Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127612
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Genoud, Torres y Soria dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en la ciudad de Tres Arroyos, decretó la caducidad de la instancia, en el marco de la acción entablada por Diego Andrés Luquez contra Molinos Tres Arroyos S.A. y La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., mediante la que se procuraba la reparación de la enfermedad profesional que denunció padecer (v. sent. de fecha 13-IV-2021 y aclaratoria de fecha 29-IV-2021).
Para así decidir, en sustancia, juzgó que había transcurrido el plazo establecido en el art. 12 de la ley 11.653, sin que el actor produjera actividad procesal útil para la prosecución del trámite, a pesar de la intimación cursada al respecto. Impuso las costas al promotor del juicio, con cita del art. 19 de la ley citada.
Luego, en lo que interesa, desestimó la pretensión aclaratoria articulada por el reclamante, destinada a que se declarara alcanzada la condenación en costas por el beneficio de gratuidad previsto en el art. 22 del cuerpo legal mencionado. Tras establecer no verificados los presupuestos para el andamiento del planteo, concluyó que el pedido no merecía manifestación alguna, toda vez que dicha franquicia operaba de pleno derecho ante la falta de abordaje de la inexistencia de vínculo laboral.
II. Frente a lo así resuelto, se alza el legitimado activo con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 27-IV-2021), que fue concedido por el órgano de grado con fecha 7 de mayo de 2021.
Se agravia, en sustancia, de la decisión del órgano de origen que decretó operada la caducidad de la instancia, y, asimismo, alega que toda vez que la relación laboral no resultó desconocida por la contraria, la imposición de costas al actor debe decretarse amparada por el beneficio previsto en el referido art. 22. Sobre este último punto, manifiesta que interpuso aclaratoria, planteo que -según indica- a la fecha de la presentación del carril extraordinario no se encontraba resuelta.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, cabe destacar que el valor de lo cuestionado -representado por el importe reclamado en la demanda- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). En consecuencia, el tratamiento de la impugnación bajo examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
En estas condiciones, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, situación que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2. En este orden, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, toda vez que la doctrina legal contenida en el escrito recursivo, que se vincula con la decisión que causa el principal agravio del interesado, remite a una cuestión estrictamente procesal, como es la referida al instituto de la caducidad de la instancia, que -como tal- se halla detraída de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el citado precepto adjetivo (causas L. 118.996, "Cabaña", resol. de 28-X-2015; L. 121.582, "Cano", sent. de 5-IV-2018 y L. 123.925, "Muñoz", resol. de 27-5-2020).
III.3. Idéntica consideración corresponde aplicar respecto del restante reproche basado -en esencia- en la mención de la doctrina legal elaborada en torno al art. 22 de la ley 11.653 (causas L. 103.530, "Franchica", sent. de 7-IX-2011; L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 121.670, "Barrios", resol. de 7-XI-2018 y L. 122.899, "Molina", resol. de 14-VIII-2019).
III.4. Por último, corresponde recordar que no participa de aquella naturaleza en los términos concebidos por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 121.345, "Olivares", resol. de 8-VIII-2018; L. 124.853, "Abalos", resol. de 23-IX-2020 y L. 127.194, resol. de 30-VIII-2021).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia