Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127753
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Genoud, Torres y Soria dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de La Matanza hizo lugar a la demanda promovida por María Laura Buenahora y, en consecuencia, condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle la suma que indicó, en concepto de prestación dineraria por incapacidad laboral permanente parcial prevista en la ley 24.557 (v. sent. de fecha 11-VI-2021).
Para así decidir, con fundamento en la pericia médica, tuvo por acreditado que la actora presenta una incapacidad laborativa del 13,36% del índice de la total obrera, como consecuencia del accidente acontecido, correspondiendo 3,36% a la minusvalía física y 10% a la psicológica.
Luego, para calcular la prestación de pago único establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, actualizó el ingreso base mensual conforme el índice RIPTE, de conformidad con lo establecido por el decreto 669/19, juzgando que su aplicación en la especie resultaba claramente beneficiosa para el trabajador.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 2-VII-2021), el que fue concedido por el a quo en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. resol. electrónica del 3-VIII-2021).
Con denuncia de violación del principio de congruencia y su doctrina, se agravia, en primer lugar, que el juzgador hubiera tenido por acreditada la existencia de incapacidad psicológica, la que aduce no fue peticionada en el escrito de inicio.
Por otro lado, objeta el modo en que fue calculado el ingreso base, alegando la errónea aplicación del decreto 669/19.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida respecto del primer agravio traído, desde que las únicas doctrinas que se denuncian vulneradas refieren al principio de congruencia, cuyo examen, tal como reiteradamente lo ha señalado esta Corte, se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 enunciada (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 126.572, "Castelli", resol. de 26-V-2021).
Para más, cabe señalar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 125.504, "Dam", resol. de 28-IV-2021).
III.3. Por otro lado, en lo que concierne al cuestionamiento dirigido a objetar la errónea aplicación del decreto 669/19 en cuanto al modo de calcular el ingreso base, no se observa la concurrencia del citado supuesto excepcional, por cuanto en la pieza impugnativa ni siquiera se denuncia vulneración de doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto por conducto de la presente vía (causas L. 121.119, "Sosa", resol. de 11-IV-2018; L. 124.429, "López", resol. de 21-IX-2020; L. 125.381, "Vasconcene", resol. de 9-XI-2020 y L. 126.774, "Martínez", resol. de 30-VIII-2021).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado III.2., primer párrafo- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/11/2021 15:59:24 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2021 16:24:56 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2021 21:13:21 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/11/2021 08:28:50 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2021 08:14:21 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/11/2021 08:04:37 hs. bajo el número RR-1535-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia