Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125840
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación a los agravios tratados en los puntos III.3 y III.4. en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En cambio, declararlo procedente respecto del planteo desarrollado en el punto III.5., revocando, con el alcance establecido en el punto IV, el pronunciamiento de grado, atento a que el agravio introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que obre de conformidad a lo aquí resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Zárate, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, hizo lugar parcialmente a la excepción de prescripción articulada por Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. respecto de la incapacidad física denunciada por Romina Gabriela Di Franco. Por otro lado, acogió la acción condenando a la demandada a abonar a la actora la suma que indicó en concepto de indemnización parcial, permanente y definitiva derivada de la minusvalía psicológica acreditada en autos (arts. 14 apdo. 2 inc. "a" de la ley 24.557; 3 de la ley 26.773 y dec. 472/14; v. pronunciamiento de fs. 289/303 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 6-III-2020), que fue concedido por el a quo a fs. 308 y vta.
En su presentación, asegura que el a quo , de manera errónea, liquidó los honorarios de los peritos intervinientes sobre dos bases regulatorias distintas.
Además, sostiene que los emolumentos de los profesionales exceden el veinticinco por ciento del monto de la sentencia. En este sentido, alega vulnerados los arts. 1 de la ley 24.432 y 730 del Código Civil y Comercial, así como de la doctrina legal que cita.
Finalmente, con denuncia de absurdo, se agravia de la condena al pago por incapacidad psicológica.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. En primer lugar, cabe destacar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció cómo estaría representado su valor, ni cuantificó su monto, incumpliendo de ese modo con la carga procesal de acreditar que el valor del litigio supera el umbral establecido en la ley ritual para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, falencia que no puede ser salvada por esta Corte (art. 278, CPCC; causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 118.130, "Paz", sent. de 12-IV-2017 y L. 118.481, "Campana", sent. de 29-VIII-2018).
Siendo ello así, la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
De suyo entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019 y L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019).
III.2. En este contexto, y por cuestiones metodológicas, corresponde invertir el orden de tratamiento de los agravios traídos.
III.3. Así, en primer lugar, cabe señalar, que respecto de la impugnación dirigida a objetar el acogimiento de la incapacidad psicológica, no se observa la concurrencia del mentado supuesto excepcional, pues, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, la interesada trae a consideración agravios relacionados a cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 117.762, "Elormendi", resol. de 5-III-2014; L. 120.446, "Chamas", resol. de 14-VI-2017; L. 120.677, "Merlo", resol. de 27-IX-2017 y L. 125.287, "Seguel Guerrero", resol. de 13-XI-2020).
III.4. Del mismo modo, y en relación al embate mediante el que se cuestionan las bases regulatorias utilizadas por el a quo para liquidar los honorarios profesionales, la doctrina invocada por la recurrente en apoyo de su postura ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los propios del caso en juzgamiento y no guarda correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión (causas L. 118.976, "Veroisa Muñoz", sent. de 28-II-2018; L. 120.253, "Pastor", sent. de 2-V-2019 y L. 120.423, "Bocanegra", sent. de 27-XI-2019).
III.5. En cambio, la impugnación relativa a las costas resulta atendible, toda vez que la definición plasmada por el órgano judicial contraría la doctrina legal cuya transgresión se invoca en la postulación recursiva.
En efecto, en reiterados precedentes esta Suprema ha declarado que la limitación introducida por la ley 24.432 respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas establecida en los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (ambos según modif. de ley 24.432), receptada en idénticos términos en el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación es constitucional y aplicable en el ámbito provincial (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.; causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; L. 89.979, "Saucedo", sent. de 16-IV-2008; L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; L. 98.065, "Cejas", sent. de 3-V-2012 y L. 124.724, "Ibarra", sent. de 8-II-2021; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad traído, casar lo resuelto por el órgano de origen en los términos expuestos y, en consecuencia, devolver las actuaciones para que proceda a adecuar el pronunciamiento a efectos que la responsabilidad por el pago de las costas no supere la limitación porcentual prevista en la normativa de aplicación.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con relación a los agravios tratados en los puntos III.3 y III.4. en atención a que no reúnen los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En cambio, declararlo procedente respecto del planteo desarrollado en el punto III.5., revocando, con el alcance establecido en el punto IV, el pronunciamiento de grado, atento a que el agravio introducido ha sido admitido en otros casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que obre de conformidad a lo aquí resuelto.
Las costas se imponen por su orden, en atención al progreso parcial del recurso (arts. 68 segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/09/2021 18:04:38 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2021 09:40:25 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/09/2021 11:02:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/09/2021 23:41:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2021 08:34:56 - ALFANO Sergio Daniel - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia