Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 124027
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.027, "Michele, Nelson Omar contra Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y otro/a. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud .
El Tribunal de Trabajo de Trabajo con asiento en la ciudad de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes, acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 362/378 vta.).
Se interpuso, por el Fisco la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 6 de diciembre de 2018).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Nelson Omar Michele y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 y de la compensación adicional prevista en el art. 11 apartado 4 inc. "a" de la misma ley.
Para así decidir, analizó la conducta procesal de la demandada, su confesión ficta ante las posiciones propuestas por la actora, la documentación aportada por ambos litigantes, y los informes brindados por Provincia ART S.A. y tuvo por acreditada la relación de empleo y el accidente de trabajo en los términos descriptos en la demanda. Juzgó verificado que Michele era empleado de la Dirección General de Cultura y Educación provincial y que el día 16 de octubre del año 2013, siendo aproximadamente las 10:20 hs., mientras prestaba tareas en la preceptoría de la Escuela de Educación Secundaria n° 2, se golpeó la rodilla izquierda contra la punta de una cajonera que había sido reforzada con un ángulo de hierro.
Con (i) las constancias del expediente administrativo 014-L-01029/14, tramitado ante la Comisión Médica n° 14 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (v. fs. 90/92); (ii) las conclusiones establecidas en el informe pericial médico (v. fs. 267/272); (iii) la réplica del galeno a la impugnación formulada por la demandada (v. fs. 293 y 297) y (iv) el informe pericial psicológico (v. fs. 289/291 vta.), tuvo demostrada una incapacidad física del 50% y psicológica del 15%, que conforme el criterio de capacidad residual, se traduce en una minusvalía "psicofísica del 57,50% de la t.o. parcial y permanente, de relación causal con el accidente protagonizado [...] con fecha 16/10/2013" (fs. 365 vta.).
Cuantificó la prestación que le correspondía percibir al reclamante -de acuerdo a las pautas indicadas en la norma del citado art. 14 apartado 2 inc. "b"- en $611.744,42 y le añadió -además- el importe de $211.844 en concepto de compensación dineraria adicional de pago único establecida en el art. 11 apartado 4 inc. "a" de la citada ley (v. sent., fs. 372 vta.).
Consideró que los gastos efectuados durante el período de incapacidad laboral temporaria de $2.480, debían ser solventados por la demandada (v. sent., fs. 374).
Aplicó intereses sobre el capital de condena -desde la fecha de exigibilidad y hasta su efectivo pago- a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento a treinta (30) días (v. sent., fs. cit.).
Declaró de oficio la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso de la ley 24.432, por considerar que la materia que regula "pertenece a la órbita legal jurisdiccional exclusiva y no delegada de la Provincia de Buenos Aires" (fs. 374 vta./376 vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado provincial interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 11, 15 y 31 de la provincial; 3 y 505 del Código Civil -ley 340-; 730 del Código Civil y Comercial de la Nación; 12 de la ley 24.557; 3, 8, 17 incs. 5 y 6 de la ley 26.773; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6 y 272 del Código Procesal Civil y Comercial; del decreto reglamentario 472/14; de las leyes 23.928 y 25.561 y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 6 de diciembre de 2018).
II.1. Denuncia absurda valoración de la prueba y objeta que se tuviera por acreditado el infortunio y sus consecuencias dañosas en la salud del promotor del pleito, dejando de lado las impugnaciones formuladas al dictamen del galeno interviniente en autos.
Ello así, no solamente respecto de la causalidad sino también de la minusvalía establecida, así como con relación a la consideración de una patología previa, preexistente, desvinculada de la mecánica del siniestro ocurrido.
Aduce soslayada la ponderación de pruebas aportadas por el actor que -en su opinión- dan la cuenta de la existencia de antecedentes en su rodilla izquierda que no tuvieron vinculación con la lesión meniscal padecida.
Explica que se pasó por alto que el señor Michele, al momento del infortunio era portador de una gonartrosis en su rodilla izquierda, que por su propia impronta incapacitante fue el terreno predisponente para que un golpe de la nimiedad denunciada en autos le ocasionara la ruptura de los meniscos.
Agrega que tampoco se consideró la referencia efectuada por el perito médico relativa a la existencia de un proceso degenerativo.
Alega que en el fallo se viola la letra expresa de la Ley de Riesgos del Trabajo en cuanto al baremo que se utiliza para la merituación de incapacidades. Se aparta de esa pauta cuando se sostiene que la prótesis no se halla contemplada y -afirma- que la incapacidad otorgada del 50% no se condice con la menisectomía que, según dicho instrumento, sólo puede valorarse hasta en un 6%.
II.2. Objeta el modo en que se apreció la actitud asumida por su parte en el proceso, así como los efectos de la confesión ficta.
Indica que en la contestación de la demanda defendió activamente el derecho de su poderdante, respetando la regla procesal que habilita a formular la negativa de los hechos narrados por el actor.
Añade que por lo establecido en el art. 18 de la Constitución nacional, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo y, por lo tanto, tal negativa no conforma una maniobra maliciosa, tal como puntualizó el juzgador de origen. Aduce que la decisión atacada cercena la facultad discrecional del representante del Estado provincial para llevar a cabo el cometido que le asigna la Constitución local.
II.3. Finalmente, controvierte la declaración de inconstitucionalidad pronunciada en la instancia ordinaria respecto a la ley 24.432, en cuanto modificó el art. 505 del Código Civil.
Destaca que la norma en crisis se ha mantenido vigente con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, que en el art. 730 reitera la limitación de la responsabilidad por el pago de las costas con un tope del 25% del monto de la sentencia.
Cita en apoyo de su postura la doctrina legal que esta Suprema Corte sentó, entre otros precedentes que individualiza, en la causa L. 77.859, "Acosta" (sent. de 27-VII-2005), sobre la validez constitucional de la ley objetada y evoca las directrices que la Corte Suprema de Justicia de la Nación plasmó en distintos pronunciamientos sobre el art. 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, según el texto de dicha ley.
Afirma que no se conculca el derecho de igualdad, ya que no se evidencia un fin persecutorio o discriminatorio, sino que -por el contrario- se otorga el mismo tratamiento a todos los profesionales que asisten a la parte no condenada en costas, sea la actora o la demandada, el trabajador o la empleadora, con el objetivo de disminuir los gastos procesales.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. No resultan de recibo los reproches sobre las conclusiones del tribunal de grado sobre la existencia del infortunio y de su nexo causal con la incapacidad que padece el accionante.
III.1.a. En el fallo se tuvo por acreditado el accidente de trabajo denunciado con: (i) la copia del expediente administrativo 014-L-01029/14, tramitado ante la Comisión Médica n° 14 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (v. fs. 90/92); (ii) el resumen del siniestro emitido por la Dirección de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 339) y (iii) las constancias vinculadas con las prestaciones que constan en la documental acompañada por el perito contador, remitidas por Provincia ART S.A. (v. vered., fs. 285/286, 363 vta. y 364).
Ponderó que la aseguradora demandada no discutió en sede administrativa las lesiones en la rodilla izquierda derivadas del infortunio referido que determinó un "esguince de rodilla izquierda-síndrome meniscal". De lo expuesto, concluyó que "...la discusión y negativa de las consecuencias del accidente resultan a todas luces tardías, improcedentes y meramente dilatoria..." (fs. 365).
A su vez, corroboró la existencia de una incapacidad física del 50% como consecuencia directa del infortunio protagonizado el día 16 de octubre de 2013, con sustento en las conclusiones establecidas en el informe pericial médico (v. vered., fs. 365 vta.).
Ello así, en tanto en dicha pieza probatoria el galeno estableció que: a) el actor, debido al accidente denunciado "...sufrió traumatismo de rodilla izquierda con lesión meniscal y osteocondral, con posterior evolución de tres meses llegando a la destrucción articular por lo que necesitó la colocación de un reemplazo total de rodilla. b) La cirugía artroscopía reparadora no se pudo efectuar por no autorizarla en tiempo y forma la ART. c) De haberse intervenido quirúrgicamente en tiempo y en forma el pronóstico hubiese sido distinto. d) Por ser lesiones intrarticulares llevan a la destrucción. e) Las lesiones a tratar en el momento del accidente eran lesión del menisco interno y lesiones ostecondrales [...] g) El porcentaje de incapacidad actual es del 50% cincuenta por ciento en forma permanente y a saber: con el tiempo dicha incapacidad se incrementará por el cambio de prótesis y la extracción de la misma..." (fs. 365).
En este punto, destacó que la demandada impugnó dicha pericia (v. fs. 293) y el perito médico evacuó esas objeciones (v. fs. 297), ratificando las conclusiones señaladas. También declaró "...que no existen constancias en autos de haberse realizado exámenes médicos preocupacionales y/o períodicos respecto del actor, que puedan verificar la preexistencia de alguna lesión, ni así tampoco que rebatan lo expuesto por el Experto..." (fs. 365 y vta.).
A la par, con apoyo en la valoración del informe pericial psicológico agregado a la causa (v. fs. 289/291 vta.), tuvo por comprobado que el señor Michele "...presenta síntomas propios de un trastorno depresivo con alteraciones de carácter psíquico tales como angustia, temores e inestabilidad emocional, que tienen como causa los padecimientos y limitaciones físicas, y que como consecuencia de ese cuadro sufre una incapacidad del 15%..." (fs. 365 vta.).
Con todo, conforme al criterio de capacidad residual, declaró demostrado que "...el actor sufre una incapacidad psicofísica del 57,50% (50% incap. física + 15% incap. psic. s/ 50% CR) de la t.o. parcial y permanente, de relación causal con el accidente protagonizado por el actor con fecha 16/10/2013..." (fs. cit.).
Fundó su decisión en los arts. 354 incs. 2 y 3, 375 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial y 26, 29, 37, 40, 41, 44 inc. "d" y 63 de la ley 11.653 (v. vered., fs. cit.).
III.1.b. Sostiene esta Suprema Corte que determinar si se demuestra -o no- el acaecimiento del accidente de trabajo invocado, o si tiene relación causal con la incapacidad que presenta el trabajador, constituyen premisas derivadas del ejercicio de facultades privativas de los jueces de grado, exentas de revisión en la instancia extraordinaria, salvo que se denuncie y demuestre que las conclusiones establecidas al respecto están invalidadas por absurdo (causas L. 116.867, "Wesner", sent. de 7-V-2014; L. 117.997, "Martínez Ortega", sent. de 19-X-2016; L. 119.399, "Roh", sent. de 14-VI-2017; e.o.).
Bajo esas directrices, el recurso bajo examen se advierte insuficiente ya que pese a invocar el señalado vicio lógico, el agraviado no consigue demostrarlo.
III.1.b.i. Así lo concluyo ya que el recurrente reitera en esta sede casatoria los argumentos ya realizados en la instancia ordinaria al impugnar el informe pericial médico, en especial, en lo concerniente a la supuesta preexistencia de patologías, que -como se reseñó- el tribunal descartó en el caso (v. vered., fs. 365). Partiendo de su propia opinión sobre la eficacia probatoria que corresponde asignar a la referida experticia y a las constancias aportadas por el actor, no logra desvirtuar el análisis realizado por el juzgador de origen con relación a esos medios probatorios para sostener cuál es la incapacidad derivada del accidente de trabajo.
Resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que -como en el caso- se funda en meras discrepancias con las conclusiones esenciales del fallo, intentando sustituir el criterio de los jueces de mérito, sin acreditar el error grave, palmario y fundamental, susceptible de invalidar el pronunciamiento dictado (causa L. 91.608, "Saravia", sent. de 6-VI-2011).
III.1.b.ii. El impugnante se limita a cuestionar el modo de apreciación de la prueba y su actitud asumida en el proceso, pero no rebate el examen del sentenciante de los otros medios probatorios (a saber: la copia del expte. adm. 014-L-01029/14, tramitado ante la Comisión Médica n° 14 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el resumen del siniestro emitido por la Dirección de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de la Dirección Gral. de Cultura y Educación de la Pcia. de Bs. As., y la documental acompañada por el perito contador, que le fuera remitida por Provincia ART S.A.), que lo llevó a juzgar que, ya en sede administrativa, se habían verificado las lesiones en la rodilla izquierda del actor derivadas del infortunio referido, y por lo tanto que "...la discusión y negativa de las consecuencias del accidente resultan a todas luces tardías, improcedentes y meramente dilatoria..." (fs. 364 vta. y 365).
Conviene recordar que no es atendible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que soslaya impugnar en forma concreta, directa y eficaz todas las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, dejando incólume lo resuelto por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que se asienta (causa L. 125.018, "Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor -SMATA-", sent. de 8-II-2021).
III.2. Tampoco prospera el lacónico cuestionamiento sobre el grado de minusvalía reconocida al actor, ya que la genérica crítica del interesado bajo la expresión vinculada a la denuncia de violación "...de la letra expresa de la LRT en cuanto al baremo..." es insuficiente para demostrar el mentado yerro o tener por verificada en esa sede extraordinaria la acabada observancia de las exigencias previstas en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
Tiene dicho esta Suprema Corte que, para cumplir con este último cometido, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe individualizar y denunciar la infracción de los preceptos legales vinculados al agravio que expone (causa L. 102.095, "Lescano", sent. de 1-IX-2010; e.o.).
III.3. El planteo vinculado con la ley 24.432, modificatoria de los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, prospera con el alcance que expondré.
Como fuera señalado, el tribunal de grado declaró la inconstitucionalidad e inaplicabilidad al caso de la ley indicada por considerar que la materia que regula corresponde a la órbita jurisdiccional exclusiva y no delegada de la Provincia de Buenos Aires (v. sent., fs. 374 vta./376 vta.).
Cabe recordar que la limitación respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas prevista en los arts. 1 y 8 de la ley citada -que incorporaron un nuevo párrafo a los referidos arts. 505 del Código Civil (ley 340) y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo- fue considerada constitucional y aplicable en el ámbito provincial por esta Suprema Corte, en reiterados pronunciamientos emitidos por mayoría (v.gr. causas L. 77.914, "Zuccoli"; sent. de 2-X-2002; L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; L. 112.832, "G., D. H.", sent. de 2-V-2013; L. 117.427, "Caraballo", sent. de 20-V-2015; L. 118.434, "Virgili", sent. de 12-IV-2017; e.o.). Además, como señala la recurrente, tal prescripción fue receptada en idénticos términos en el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Lo expuesto es suficiente para revocar la sentencia impugnada en cuanto en ella juzgó inaplicable la mencionada ley 24.432 (modificatoria de las citadas normas legales), declarar su validez constitucional y, en consecuencia, devolver los autos al tribunal de grado para que, en el momento procesal oportuno, en su caso, haga operativa la limitación contenida en dichos preceptos.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído con el alcance indicado en el punto III.3. del presente voto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al sufragio emitido por mi distinguido colega doctor Torres.
Sólo he de señalar que en aquello vinculado con lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad de la ley 24.432, lo hago, remitiendo por razones de brevedad a la opinión que brindé en las causas L. 89.979, "Saucedo" (sent. de 16-IV-2008); L. 98.065, "Cejas" (sent. de 3-V-2012) y L. 118.411, "Scatorccio" (sent. de 21-XI-2018).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del doctor Torres.
Y, en lo concerniente a la declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.432 decretada por el tribunal de grado, remito -en lo que resulte pertinente- a los argumentos que hube de exponer al emitir mi voto en las causas L. 74.119, "Hait" (sent. de 11-VIII-2010); L. 117.286, "Rodríguez" (sent. de 17-VII-2015) y L. 121.786, "Ortellado" (sent. de 4-VIII-2020).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto que inicia el Acuerdo.
En ese orden, comparto la propuesta de la colega ponente de rescindir la declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.432, de conformidad con la postura que sostuve al sufragar las causas L. 73.148, "Sciandra" y L. 75.196, "Santillán" (sents. de 12-III-2003); L. 117.427, "Caraballo" (sent. de 20-V-2015); L. 118.411, "Scartoccio" (sent. de 21-XI-2018) y L. 119.955, "Duarte" (sent. de 14-VIII-2019), a las que remito por motivos de brevedad.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto III.3. del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin que obre de conformidad con lo aquí resuelto.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, atento el progreso parcial del recurso (arts. 68, seg. párr. y 289, CPCC).
Regístres
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.