabilizar civilmente por hallarse su obligación limitada únicamente a las prescripciones de la citada ley 24.557.
Al respecto, resulta oportuno destacar que la posibilidad de que las aseguradoras de riesgos del trabajo puedan ser eventualmente juzgadas en el marco del derecho común en virtud de incumplimientos de los deberes de prevención y control, ha sido admitida por esta Suprema Corte en el precedente L. 98.584, "Bordessolies de Andrés", sent. de 25-XI-2009, en una definición reiterada -entre otras- en las causas L. 100.966, "Zapata", sent. de 14-IX-2011; L. 103.075, "Vallejos", sent. de 21-XII-2011 y L. 117.314, "Gorosito", sent. de 16-VII-2014, en línea con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa T.205.XLIV "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otro s/ daños y perjuicios", sent. de 31-III-2009 y continuado en el caso P.685.XLV "Pacheco, Antonio Manuel c/ La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. y otro. s/ Accidente acción civil", sent. de 26-III-2013.
V.1.b. Por otra parte, cabe recordarle a la recurrente que a partir de la sanción de la ley 24.557, las aseguradoras se han convertido -en concurrencia con el empleador- en sujetos pasivos de la carga de prevención de los infortunios laborales, objetivo primordial que llevó a la sanción de este cuerpo normativo. En consecuencia, no resulta aceptable entender que aquéllas sean meras espectadoras del hacer del empleador con el fin de prevenir los riesgos del trabajo, toda vez que, muy por el contrario, en el diseño normativo en examen se les ha otorgado un rol esencial para lograr los objetivos previstos (causas L. 101.094, "Berthet", sent. de 27-IV-2011; L. 114.126, "Colombo", sent. de 15-V-2013; L. 117.447, "Eyzaguirre", sent. de 29-IV-2015; L. 116.955, "Enriquez", sent. de 29-III-2017; L. 122.572, "Silva Baeza", resol. de 26-XII-2019 y L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020).
V.2. En segundo término, cabe recordar que esta Corte ha declarado que determinar si la aseguradora ha cumplido o no con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo, es una cuestión privativa de los jueces de grado no revisable en casación, salvo absurdo, que debe ser invocado y fehacientemente demostrado por la parte interesada (causas L. 115.990, "Staropoli", sent. de 11-XII-2013; L. 118.668, "Sosa", resol. de 15-VII-2015 y L. 124.685, "Knaupe", resol. de 15-IX-2020).
Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 117.891, "Alderete", resol. de 20-VIII-2014; L. 124.401, "Estigarribia", resol. de 21-IX-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
En el caso, el tribunal de grado concluyó que se acreditó el incumplimiento de la empleadora de las normas de higiene y seguridad en el trabajo, y la omisión de la aseguradora del control legal correspondiente, lo cual hacía responsable a esta última, frente al trabajador, de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de dicha conducta.
En efecto, a criterio del juzgador, Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. no produjo prueba alguna que permitiera inferir la existencia de una conducta concreta y concluyentemente enderezada a preservar la integridad psicofísica del trabajador. En definitiva, para el sentenciante, las dolencias que presenta el accionante guardan relación causal adecuada y directa con los incumplimientos de las obligaciones de prevención y control que la ley les exige a las aseguradoras.
En ese marco, se advierte que la impugnante no logra descalificar las esenciales motivaciones del fallo recurrido por conducto de una crítica que transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante de grado debió apreciar la prueba aportada al proceso, soslayando que el aludido absurdo sólo queda configurado si media cabal demostración de su existencia.
Resulta evidente, pues, que no basta con invocarlo, sino que es menester probarlo acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al sentenciante el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 113.536, "Salgado", resol. de 16-III-2011; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013; L. 123.382, "Santin", resol. de 11-III-2020 y L. 124.782, "Fleitas Bogado", resol. de 25-IX-2020).
V.3. Cabe agregar, que no mejora la suerte del recurso la denuncia de violación de garantías constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 121.623, "Larraga", resol. de 5-XII-2018 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021), supuesto que -a tenor de lo expuesto- no se ha verificado en el caso en examen.
V.4. Finalmente, deviene inatendible el último de los agravios traídos, en tanto de la liquidación practicada a fs. 280 y vta. no se observa que en el fallo atacado se hubiera vulnerado la ley 24.432, tal como el recurrente denuncia, toda vez que - por el contrario- la definición plasmada por el órgano judicial de grado se halla de acuerdo con la doctrina legal de este Tribunal, en atención que no excede la limitación introducida por la citada norma, respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas establecida en los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (ambos según modif. de ley 24.432), receptada en idénticos términos en el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación (causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; L. 89.979, "Saucedo", sent. de 16-IV-2008; L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; L. 98.065, "Cejas", sent. de 3-V-2012 y L. 124.724, "Ibarra", sent. de 8-II-2021; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 09/09/2021 21:10:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 10/09/2021 19:17:37 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/09/2021 15:51:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2021 00:02:27 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/09/2021 10:33:02 - ALFANO Sergio Daniel - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia