Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126724
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, ya que los cuestionamientos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que los planteos articulados en el punto IV.2. no reúnen los requisitos esenciales, y que el tratado en el IV.3. ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Campana, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, rechazó la demanda promovida por Paola Patricia Prevot contra la Provincia de Buenos Aires y Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en concepto de diferencia de indemnización por incapacidad parcial y permanente por accidente de trabajo en los términos de la ley 24.557. Asimismo, también desestimó la acción articulada exclusivamente contra la citada aseguradora, por la cual se procuraba una reparación integral con sustento en el derecho común (v. pronunciamiento de fecha 16-IX-2020).
Para así decidir, consideró acertado el salario utilizado en sede administrativa para el cálculo del ingreso base mensual y su aplicación para liquidar la prestación dineraria prevista en la Ley de Riesgos del Trabajo. Por otro lado, juzgó no verificado que la demandante presente una incapacidad superior a la fijada por la Comisión Médica interviniente.
Del mismo modo, estableció no demostrada la defectuosa atención endilgada por la accionante a la aseguradora, con apoyo en las normas del derecho común.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 1-X-2020), los que fueron concedidos por el a quo, si bien el segundo en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, únicamente respecto del agravio dirigido a impugnar el rechazo de las prestaciones sistémicas. Mientras que, en relación al cuestionamiento dirigido a atacar la desestimación de la reparación integral, ningún reparo admitió en cuanto a su admisibilidad (v. providencia de fecha 27-X-2020). Habiéndose conferido vista al señor Procurador General con fecha 3 de junio de 2021, se presentó el dictamen (v. archivo adjunto de la presentación de fecha 13-VII-2021).
III. En la primera de las vías interpuestas, la impugnante denuncia violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Alega que el tribunal omitió resolver el planteo relativo a la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, en relación a las pautas para determinar el valor del ingreso base mensual que debió tomarse para el cálculo de las prestaciones dinerarias previstas en la citada ley especial.
III.1. Al respecto, corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 93.996, "Pérez Baglivo", sent. de 19-X-2011; L. 100.717, "Miño", sent. de 28-XII-2011; L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
III.2.a. Así, en el caso, el embate deducido deviene improcedente, en tanto no media violación del art. 168 de la Carta local en la especie, pues el ataque constitucional formulado en torno de la disposición de la ley 24.557 antes citada que se invoca preterido, mereció consideración en el fallo, en el que los juzgadores de grado expusieron las razones por las cuales concluyeron que su tratamiento devenía abstracto (v. sent. de 16-IX-2020).
En esas condiciones, no existe infracción de la cláusula constitucional bajo análisis, porque sabido es que la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que genera la nulidad del pronunciamiento, es aquélla en la que incurre el tribunal sentenciante por descuido o inadvertencia, pero no la que se desprende de la convicción -acertada o no- pero exteriorizada en el fallo de que una o más de esas cuestiones no deben o no pueden ser tratadas (causas L. 106.945, "Calabrese", sent. de 31-X-2012; L. 110.773, "Asensio", sent. de 13-XI-2012; L. 117.550, "Ubach", resol. de 5-II-2014 y L. 121.377, "Rossi", resol. de 11-IV-2018).
Para más, dable es advertir que el ataque articulado carece de andamiaje desde que -bajo el aparente reproche de omisa consideración de cuestiones esenciales- las objeciones se dirigen a impugnar la forma en que el juzgador abordó y resolvió la contienda, remitiendo los planteos a la imputación de típicos errores in iudicando , que -como es sabido- resultan ajenos al carril intentado y propios del de inaplicabilidad de ley (causas L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
III.2.b. Finalmente, deviene inatendible la invocada violación del art. 171 de la Constitución provincial, desde que dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 125.493, "Razquin", resol. de 30-XI-2020 y L. 126.646, "Verdugo", resol. de 17-VIII-2021), hipótesis que no concurre en la especie.
IV. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con denuncia de absurdo, la compareciente indica las normas y la doctrina legal que considera violadas. Asimismo, controvierte la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y acusa violación del principio de congruencia.
En primer lugar, sostiene que la trabajadora, como consecuencia de las afecciones padecidas, ostenta un grado de incapacidad mayor que el determinado en el pronunciamiento impugnado. En ese orden, cuestiona la valoración de las probanzas de la causa, especialmente el alcance otorgado al contenido del informe pericial médico. Impugna la inaplicabilidad del decreto 669/19 al caso de marras.
Por otro lado, alega que no pudo válidamente el a quo desestimar el reclamo con sustento en el derecho común esgrimiendo que no se había acreditado el obrar negligente de los prestadores médicos asignados por la aseguradora. Afirma, además, que, tratándose de una relación de consumo, el tribunal de origen debió aplicar la normativa sobre derechos del consumidor. Luego, refiere que se ha vulnerado el principio de la carga dinámica de la prueba, toda vez que el prestador de servicios se encontraba en mejor situación que la reclamante para aportar los elementos necesarios para resolver la contienda de autos.
IV.1. El recurso no puede prosperar.
IV.2. Como se adelantó, la objeción en torno al rechazo de la pretensión por el cobro de diferencias en el pago del resarcimiento previsto en el régimen especial, ha sido concedida por el a quo en el marco de la excepción prevista en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, por juzgar insuficiente el monto de lo cuestionado, lo que no mereció objeciones.
En consecuencia, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019), hipótesis que se configura cuando se ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
Bajo las señaladas premisas, no se verifica la concurrencia del supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, en tanto el planteo recursivo propuesto remite -en rigor- al análisis de típicas cuestiones fácticas y probatorias, ajenas al ámbito de la casación por la vía indicada (causas L. 117.121, "Bustos", sent. de 15-VII-2015; L. 121.646, "Martínez Aquino", resol. de 5-XII-2018 y L. 125.478, "Klezli", resol. de 20-XI-2020).
Asimismo, cabe agregar que la cita de doctrina legal deviene ineficaz si -como sucede en el caso- los precedentes invocados en el recurso han sido elaborados sobre la base de presupuestos fácticos diferentes a los propios del caso en juzgamiento (causas L. 117.361, "López Aguado", sent. de 16-VII-2014; L. 122.662, "Gómez", resol. de 26-XII-2019 y L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021).
IV.3.a. Luego, corresponde habilitar esta instancia extraordinaria sin restricciones (arts. 278, CPCC; 55, ley 11.653) con relación al examen de la crítica dirigida a impugnar la parcela del pronunciamiento que desestimó la acción en procura de la reparación integral de daños, motivada en una presunta defectuosa atención por parte de la aseguradora. Ello así, toda vez que, conforme lo determinado por el juzgador de origen en el auto de concesión ya referido, el valor del litigio -a ese respecto- supera el umbral establecido en la normativa adjetiva (art. 278 cit.).
IV.3.b. En estas condiciones, el embate introducido por la interesada no contiene un desarrollo argumental apto para demostrar el agravio alegado.
IV.3.c. En ese sentido, cabe destacar que esta Corte ha declarado que determinar si se configuran -o no- los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del derecho común, son facultades privativas de los jueces de mérito, cuyas conclusiones al respecto no son revisables en la instancia extraordinaria salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoque (causas L. 121.095, "Cimadevilla", resol. de 11-IV-2018; L. 120.951, "Gigena", sent. de 4-IX-2019 y L. 125.092, "Rossi", resol. de 9-XII-2020).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco", resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020), ya que no cualquier equívoco, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones alcanzan para configurarlo (causas L. 121.001, "Ledesma", resol. de 7-III-2018; L. 123.652, "Zalazar", resol. de 6-VII-2020 y L. 125.471, "Chiminelli", resol. de 6-XI-2020).
En ese marco, si bien la interesada ha denunciado el referido vicio, se advierte que no logra descalificar la esencial motivación del fallo recurrido -vinculada, como se indicó, a la falta de acreditación de la mala praxis médica o la defectuosa atención de las afecciones sufridas-, en tanto su impugnación transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el sentenciante debió ponderar la prueba aportada al proceso, soslayando que el absurdo sólo queda configurado si media cabal demostración de su existencia.
Resulta evidente, pues, que no basta con invocar el señalado vicio, sino que es menester probarlo acabadamente a través de una correcta y concreta fundamentación, ya que la vía extraordinaria no puede abrirse sin una eficiente demostración del error, resultando insuficiente el agravio cuyo contenido sólo se dirige a disputarle al sentenciante el ejercicio de la facultad que le asiste en materia de selección, jerarquización y meritación de la prueba (causas L. 122.801, "Molina", resol. de 6-XI-2019; L. 124.092, "Arévalo", resol. de 10-VIII-2020 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
IV.3.d. Por su parte, en lo relativo a la denunciada transgresión a las reglas de la carga de la prueba, el interesado no evidencia que el fallo luzca apartado de la directiva impuesta por el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial, toda vez que conforme tiene establecido esta Corte, dicho precepto sólo se quebranta cuando el juzgador, alterando las reglas del onus probandi , impone a una parte la obligación de acreditar hechos cuya prueba correspondía a la otra (causas L. 118.303, "Bellendier", resol. de 15-IV-2015; L. 117.225, "Ruiz Díaz", sent. de 22-IV-2015 y L. 124.111, "Ferreyra", resol. de 16-VI-2020), hipótesis expresamente descartada en el sub lite .
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, ya que los cuestionamientos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y denegar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que los planteos articulados en el punto IV.2. no reúnen los requisitos esenciales, y que el tratado en el IV.3. ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/11/2021 16:09:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/11/2021 20:36:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/11/2021 08:43:49 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2021 12:47:03 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/11/2021 13:18:27 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 30/11/2021 09:58:40 hs. bajo el número RR-1566-2021 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia