Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127085
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata, en lo que interesa, hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por José María Pacheco y, en consecuencia, condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que especificó, en concepto de indemnización por incapacidad laboral parcial y permanente (v. pronunciamiento de fecha 30-XII-2020).
Para así decidir, consideró probado el vínculo causal entre las tareas que realizaba el actor y las afecciones que padece, fijando la minusvalía en un 28,98% del índice de la total obrera.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 16-II-2021), el que fue concedido por el tribunal de grado (v. resolución del 23-II-2021).
En su presentación, en lo esencial, alega absurdo y arbitrariedad en la valoración de las pruebas por parte del juzgador, concretamente de la pericia médica. Cita las normas y la doctrina que considera violadas. Denuncia la transgresión del principio de congruencia y que el a quo se apartó de las reglas de la sana crítica.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, no se observa, en el caso, la concurrencia del déficit denunciado respecto del principio de congruencia.
Ello así, por cuanto éste importa conducir el juicio en términos de razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio e implica que la sentencia se muestre atenta a la pretensión jurídica que forma el contenido de la disputa, de manera tal que dicho principio resulta violado cuando el fallo valora y decide circunstancias ajenas a la forma en que ha sido planteado el reclamo, sin que las partes hayan podido ejercer su plena y oportuna defensa (causas L. 123.729, "Martin", resol. de 1-VI-2020 y L. 124.178, "Monge", resol. de 11-VI-2020), situación que no concurre en el caso.
Por el contrario, la lectura del escrito postulatorio y del pronunciamiento objetado, revela que el sentenciante hubo de ceñirse al pedimento articulado en la demanda respecto de las personas, el objeto y la causa de la pretensión, circunstancia que despeja la posible vulneración del mentado principio procesal (causas L. 122.010, "Cuello", resol. de 10-IV-2019 y L. 123.679, "Calandro", resol. de 1-VI-2020).
III.2. Por otro lado, cabe recordar que determinar el vínculo causal o concausal entre el infortunio sufrido y la minusvalía que afecta al trabajador, como el análisis del material probatorio, constituye una atribución privativa de los jueces de grado y exenta de revisión en la instancia extraordinaria, salvo la eficaz denuncia y acabada evidencia de la configuración de absurdo (causas L. 119.348, "López", resol. de 22-XII-2015; L. 122.162, "Alarcón", resol. de 10-IV-2019 y L. 124.026, "Revoredo", resol. de 16-VI-2020).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.468, "Fonzo", resol. de 22-VIII-2018; L. 123.341, "Mujica", resol. de 6-XI-2019; L. 123.838, "Baldibia", resol. de 19-II-2020 y L. 125.648, "Cañete", resol. de 8-II-2021).
En el caso, el tribunal de grado evaluó en forma pormenorizada las distintas constancias probatorias aportadas a la causa y los antecedentes del trabajador, así como la pericia médica que la impugnante denuncia como erróneamente ponderada y, sobre tales premisas, concluyó que se podían vincular las dolencias halladas en los estudios médicos con el siniestro en cuestión.
III.3. Tales conclusiones no logran ser descalificadas por la recurrente, pues su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el órgano de grado debió valorar las pruebas aportadas al proceso, soslayando que el absurdo sólo queda configurado si media cabal demostración de su existencia, pues no basta con invocarlo, sino que es menester probarlo acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente acreditación del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al juzgador de grado el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 121.570, "Romera", resol. de 26-IX-2018; L. 122.039, "Olivera", resol. de 13-III-2019; L. 123.684, "Feliciano", resol. de 22-VII-2020 y L. 125.648, cit.).
De esta manera, la vía intentada -cabe reiterar- resulta ineficaz para rebatir la decisión de origen, no aportando la recurrente ningún elemento convincente con virtualidad para descalificar su contenido.
III.4. Para más, corresponde señalar que, en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten ajena al cometido de la Suprema Corte, salvo absurdo (causas L. 121.546, "Cabrera", resol. de 28-XI-2018; L. 122.801, "Molina", resol. de 6-XI-2019 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020), vicio que la impugnante -como se dijo- no ha logrado demostrar.
Cabe añadir que las reglas de la sana crítica no resultan aplicables al proceso laboral, en donde rige el sistema de apreciación de la prueba "en conciencia" (art. 44 inc. d, ley 11.653; causas L. 122.880, "Maidana", resol. de 6-XI-2019; L. 124.729, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.648, cit.).
III.5. Finalmente, resta agregar que carece de entidad la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas, cuya configuración está supeditada a la previa verificación de infracción de textos legales (causa L. 92.430 "Galarza", sent. de 20-VIII-2008), hipótesis no configurada en el caso.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/10/2021 13:45:52 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/10/2021 08:42:52 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/10/2021 09:54:49 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/10/2021 16:43:08 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/10/2021 08:11:27 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/10/2021 10:56:54 hs. bajo el número RR-1287-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia