Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124850
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.850, "Rodríguez, Darío Marcelo contra Municipalidad de la Costa y otro/a. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores: Soria, Kogan, Torres, Genoud .
El Tribunal del Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Dolores admitió la demanda promovida y condenó en forma solidaria a la Municipalidad de la Costa y a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que fijó en concepto de indemnización por daños y perjuicios; con costas (v. fs. 270/302 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 19-IX-2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la acción que Darío Marcelo Rodríguez inició contra la Municipalidad de la Costa y Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A, mediante la cual procuraba obtener una reparación integral con fundamento en las disposiciones del Código Civil de Vélez Sarsfield por los daños y perjuicios derivados de la afección lumbar que contrajera a consecuencia del accidente de trabajo que sufrió el día 1 de febrero de 2008 (v. fs. 270/302 vta.).
Para así decidir -en lo que resulta de interés- juzgó demostrado en el veredicto que el actor, quien prestaba servicios para la Municipalidad demandada como guardavidas, al realizar un salvataje en la fecha indicada sufrió un accidente de trabajo, del que derivó la lumbalgia que padece. Detalló el a quo que en ocasión de encontrarse realizando sus tareas habituales, saltó del mangrullo de su puesto de trabajo hacia la arena en el momento en que tres personas solicitaban auxilio, corriendo aproximadamente ciento cincuenta metros por la playa, agregó que, a causa del infortunio, padece una incapacidad del 14,5% del índice de la total obrera (v. fs. 272 y vta.).
Declaró que el accionante logró acreditar los presupuestos propios de la responsabilidad objetiva y subjetiva del principal en los términos de los arts. 1.113 y 1.109 del Código Civil (v. fs. 273/276).
Luego, tras referir que correspondía aplicar en la especie "la teoría de las cargas dinámicas de la prueba", afirmó que Provincia ART S.A. no demostró haber cumplido con los deberes de prevención, control y denuncia de los riesgos del trabajo a su cargo (v. vered., fs. 276 vta. y 277; sent., fs. 296). Puntualizó la orfandad probatoria en que incurrió dicha parte en orden al dictado de cursos de capacitación y a la realización de los estudios médicos previstos en la ley 19.587 y en la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 43/97. Para afirmar su decisión ponderó, asimismo, la declaración testimonial prestada por el señor Prandi, quién manifestó que los guardavidas se sientan en el mangrullo, no se les otorga silla, sombrilla, protector solar, ambulancia de traslado, ni reciben cursos de capacitación; circunstancia -esta última- que juzgó corroborada con el informe remitido por la Municipalidad de la Costa obrante a fs. 246 (v. fs. 277).
Al arribar a la etapa de la sentencia, tras advertir que a la fecha del siniestro la patología sufrida por el actor no se encontraba incluida en el listado de enfermedades profesionales previsto en el art. 6 apartado 2 de la ley 24.557, declaro de oficio su inconstitucionalidad por juzgarla violatoria de la Constitución nacional y de los Tratados de Derechos Humanos que revisten tal jerarquía, enfatizó en el quebrantamiento de los arts. 19 y 28 de nuestra carta magna que receptan los principios alterum non laedere y de razonabilidad de las leyes.
Posteriormente, cotejó las reparaciones a las que accedería el trabajador conforme la Ley de Riesgos del Trabajo y a tenor de la ley civil, y con sustento fundamentalmente en lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Aquino" (sent. de 21-IX-2004) concluyó que el art. 39 de la ley 24.557 resultaba inconstitucional por violar los arts. 14 bis, 16, 17, 19, 28 y concordantes de la Constitución nacional y Tratados de raigambre constitucional.
En ese marco, y establecida la responsabilidad del empleador con basamento en los arts. 512, 1.109 y 1.113 del Código Civil, el tribunal de trabajo se abocó a tratar la correspondiente a Provincia ART S.A., con sustento, ahora, en el art. 1.074 del digesto citado. A la par, expresó que esta responsabilidad tiene su fundamento en el incumplimiento de los deberes que le imponen las leyes 24.557 y su decreto reglamentario 170/96; 19.587 y la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 43/97 (v. fs. 291 vta./295).
Evaluó que si Provincia ART S.A. hubiera actuado conforme a derecho, el daño no se hubiera producido, ya que era previsible su prevención de acuerdo a una diligencia adecuada a la normativa citada, por lo que dispuso que debía responder en base a lo normado en los arts. 512, 1.068, 1.074, 1.078 y concordantes del Código Civil. Argumentó que, en la especie, se verificaron todos los presupuestos necesarios para condenar a la firma aseguradora en los términos del derecho común: daño, antijuridicidad, factor de atribución y relación de causalidad (v. fs. 291 vta. y 292).
Reiteró lo manifestado en el veredicto en el sentido que la aseguradora incumplió sus obligaciones de prevención eficaz de los riesgos laborales, junto con los deberes que emergen de la normativa anteriormente citada, erigiéndose dicha inobservancia en la causa generadora de los daños sufridos por el trabajador (v. fs. 292).
Destacó el juzgador que las aseguradoras son sujetos creados especialmente por la ley 24.557, con el único objeto legal de prevenir los riesgos del trabajo y otorgar las prestaciones del sistema. Con pie en ello, estimó que resultaba plenamente aplicable lo regulado en el art. 902 de Código Civil velezano en el sentido que "...cuanto mayor es el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulta de las consecuencias posibles de los hechos..." (fs. 297).
Con todo, concluyó que Provincia ART S.A. debía responder al amparo del art. 1.074 de dicho digesto por los daños que -como consecuencia del accidente de trabajo- había sufrido el reclamante (v. fs. 298)
II. La aseguradora de riesgos del trabajo condenada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 14, 14 bis, 17 y 18 de la Constitución nacional; 9, 15, 27 y 43 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 45 inc. "c" de la ley 24.557; de la ley 26.773; 19 de la ley 11.653; 68 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, y de la doctrina legal que cita.
II.1. Cuestiona que en la sentencia se haya declarado la inconstitucionalidad de los arts. 6 y 39 de la ley 24.557, decisión que a su criterio resulta violatoria de los derechos de defensa en juicio, igualdad de las partes y debido proceso, configurándose el supuesto de sentencia arbitraria.
En relación con la primera de las normas, aduce principalmente que el listado de enfermedades al que remite no es cerrado y taxativo, toda vez que puede ser ampliado por la Comisión Médica Central conforme al procedimiento establecido por el decreto 1.278/00 y sus normas complementarias. Añade que las comisiones médicas constituyen el organismo profesional idóneo para determinar, con la exactitud y rigor científico que ningún otro experto lo podría hacer, la inclusión de una enfermedad profesional dentro del sistema legal.
En lo que respecta al art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo, afirma que en el precedente "Gorosito" (sent. de 1-II-2002), la Corte federal se expidió por su constitucionalidad, estableciendo que no es posible predicar en abstracto la invalidez constitucional del precepto, cuyo eventual vicio debe ser probado en cada caso por quien lo alegue. Refiere que en ciertas opiniones de la doctrina de los autores se considera que la Corte nacional en el caso "Aquino" no se expidió acerca de la constitucionalidad o no de la opción excluyente, sino que exclusivamente se limitó a habilitar la posibilidad de reclamar con fundamento en el derecho civil, cuestionando la constitucionalidad de la limitación.
En lo cardinal, cierra su argumentación afirmando que de la lectura del fallo apelado no surge concretamente de qué manera los artículos cuya declaración de inconstitucionalidad refuta afectan los derechos que se sostienen vulnerados; a lo que aduna que la declaración de inconstitucionalidad debe ser utilizada como último esfuerzo del sistema republicano.
II.2. Por otro lado, asevera que la decisión impugnada se aparta de la legislación vigente en materia de accidentes y riesgos del trabajo, toda vez que, fue apreciando incorrectamente la prueba, que el tribunal resolvió aplicar los arts. 1.109, 1.113 y 1.074 del Código Civil. Así, afirma que el fallo es arbitrario y violatorio de los derechos y garantías constitucionales referidos al debido proceso.
Argumenta que la parte actora no cumplió con la carga que le incumbía de demostrar los presupuestos que hacen a la procedencia de la responsabilidad civil invocada, a saber: el nexo causal entre las tareas realizadas por el actor y las patologías denunciadas; entre el daño producido en ocasión del trabajo y la omisión o incumplimiento de la aseguradora de sus deberes legales, para recién después condenar a esta última en base a lo normado en el art. 1.074 del Código Civil. Respecto al art. 1.113 del Código Civil, señala que la firma aseguradora no es ni dueña ni guardiana de la cosa riesgosa.
Afirma que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso "Torrillo" (sent. de 31-III-2009), estableció que las aseguradoras deben responder civilmente por los daños que sufriere el trabajador siempre que se demuestre el nexo causal entre el daño y la conducta omisiva o deficiencia en el cumplimiento de los deberes legales en materia de seguridad e higiene.
Asevera que el hecho que la empleadora denunciara el siniestro a la aseguradora y que esta última se haya hecho cargo de las prestaciones, no es óbice para que el actor deba probar las circunstancias fácticas alegadas al invocar normas del derecho civil y pretender una reparación integral.
Finaliza citando cierta doctrina autoral y jurisprudencia.
II.3. Por último, se agravia de la aplicación de la fórmula "Méndez" y del monto indemnizatorio al que arribó el juzgador por resultar -en su criterio- abusivo, arbitrario y violatorio del derecho de propiedad.
Argumenta que el a quo receptó en la sentencia el porcentaje de incapacidad, tal como lo estimó el perito médico en su informe (en base a los baremos de la Tabla de Evaluación de las Incapacidades Laborales de la ley 24.557-decreto 659/96-) aspecto que no fue controvertido por el actor, lo que evidencia a criterio del quejoso su satisfacción con los parámetros que fija la ley especial.
Enfatiza que el quantum indemnizatorio al que arribó el juzgador es excesivo e irrazonable y configura un enriquecimiento sin causa (art. 1.071, Cód. Civ. de Vélez), toda vez que no se compadece con los elementos de juicio ponderados en el fallo. Afirma que tampoco pueden reconocerse los lineamientos que llevaron a su determinación.
A modo de cierre, cita y transcribe parcialmente cierta jurisprudencia de la Corte federal (así, causa "Marando", sent. de 12-IX-2017).
III. En razón de su insuficiencia, el recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente es dable advertir que la condena impuesta a la aseguradora recurrente encuentra fundamento en la circunstancia de haber tenido por acreditado el tribunal de grado la configuración de su responsabilidad civil en los términos del art. 1.074 del Código Civil de Vélez Sarsfield (v. sent., fs. 291/298). Luego, es evidente la inhabilidad de lo argumentado por el recurrente acerca de la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 en su anterior redacción, en tanto ello no formó parte del basamento con el cual el juzgador resolvió responsabilizar a la interesada.
Cabe recordar que es requisito ineludible del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley su adecuada fundamentación, impugnando concreta, directa y eficazmente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión, por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que esta se asienta (causas L. 118.589, "Sosa", sent. de 6-IV-2016 y L. 122.217, "Jara Arias", sent. de 14-XII-2020), doctrina aplicable a la especie.
Otro tanto puede decirse de la objeción emparentada con lo juzgado en torno al art. 6 de la ley 24.557, cuya impugnación carece de todo razonamiento orientado a conectar dicha previsión con el concreto marco normativo en que fue definida la responsabilidad civil de Provincia ART S.A. En otra hipótesis, si bien es cierto que la mencionada norma del régimen de infortunios laborales sufrió sus modificaciones, no es ocioso recordar que precisamente bajo la reforma que trajo el decreto 1.278/00, este Tribunal ha señalado -ya en el ámbito del sistema especial- que corresponde a la justicia provincial dilucidar si la dolencia que afecta al trabajador, y cuyo resarcimiento persigue es consecuencia del trabajo y debe ser indemnizada (causas L. 107.272, "López", sent. de 17-XII-2014 y L. 117.079, "Cuevas", sent. de 15-II-2017).
Lo expuesto es suficiente para desechar la pertinencia de los reproches blandidos en este punto por el impugnante.
III.2. Tampoco es atendible el agravio por conducto del cual el interesado sostiene que se responsabilizó a la aseguradora a partir de una incorrecta apreciación de la prueba, no verificándose -a su juicio- los presupuestos necesarios previstos en la ley civil.
III.2.a. Debe señalarse que, a pesar de encabezar su crítica con aquella aseveración, el impugnante omite denunciar la supuesta configuración del vicio de absurdo en la ponderación llevada a cabo por el tribunal de grado. De suyo, ello determina la insuficiencia de la impugnación.
En efecto, es sabido que esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada para sustentar la impugnación (causas L. 93.167, "Martínez", sent. de 8-VII-2008; L. 94.302, "Occhiuzzi", sent. de 18-II-2009; L. 100.121, "Carrizo", sent. de 26-V-2010 y L. 120.695, "Garbuglia", sent. de 8-III-2021).
III.2.b. Para más, el cuestionamiento está signado por expresiones genéricas que carecen de un adecuado análisis centrado en las concretas circunstancias del caso, y así, por ejemplo, de la individualización de los elementos de prueba ponderados o que en su criterio debieron ponderarse, cuando tampoco se explica de qué modo se habría producido la errónea ponderación que se alega.
Muestra de lo expuesto es la afirmación relativa a que la actora no habría acreditado los presupuestos necesarios para imputar responsabilidad civil a Provincia ART S.A., expresión que se agota en su propia formulación, dado su marcado dogmatismo. Parece no reparar el quejoso en que el juzgador declaró que, en lo concerniente a la prueba del cumplimiento de los deberes de prevención, higiene y seguridad en el trabajo por parte de la firma aseguradora, habría de estarse como principio a "la teoría de las cargas dinámicas", y ello, sin perjuicio de la valoración que desplegó sobre ciertos elementos de juicio arrimados a la causa (prueba testimonial e informativa).
Con todo, no debe olvidarse que determinar si la aseguradora de riesgos del trabajo ha cumplido -o no- con las obligaciones que el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo en materia de seguridad, prevención y control de los riesgos del trabajo es una cuestión privativa de los jueces de grado irrevisable en casación, salvo absurdo (causas L. 117.356, "Garriga", sent. de 23-V-2017; L. 117.634, "Savia", sent. de 25-X-2017 y L. 120.316, "Palacios", sent. de 19-XI-2020), vicio que -como se dijo- no solo no se ha denunciado, sino en un supuesto más favorable, lejos está el recurso de contener afirmaciones con aptitud para convencer acerca de su configuración.
III.2.c. En el contexto delineado, ha de agregarse que la transcripción de fallos de otros tribunales y de la doctrina de autores que se citan en el medio de impugnación, en nada mejora su suerte adversa. Solo constituyen transcripciones parciales que no contienen reflexiones anidadas al particular escenario de la causa.
III.2.d. En definitiva, este tramo de la decisión atacada ha de permanecer firme, pues el tribunal de trabajo estableció la responsabilidad de la aseguradora en los términos del art. 1.074 del Código Civil con base en las inobservancias que registró respecto de las obligaciones concretas que le impone el ordenamiento jurídico (ley 24.557; dec. 170/96; ley 19.587 y resol. de la SRT 43/97), y esta medular conclusión no ha resultado eficazmente desvirtuada.
III.2.e. Resta agregar que luce patentemente extraviada del contexto en que fue resuelto el caso, aquella alegación en la que se sostiene que la aseguradora no es ni dueña ni guardiana de la cosa riesgosa en los términos del art. 1.113 del Código Civil de Vélez Sarsfield, pues -nuevamente- es fácilmente detectable que esa norma no formó parte de la motivación que integra el fallo en lo que concierne a la obligación que puso en cabeza de aquella.
III.3. Tampoco prospera el cuestionamiento tocante a la cuantificación del resarcimiento.
III.3.a. Es doctrina de este Tribunal que la determinación del quantum indemnizatorio en los supuestos en los que se reclama con fundamento en el derecho común constituye una cuestión privativa de los jueces de la instancia ordinaria no susceptible de revisión en casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo o, en su caso, violación de las normas que rigen la reparación integral (causas L. 119.580, "Mendieta", sent. de 2-III-2017; L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018 y L. 120.236, "C., D. G.", sent. de 4-IX-2019).
Concretamente, en lo que concierne a la utilización de la fórmula de la que se sirvió el juzgador para fijar el importe indemnizatorio, el agravio no puede tener cabida en tanto traduce una mera discrepancia subjetiva del interesado respecto de la conclusión que impugna (causa L. 92.935, "P., A. J.", sent. de 25-III-2009).
Tampoco evidencia el recurrente -como sugiere- que el tribunal de la instancia no haya brindado los datos necesarios para reconstruir la operación que desplegó al conformar la cuantía indemnizatoria. Por el contrario, expresamente se señaló en el pronunciamiento que para obtener la reparación integral correspondía tener en cuenta la edad de la víctima, sus ingresos, el porcentaje de incapacidad, la incidencia de la minusvalía en su vida laboral y de relación y la cantidad de años restantes de vida útil, factores que a tenor de la fórmula que detalló arrojaron el resultado representativo del monto indemnizatorio en concepto de daño material, al que se añadió el tocante al perjuicio moral, pérdida de chance y gastos médicos y farmacéuticos, en cada caso, con varias precisiones (v. sent., fs. 285/289).
Adicionalmente, dable es resaltar que lo expresado por el impugnante en el tema en relación con la supuesta satisfacción del actor con los parámetros de la ley especial de infortunios laborales, solo es reflejo de su personal opinión, distante de la que arroja la causa.
Por último, vale reiterar que no cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcan
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