Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125635
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que los agravios tratados en los puntos IV.3.a., IV.3.c., IV.3.d. y IV.3.e. no reúnen los requisitos esenciales, y el introducido en el punto IV.3.b ha sido desestimado en casos análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la demanda incoada por Christian David García y, en consecuencia, condenó a Apolo Fish S.A. a abonar las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros de naturaleza laboral, y a Federación Patronal de Seguros S.A. -en parte solidariamente con Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.-, al pago de las prestaciones dinerarias establecidas en el régimen especial de riesgos del trabajo (v. fs. 552/603 vta.).
Para así decidir, y en lo que interesa destacar por ser materia de agravio, juzgó acreditado que, como consecuencia de las tareas prestadas, el accionante padece una incapacidad del 33% del índice de la total obrera.
II. Contra dicho pronunciamiento, las codemandadas Apolo Fish S.A. y Federación Patronal Seguros S.A. deducen sendos recursos extraordinarios de nulidad, mientras que la mencionada en último término articula además la vía extraordinaria prevista en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (v. presentaciones electrónicas de fecha 16-XI-2018 y 20-XI-2018), siendo concedidos por el a quo únicamente los remedios interpuestos por la aseguradora (v. fs. 624, aclaratoria de fs. 640 y vta., y providencia del 24-VIII-2021).
III.1. En el remedio extraordinario de nulidad concedido, la interesada denuncia la violación del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. En sustancia, acusa falta de fundamentación legal y jurídica del fallo atacado.
III.2. El recurso no es de recibo.
III.2.a. En principio corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 112.429, "Casajus", resol. de 26-X-2010; L. 113.715, "Berrozpe", resol. de 6-IV-2011; L. 116.587, "Figueroa", resol. de 1-VIII-2012; L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
III.2.b. Sentado ello, cabe destacar que lo que el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación, cuyo estudio resulta ajeno al remedio intentado, siendo inherente al de inaplicabilidad de ley (causas L. 114.220, "Galván", resol. de 26-X-2011; L. 106.708, "Severino", sent. de 12-VI-2013; L. 117.190, "Almada", sent. de 17-IX-2014; L. 118.619, "Praxair", resol. de 29-IV-2015; L. 120.845, "SATA Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018 y L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020).
En el caso, no se halla vulnerada aquella cláusula constitucional, habida cuenta que la simple lectura del fallo en crisis demuestra que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (causas L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020 y L. 126.258, "Alterino", resol. de 26-V-2021).
III.2.c. Finalmente, resta mencionar que propiciar la anulación de oficio de un pronunciamiento no es propio de los litigantes (causas L. 118.298, "Lillo", resol. de 20-XI-2014; L. 118.805, "Ramírez", resol. de 10-VI-2015 y L. 124.784, cit.).
IV.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la compareciente denuncia absurdo y la violación a las normas y la doctrina legal que cita.
En primer lugar, objeta que el a quo basó su decisión en la declaración de un único testigo. Reprocha el haber tenido por acreditadas las tareas cumplidas por el accionante, las que -señala- no se condicen con lo informado por la empleadora a su parte.
Asimismo, cuestiona el modo en que el juzgador de origen determinó el ingreso base del trabajador, alegando que se apartó de las disposiciones de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Por otro lado, se agravia del porcentaje de incapacidad otorgado, por cuanto no aplicó el sistema de la capacidad restante establecido en el baremo del decreto 659/96.
También denuncia vulnerada el art. 47 de la ley 24.557, al ser condenada al pago de las prestaciones por un infortunio ocurrido más allá de la vigencia del contrato de seguros, cuando ya se había contratado otra aseguradora.
Respecto de los intereses fijados sobre el monto de condena, aduce la incorrecta aplicación en el fallo del art. 770 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Cuestiona que le impusieran las costas por los honorarios de la representación letrada de Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.
Por último, alega violado el tope de los arts. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo y 505 del Código Civil (actual 730, Código Civil y Comercial de la Nación).
IV.2. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019 y L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019 y L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019).
IV.3. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida.
IV.3.a. En primer lugar, por cuanto los agravios dirigidos a cuestionar las tareas cumplidas por el trabajador, así como el porcentaje de incapacidad fijado en el fallo, se encuentran orientados a impugnar la labor axiológica desplegada por el tribunal de grado, cuestiones de índole fáctica, que, como tales, se encuentran excluidas del ámbito de la casación por la vía intentada (causas L. 119.417, "P., A. N.", sent. de 19-XII-2018; L. 120.699, "Caputo", sent. de 6-XI-2019; L. 120.384, "Rocha", sent. de 19-II-2020; L. 121.412, "Peiró Aparisi", sent. de 31-VIII-2020 y L. 126.552, "Rivero", resol. de 6-VIII-2021).
Cabe añadir a lo expuesto que la doctrina que emerge de las causas que cita la recurrente, referidas al vicio de absurdo, no es idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55 de la ley ritual (causas L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015; L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019 y L. 127.380, "Ramos", resol. de 30-VIII-2021), así como tampoco la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020).
IV.3.b. El cuestionamiento referido a la determinación del ingreso base debe rechazarse en atención a lo resuelto por esta Suprema Corte en casos sustancialmente análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.; causas L. 118.011, "Varela", sent. de 15-VII-2015; L. 118.408, "Navarro", sent. de 26-X-2016; L. 118.701, "Taranto", sent. de 31-V-2017; L. 118.658, "Cuartas", sent. de 7-VI-2017; L. 121.058, "Buceta", resol. 26-XII-2018; L. 121.402, "Lombardo", resol. de 10-IV-2019; L. 123.219, "Hudema", resol. de 25-IX-2020 y L. 124.784, cit.). En consecuencia, debe permanecer incólume lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, con relación al periodo computable para calcular el ingreso base, así como a que no debían tomarse en el caso "sólo las remuneraciones sujetas a aportes y contribuciones, con destino al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones".
IV.3.c. No resultan atendibles los agravios referidos a la incorrecta aplicación del art. 47 de la ley 24.557 y a la imposición de las costas por los honorarios de la representación letrada de Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en tanto, respecto de tales tópicos, no se ha denunciado violación de doctrina legal alguna, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por conducto de la excepcional hipótesis habilitante prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 121.181, "Castillo", resol. de 21-II-2018; L. 122.019, "Soria", resol. de 10-IV-2019; L. 124.359, "Sánchez", resol. de 29-VI-2020 y L. 125.162, "Navarro", resol. de 12-II-2021).
IV.3.d. En cuanto al reproche destinado a desvirtuar la parte del pronunciamiento que capitaliza los intereses al capital de condena, cabe reiterar que, tal como se señaló previamente, no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances fijados por esta Suprema Corte- la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 121.208; L. 123.924 y L. 125.062, cits.).
IV.3.e. Finalmente, de la liquidación practicada a fs. 605 y vta. no se observa vulnerada la doctrina que el recurrente denuncia, toda vez que -por el contrario- la definición plasmada por el órgano judicial de grado se halla de acuerdo con aquélla sentada por este Tribunal, en atención que no excede la limitación introducida por la ley 24.432, respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas establecida en los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (ambos según modif. de ley 24.432), receptada en idénticos términos en el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación (causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; L. 89.979, "Saucedo", sent. de 16-IV-2008; L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; L. 98.065, "Cejas", sent. de 3-V-2012 y L. 124.724, "Ibarra", sent. de 8-II-2021; e.o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que los agravios tratados en los puntos IV.3.a., IV.3.c., IV.3.d. y IV.3.e. no reúnen los requisitos esenciales, y el introducido en el punto IV.3.b ha sido desestimado en casos análogos (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/09/2021 16:03:44 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/10/2021 08:18:15 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/10/2021 19:29:39 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/10/2021 11:28:21 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/10/2021 12:07:42 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 07/10/2021 13:17:20 hs. bajo el número RR-1260-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia