Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 123831
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 123.831, "Gonzalez, Jorge Luis contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro. Accidente de trabajo acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud .
El Tribunal del Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata rechazó la acción deducida, imponiendo las costas a la parte actora (v. fs. 523/527).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 532/536 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó la demanda promovida por el señor Jorge Luis González contra la Provincia de Buenos Aires -y Provincia ART S.A.- en procura del cobro de las prestaciones reclamadas al amparo de la Ley de Riesgos del Trabajo y de una reparación integral con fundamento en las normas del Código Civil.
Para así decidir, de un lado, admitió la defensa de prescripción parcial opuesta por las codemandadas con relación a la patología psiquiátrica que porta el accionante. Del otro, determinó la orfandad probatoria en lo vinculado con la incapacidad invocada respecto de las restantes afecciones que denunció padecer (v. sent., fs. 525/527).
En el veredicto, tras valorar el informe pericial médico agregado a la causa, en ejercicio de facultades privativas (art. 44 inc. "d", ley 11.653), el órgano de origen juzgó no demostrado que a raíz de las tareas de policía que se narran en la demanda el accionante se encuentre afectado por diabetes, hipertensión arterial, hemorroides, trastornos psicológicos y patología columnaria (v. vered., fs. 523). En este sentido, destacó que el galeno fue contundente cuando dictaminó que el actor no padece incapacidad alguna derivada de las dolencias mencionadas (v. vered., fs. cit.).
A su vez, indicó que el experto determinó que este último tiene un sesenta por ciento (60%) de incapacidad psiquiátrica. Sin embargo, a la hora de establecer la causa de dicha patología, se limitó a afirmar que ha sido provocada por "...un hecho traumático en su lugar de trabajo" (v. vered., fs. 523 vta.). Al respecto, el sentenciante juzgó que dicha expresión resultaba extremadamente vaga, sin que existieran en la causa elementos de juicio que arrojaran luz sobre el asunto. Agregó que, más allá de la vaguedad extrema con la que el perito estableció la supuesta causalidad laboral de la patología psiquiátrica padecida por el actor, lo cierto es que -según consideró- en autos no se probó la existencia de ningún hecho traumático susceptible de causar una minusvalía de tal naturaleza en el grado descripto, ni siquiera -añadió- se demostraron acabadamente las tareas estresantes que el actor dice haber realizado en su demanda (v. vered., fs. cit.). En consecuencia, declaró no acreditado que dicha dolencia haya sido causada por las labores prestadas para la Provincia de Buenos Aires (v. vered., fs. 524).
Luego, el juzgador indicó que del propio relato efectuado por el accionante (v. fs. 146 vta.) surgía que debido a problemas psicológicos y psiquiátricos causados por su trabajo, la superioridad policial dispuso en el mes de junio de 1999 que el reclamante no podía realizar más tareas de comando, limitándose a otras de naturaleza administrativas sin el uso de arma ni uniforme; y que en el año 2004, a raíz de un agravamiento de su estado de salud psicológico no pudo trabajar por disposición de sus superiores; situación que se mantuvo hasta la actualidad (v. vered., fs. 524).
De tales expresiones, interpretó el tribunal que desde el año 1999 el actor padecía una psicopatología que lo incapacitaba y que había sido causa de la limitación de sus funciones; dolencia que se agravó en el año 2004, al punto que desde entonces ya no pudo trabajar más (v. vered., fs. cit.).
De suyo entonces, entendió que dicha afección de índole psiquiátrica se encontraba ya completamente consolidada en el año 2004, concluyendo que el reclamante no pudo ignorar -de ningún modo- sus efectos incapacitantes (v. vered., fs. cit.).
Sobre esa plataforma fáctica, con fundamento en lo dispuesto en los arts. 4.037 del Código Civil y 44 apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo, hizo lugar a la excepción de prescripción articulada respecto de la dolencia psiquiátrica y declaró que la demanda interpuesta el día 10 de mayo de 2011 (v. fs. 68), más de seis años después de que el actor tuviera conocimiento de la incapacidad definitivamente consolidada al respecto, se hallaba prescripta (v. sent., fs. 526).
Por otro lado, estableció no corroborado que este último padeciera las restantes patologías cuya reparación peticionó, no alcanzadas por la articulación de la evocada defensa (v. sent., fs. 526 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, el accionante interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 7, 8, 23 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1, 11, 14 y 16 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 7, 9 y 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 10, 12 inc. 4, 39 incs. 1 y 3 y 168 de la Constitución bonaerense; 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina legal que cita.
En lo esencial, se agravia en cuanto el tribunal de grado declaró procedente la defensa de prescripción opuesta por las codemandadas.
Señala que el órgano de origen incurrió en violación del principio de congruencia habida cuenta que omitió abordar cuestiones esenciales para la resolución de la litis, como lo son -a su criterio- los argumentos esgrimidos en el escrito de contestación del segundo traslado (v. rec., fs. 532 vta.).
En ese orden, alega que -con arreglo a la interpretación que propone de los instrumentos internacionales que cita- ni siquiera ha comenzado el cómputo del plazo prescriptivo porque las lesiones que -supuestamente- sufrió el actor fueron atribuidas al dolo de la demandada, así como al incumplimiento de obligaciones convencionales sobre derechos humanos (v. rec., fs. 533).
Destaca que, a tal fin, era necesario que el demandante conociera no solo las afecciones invalidantes de las que resultaba portador sino también el nexo causal que aquellas tenían con las tareas desempeñadas. Agrega que, oportunamente, negó que las dolencias fueran ajenas al trabajo y de larga data (v. rec., fs. 533 vta.).
Aduce que la prescripción corre -en la especie- solo a partir del conocimiento por parte del interesado del dictamen de la junta médica emitido en sede administrativa, no habiendo la Fiscalía -siquiera- acompañado el examen sobre el punto (v. rec., fs. 534).
Por último, indica que, al no haber recibido asistencia médica ni psicológica de su empleadora, careció del discernimiento suficiente para promover la acción, por lo que la decisión que la declaró prescripta debe ser revocada (v. rec., fs. 535 y vta.).
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. En primer lugar, debo puntualizar que no resulta atendible la parcela de la postulación recursiva con arreglo a la cual se afirma que el tribunal de la instancia ordinaria, transgrediendo el principio de congruencia, omitió abordar los argumentos opuestos contra el planteo prescriptivo en el escrito de contestación del segundo traslado (art. 29, ley 11.653).
Me afirmo en esa conclusión teniendo en cuenta que la omisa denuncia por parte del interesado de la existencia de absurdo, concretamente, en lo atingente a la interpretación del contenido de la pieza procesal en cuestión, pone en evidencia que el argumento ensayado resulta portador de un insalvable déficit técnico (art. 279, CPCC).
En este sentido, en reiteradas oportunidades ha declarado esta Suprema Corte que la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y la definición de los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y que su decisión al respecto solo puede revisarse en casación en la medida que se denuncie y compruebe la existencia de absurdo en su interpretación (causas L. 36.452, "Montañez", sent. de 19-VIII-1986; L. 42.917, "Pizzo", sent. de 21-XI-1989; L. 87.545, "G., A. O.", sent. de 27-III-2008; L. 104.679, "Chaparro", sent. de 10-VI-2015; L. 119.529, "Williman", sent. de 18-X-2017; L. 120.023, "Quijano", sent. de 23-II-2021; e.o.), carga que -reitero- el quejoso prescinde cumplir en la especie.
III.2. En segundo término, cabe señalar que la crítica que formula el agraviado respecto de las conclusiones arribadas en el fallo que pone bajo censura, también resulta notoriamente insuficiente en cuanto se dirige a desvirtuar el tramo de la sentencia que declaró parcialmente prescripta la acción incoada.
III.2.a. Es menester aclarar que determinar el comienzo del curso de la prescripción constituye una cuestión de índole fáctica reservada a los jueces de grado, y las conclusiones que al respecto estos formulen no son susceptibles de revisión en esta instancia extraordinaria, salvo el supuesto de absurdo (causas L. 103.553, "Leguizamón", sent. de 21-XII-2011; L. 103.527, "Castañeda", sent. de 28-III-2012; L. 120.307, "Zucaro", sent. de 19-IX-2018 y L. 122.059, "Lazzaro", sent. de 16-IX-2020). Ello exige la acreditación de la existencia de un error grave, grosero y manifiesto, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 87.153, "Rizzo", sent. de 4-VII-2007; L. 103.502, "Peñalva", sent. de 10-VIII-2011; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018 y L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-X-2020).
En el recurso bajo examen dicha carga ha quedado insatisfecha, toda vez que el interesado se limita a reiterar -textualmente- ante esta sede extraordinaria argumentos ya esbozados en la instancia de origen (v. fs. 218 vta./219 vta.), sin intentar descalificar el análisis que condujo al tribunal a juzgar que el actor tuvo conocimiento de una incapacidad definitivamente consolidada en el año 2004 y que, en consecuencia, la demanda interpuesta más de seis años después (10 de mayo de 2011; v. fs. 68) se encuentra prescripta (v. fs. 526).
Al respecto, expresamente ha declarado esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se limita a reiterar los argumentos expuestos en la instancia ordinaria sin concretar una réplica adecuada y eficaz de los fundamentos en que sustenta la decisión (causa L. 113.642, "Báez", resol. de 2-III-2011; e.o.).
III.2.b. Luego, la insuficiencia del embate se patentiza igualmente a partir de la omisa denuncia de infracción de las normas actuadas en el pronunciamiento recurrido (esto es, arts. 4.037, Cód. Civ. y 44 apdo. 1, Ley de Riesgos del Trabajo), deficiencia grave que cobra relevancia, toda vez que esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse por la interesada (causas L. 116.160, "Franganillo", sent. de 17-XII-2014; L. 117.044, "Varales", sent. de 27-V-2015; L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016; L. 119.678, "Bertinelli", sent. de 10-IV-2019 y L. 121.029, "Romero", sent. de 29-X-2020; e.o.).
III.3. Si bien lo dicho resulta suficiente para desestimar el recurso traído en cuanto se halla orientado a controvertir la decisión con arreglo a la cual se admitió la excepción de prescripción respecto de la dolencia psiquiátrica, aun en la hipótesis que tal conclusión hubiera sido desbaratada, el tribunal de origen -como surge de la reseña efectuada- juzgó no probado que dicha patología haya sido causada por las tareas prestadas por el reclamante para la Provincia de Buenos Aires (v. vered., fs. 524).
Esa conclusión, también esencial para la suerte del litigio, no ha sido objeto de crítica alguna por parte del interesado, quien -como se ha visto- ha ceñido sus argumentos a postular la tempestiva articulación del reclamo. Ello revela, desde esta otra arista, la marcada insuficiente del embate.
III.4. En definitiva, por los motivos expuestos, la falta de idoneidad de la impugnación deja incólume los pilares sobre los que se asienta el fragmento del fallo de origen que ha conducido al rechazo del resarcimiento pretendido respecto de lo que aquí ha sido materia de agravio.
IV. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan , votaron también por la negativa.
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 16/09/2021 18:06:43 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 17/09/2021 09:41:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/09/2021 18:13:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/09/2021 23:40:39 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/09/2021 08:44:39 - ALFANO Sergio Daniel - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia