Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127397
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar a la demanda interpuesta por Julián Lavandeira y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de la prestación dineraria establecida en el artículo 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557. A dicho monto le adicionó intereses en la forma y modo que determinó (v. pronunciamiento de fecha 3-VIII-2020).
II. Contra la decisión de grado, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 17-VIII-2020).
En su presentación, la aseguradora objeta la tasa de interés que el órgano judicial de grado ordenó aplicar al capital de condena con fundamento en la ley 27.348, denunciando vulnerada la doctrina emergente de las causas L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009); L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013); L. 118.615, "Zóccaro" (resol. de 11-III-2015) y L. 118.587, "Trofe" (sent. de 15-VI-2016), entre otras, destacando que este superior Tribunal se pronunció por la aplicación de la tasa de interés que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación, la cual -afirma- "se ha mantenido en forma ininterrumpida hasta la actualidad".
III. Mediante resolución del 9 de abril de 2021, el órgano judicial de origen resolvió "Conceder el Recurso de violación de doctrina legal y desestimar el recurso de Inaplicabilidad de Ley interpuesto por la parte demandada (arts. 278, 279 y 280 del C.P.C.C. y arts. 55, 56 y 63 de la Ley 11.653)".
IV. El remedio no prospera.
IV.1. De modo liminar, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado por la diferencia que se verifica entre el importe proveniente del cálculo de los intereses conforme lo establecido por el a quo y el que habría de obtenerse conforme el planteo de la recurrente-, no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 111.056, "Kessler", resol. de 21-VIII-2013; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015 y L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal a la fecha del pronunciamiento impugnado, violación -cabe destacar- que se produce cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.919 "García", sent. de 6-V-2015; L. 125.349, "Bustamante", resol. de 14-XII-2020 y L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021).
IV.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que la doctrina traída por la recurrente en apoyo de su pretensión ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 103.554, "Velozo", sent. de 15-VI-2011; L. 107.939, "Continiello", sent. de 3-X-2012; L. 116.853, "Salomón", resol. de 23-XII-2014; L. 120.015, "Zarate", resol. de 8-II-2017; L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.483, "Lofaro", resol. de 4-II-2021 y L. 126.394, "Caruso", resol. de 26-V-2021).
En efecto, en los precedentes invocados por la parte recurrente, el núcleo central de la cuestión sometida a conocimiento de este Tribunal radicaba en la fijación, por conducto de la estimación judicial, del tipo de tasa de interés a aplicar en los términos del art. 622 del Código Civil respecto de la liquidación de deudas derivadas de obligaciones, cuando ni las partes ni la legislación especial preveían una alícuota determinada.
Dichos antecedentes difieren sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, donde el tribunal de grado declaró aplicable una tasa de interés fijada normativamente (art. 11 de la ley 27.348), lo que determina el fracaso de la impugnación por la inaplicabilidad en la especie de la doctrina que aquí se denuncia violada (causas L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020; L. 122.776, "Galeno", sent. de 27-VII-2020 y L. 125.483, cit.).
Por lo demás, cabe añadir que tampoco devienen idóneas, a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, las doctrinas referidas al vicio de absurdo (causas L. 121.360, "Gómez", resol. de 11-VII-2018; L. 124.023, "Albide", resol. de 30-VI-2020; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020 y L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021).
V. Finalmente, corresponde hacer una observación a los integrantes del tribunal de trabajo actuante, para que, al momento de analizar la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal -único-, cumplan con estrictez lo dispuesto por los arts. 281 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/11/2021 15:59:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2021 16:24:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/11/2021 21:13:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/11/2021 08:28:48 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/11/2021 08:14:16 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 24/11/2021 08:04:15 hs. bajo el número RR-1531-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia