Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 126695
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Genoud, Torres y Soria dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora en el marco de la acción por accidente laboral incoada por Raúl Alberto Ramírez contra Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. rechazó la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta por la demandada (v. fs. 122/123).
Para así resolver, juzgó que el instituto de cosa juzgada sólo resulta procedente cuando existe una decisión judicial o de la autoridad administrativa del trabajo que ponga fin al litigio. Consecuentemente, sentenció que lo dictaminado por las comisiones médicas previstas por la Ley de Riesgos del Trabajo no constituye un pronunciamiento definitivo que dirima el conflicto de manera concluyente, siendo ello facultad privativa de los jueces.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 12-II-2020), el que fue concedido en la instancia de grado el día 1 de junio de 2020.
En sustancia, alega que el actor dejó consentir la resolución del titular del servicio de homologación, toda vez que no interpuso el recurso pertinente dentro del plazo legal de 15 días, operando en el caso la cosa juzgada dispuesta en el art. 14 de la ley 27.348.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, se impone observar que -en la especie- el valor de lo cuestionado ante esta instancia no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo, in fine de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal invocada por el recurrente, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020).
III.2. Bajo las señaladas premisas, no se verifica la concurrencia del supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, toda vez que aquellos precedentes enunciados en el escrito recursivo se vinculan con la apreciación formulada por el sentenciante de grado respecto de la no concurrencia -en el caso- de la cosa juzgada, asunto detraído de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado (causas L. 95.963, "Acosta", resol. de 11-XI-2009; L. 117.909, "Escude", resol. de 12-IX-2014; L. 120.051, "Romero", resol. de 19-X-2016; L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019 y L. 127.140, cit.; e.o.).
III.3. Finalmente, corresponde recordar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas, dejando a salvo mi opinión en lo concerniente a la denunciada violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte -en el acotado marco de la excepción establecida en el mencionado art. 55 de la ley 11.653- comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas adjetivas o de forma (vertida, entre otras, en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), y puesto que uno de los objetivos del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es el de mantener y -especialmente- procurar la unidad en la jurisprudencia, ante la reiteración de los pronunciamientos habidos sobre el tema, lo hago a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827 y modificatorias tal como lo he decidido recientemente en la causa L. 123.841, "Tossi", (sent. de 29-X-2021) a la que, por razones de economía y celeridad, me remito.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia