Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 125682
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal del Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Morón hizo lugar a la acción incoada por Juan Carlos Troppiani contra la Municipalidad de Morón y Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., condenándolas -solidariamente- a abonar la suma que especificó en concepto de reparación integral con fundamento en el derecho común (v. fs. 666/677 vta.).
Para así decidir, en primer lugar, rechazó la excepción de prescripción opuesta por las demandadas, con sustento en que, entre la fecha de toma de conocimiento de la incapacidad (6-XII-2007) y la que se interpuso la demanda (15-X-2008), no había transcurrido el plazo establecido en el art. 44 de la ley 24.557.
Luego, señaló -con apoyo en las pruebas producidas, especialmente la técnica y médica- que las dolencias incapacitantes que afectan al actor se vinculaban con las tareas riesgosas que desarrollaba para la comuna demandada, sin que se le brindaran al dependiente elementos de protección adecuados ni capacitación. Asimismo, concluyó que la aseguradora no realizó controles ni recomendaciones vinculadas a la forma que debían ejecutarse las actividades del trabajador y las medidas de seguridad establecidas en la ley.
II. Frente a lo así resuelto, Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y la Municipalidad de Morón dedujeron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fecha 12-II-2020), siendo concedido por el a quo únicamente el primero de los nombrados (v. fs. 702/704 vta.).
A su turno, esta Suprema Corte desestimó el recurso de queja articulado por la comuna accionada (v. resol. electrónica de fecha 10-V-2021).
III. En el único remedio respecto del cual corresponde pronunciarse, la aseguradora demandada, luego de desarrollar ciertas consideraciones respecto de las características del sistema de seguridad social dentro del que -a su juicio- se inserta la ley 24.557, plantea los siguientes agravios:
En primer lugar, le reprocha al a quo haber omitido la cuestión federal articulada en la contestación de la demanda.
Asimismo, se agravia de la declaración de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557. Defiende la validez de esta norma, en tanto instaura un subsistema de seguridad social destinado a prevenir y reparar los daños derivados de infortunios laborales, con eficacia y costos sustentables.
A su vez, alega que el sentenciante, al haberla condenado en forma solidaria en los términos del derecho común, vulneró las directrices establecidas por la Corte federal en el precedente "Aquino" (sent. de 24-IX-2004).
En último lugar, denuncia absurdo en la valoración de la prueba a los fines de determinar la fecha de toma de conocimiento y/o consolidación del daño del actor y rechazar de esta manera la excepción de prescripción opuesta.
III.1. El recurso no prospera.
III.2. El primer agravio reseñado es notoriamente improcedente, por cuanto se dirige a evidenciar la supuesta preterición en el tratamiento de cuestiones esenciales que, tal como lo ha dicho en reiteradas ocasiones esta Corte, es materia propia del recurso extraordinario de nulidad y ajena, por ende, al de inaplicabilidad de ley (art. 296, CPCC; causas L. 112.590, "Escudero", sent. de 9-IV-2014; L. 107.358, "López", sent. de 15-VII-2015; L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016; L. 121.123, "Etcheverry", resol. de 18-IV-2018 y L. 122.531, "Fernández", resol. de 12-VIII-2019).
III.3. Por otro lado, e invirtiendo el orden de los agravios ensayados, por razones metodológicas, cabe recordar que esta Corte ha dicho que, determinar el comienzo del curso de la prescripción, como así también su eventual interrupción o suspensión, constituye una cuestión reservada a la apreciación de los jueces de grado y las conclusiones que al respecto formulen no son susceptibles de revisión en la instancia extraordinaria, salvo efectiva demostración de absurdo (causas L. 121.452, "Ford", resol. de 4-VII-2018; L. 122.895, "Ríos", resol. de 18-IX-2019; L. 122.643, "Casali", resol. de 23-X-2019; L. 124.703, "Canollan", resol. de 28-VIII-2020 y L. 125.171, "Palacios", resol. de 2-III-2021).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo (causas L. 121.001, "Ledesma", resol. de 7-III-2018; L. 123.652, "Zalazar", resol. de 6-VII-2020 y L. 125.471, "Chiminelli", resol. de 6-XI-2020).
En el caso, si bien la recurrente denuncia la existencia del mentado vicio, sus alegaciones no son hábiles para comprobarlo, en tanto no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo decidido, pues sólo exteriorizan una mera discrepancia con el pronunciamiento de origen en torno a la definición fáctica censurada -vinculada al punto de partida para el cómputo de la prescripción-, apoyándose en un nuevo análisis del material probatorio obrante en la causa según su personal criterio valorativo, método que reiteradamente esta Corte ha considerado ineficaz a dichos fines (causas L. 101.295, "Zakowicz", sent. de 1-IX-2010; L. 116.157, "Rosso", sent. de 25-IX-2013; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014; L. 111.610, "Gómez", sent. de 29-X-2014 y L. 120.971, "Cepeda", resol. de 20-XII-2017).
Recuérdese que no constituye absurdo cualquier error o la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, pues se requiere algo más: la evidencia de un vicio lógico en el razonamiento del juzgador o de una grosera desinterpretación material de alguna prueba (causas L. 114.168, "Sánchez", resol. de 18-V-2011; L. 114.614, "Pintor", resol. de 14-IX-2011 y L. 116.954, "Dipiero", sent. de 6-VIII-2014), lo que -a tenor de lo dicho- no se verifica en la especie.
Además, es dable reiterar que la apreciación, jerarquización y selección de la prueba aportada a la causa es atribución privativa del tribunal de trabajo, que no conoce más límite que la conciencia del juez, esto es, su prudencia jurídica (causas L. 124.195, "Gómez", resol. de 2-X-2020; L. 124.092, "Arévalo", resol. de 10-VIII-2020 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
III.4. Igual suerte adversa han de correr los cuestionamientos en cuanto sostiene que su obligación se halla limitada únicamente a las prescripciones de la citada ley 24.557.
III.4.a. Ingresando en el análisis de las críticas que formula la recurrente respecto a la responsabilidad civil que le fuera atribuida, debe aclararse, en primer lugar, que su parte fue condenada con sustento en el art. 1.074 del Código Civil y no, como contrariamente se afirma en el recurso, en los términos de los arts. 1109 y 1113 del código velezano, y ello así, por no haber cumplido con los deberes que, en materia de vigilancia, control y prevención de los riesgos del trabajo, el sistema de la ley 24.557 pone a su cargo (v. sexta cuestión del veredicto).
Tal equívoco se ve reflejado, además, en la argumentación por la que la interesada intenta demostrar que en la especie no se encuentra verificada la existencia de nexo causal alguno entre una cosa riesgosa -de su propiedad o guarda- y las enfermedades que contrajo el actor, resultando, tales alegaciones inatendibles.
III.4.b. Por otra parte, lucen insuficientes los reproches estructurados bajo la premisa de que, en virtud de lo que prescribe el art. 39 apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en ningún supuesto la aseguradora se encuentra obligada a una reparación en los términos del Código Civil.
En primer lugar, por cuanto, orientada a postular la suficiencia reparatoria de la ley 24.557 y señalar -en ese marco- que sus obligaciones se reducen al otorgamiento de las prestaciones allí previstas, la crítica deja incólume las motivaciones sobre las cuales se estructura la decisión del a quo de atribuirle responsabilidad en los términos del art. 1.074 del Código Civil de Vélez Sarsfield.
Al respecto, resulta oportuno destacar que la posibilidad de que las aseguradoras de riesgos del trabajo puedan ser eventualmente juzgadas en el marco del derecho común en virtud de incumplimientos de los deberes de prevención y control, ha sido admitida por esta Suprema Corte en el precedente L. 98.584, "Bordessolies de Andrés", (sent. de 25-XI-2009), en una definición reiterada -entre otras- en las causas L. 100.966, "Zapata" (sent. de 14-IX-2011); L. 103.075, "Vallejos" (sent. de 21-XII-2011); L. 117.314, "Gorosito" (sent. de 16-VII-2014) y L. 125.664, "Rodríguez" (resol. de 15-IX-2021), en línea con el criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa T.205.XLIV "Torrillo, Atilio Amadeo y otro c/ Gulf Oil Argentina S.A. y otros/ daños y perjuicios" (sent. de 31-III-2009) y continuado en el caso P.685.XLV "Pacheco, Antonio Manuel c/ La Holando Sudamericana Compañía de Seguros S.A. y otro. s/ Accidente acción civil" (sent. de 26-III-2013).
III.4.c. Por otra parte, cabe recordarle a la recurrente que a partir de la sanción de la ley 24.557, las aseguradoras se han convertido -en concurrencia con el empleador- en sujetos pasivos de la carga de prevención de los infortunios laborales, objetivo primordial que llevó a la sanción de este cuerpo normativo. En consecuencia, no resulta aceptable entender que aquéllas sean meras espectadoras del hacer del empleador con el fin de prevenir los riesgos del trabajo, toda vez que, muy por el contrario, en el diseño normativo en examen se les ha otorgado un rol esencial para lograr los objetivos previstos (causas L. 101.094, "Berthet", sent. de 27-IV-2011; L. 114.126, "Colombo", sent. de 15-V-2013; L. 117.447, "Eyzaguirre", sent. de 29-IV-2015; L. 116.955, "Enriquez", sent. de 29-III-2017; L. 122.572, "Silva Baeza", resol. de 26-XII-2019 y L. 125.035, "Gutiérrez", resol. de 9-XII-2020).
III.5. Sin perjuicio de otras consideraciones, también resulta erróneo el denunciado apartamiento de la jurisprudencia establecida por la Corte nacional en el caso "Aquino" (sent. de 21-IX-2004), toda vez que en dicho precedente no se debatió la cuestión relativa a la responsabilidad civil extracontractual de las aseguradoras derivada de la omisión de los deberes de prevención y control de los riesgos del trabajo (cfr., con relación a la inhabilidad de agravios como el que se examina, causa L. 117.314, "Gorosito", sent. de 16-VII-2014).
III.6. Finalmente, no mejora la suerte del recurso la denuncia de violación de garantías constitucionales, que sería eventual consecuencia de haberse quebrantado, primeramente, preceptos legales de la materia de que se trata (causas L. 121.623, "Larraga", resol. de 5-XII-2018 y L. 124.345, "Greco", resol. de 19-VIII-2020), supuesto que -a tenor de lo expuesto- no se ha verificado en el caso en examen.
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 21/10/2021 17:18:35 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2021 07:46:18 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2021 09:37:05 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/10/2021 21:30:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/10/2021 08:12:33 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/10/2021 11:23:02 hs. bajo el número RR-1344-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia