Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127535
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n°1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Rodolfo Héctor Ríos y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más el adicional del art. 3 de la ley 26.773. A dicho monto dispuso aplicar intereses en la forma que estableció (v. sent. de fecha 6-V-2021).
Para así decidir, tuvo por acreditado que la parte actora se encuentra disminuida en su capacidad laborativa de manera parcial y permanente en un 9,864 % del índice de la total obrera. Luego, a fin de determinar el resarcimiento, calculó el ingreso base con el índice RIPTE, conforme lo dispuesto por el decreto 669/2019.
Asimismo, para el caso de incumplimiento, juzgó que debía aplicarse lo establecido por el artículo 770 del Código Civil y Comercial de la Nación, acumulándose los intereses al capital, y que el producido debía devengar acrecidos de acuerdo al promedio de la tasa activa del Banco de la Nación Argentina hasta la efectiva cancelación de crédito, con fundamento en el art. 12 inc. 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 20-V-2021), que fue concedido por el tribunal de grado en fecha 21 de mayo de 2021.
En su presentación, se agravia de la aplicación -al caso- del decreto 669/19 y las modificaciones introducidas por la ley 27.348, en cuanto entiende que no corresponde su utilización por el principio de irretroactividad de las normas. Cita vulnerada, entre otras, la doctrina legal sentada en la causa L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016). Seguidamente, cuestiona la interpretación que el a quo realizó de las normas precedentemente citadas a la hora de efectuar el cálculo de la reparación.
Finalmente, controvierte la tasa activa fijada por el tribunal de grado respecto de los intereses moratorios.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, resulta prioritario destacar que la impugnante, al mencionar los requisitos de admisibilidad del remedio extraordinario intentado, no estableció cómo estaría representado el valor de lo cuestionado ni cuantificó su importe, incumpliendo de ese modo con la carga procesal de acreditar que el monto del litigio supera el umbral establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto conforme ley 14.141) para la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 119.030, "Ojeda", resol. de 2-XII-2015; L. 120.200, "Trosset", resol. de 10-V-2017, L. 121.583, "Molina", resol. de 26-IX-2018 y L.125.098, "Leguizamón", resol. de 22-II-2021).
Siendo así, la admisibilidad del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
De suyo, entonces, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.033, "Sequeida", resol. de 5-IV-2013; L. 117.282, "Brizuela", resol. de 12-VI-2013; L. 118.129, "Arias", resol. de 16-VII-2014; L. 118.113, "Salgado", resol. de 20-XI-2014; L. 117.693, "Medina", sent. de 11-III-2015 y L.125.098, "Leguizamón", resol. de 22-II-2021).
III.2. En este contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en citada norma del régimen procesal laboral se impone nítida respecto del agravio dirigido a cuestionar la aplicación del decreto 669/2019 y las modificaciones introducidas por la ley 27.348, desde que la doctrina traída por la recurrente, en apoyo de su pretensión, ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020 y L. 107.939, "Melgar", sent. de 12-II-2021).
Por lo demás, corresponde recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
III.3. En lo que respecta a la tasa de interés aplicable, tampoco se observa la concurrencia del supuesto de excepción previsto en la disposición legal citada, dado que la recurrente omite denunciar violación de doctrina legal a su respecto (causas L. 94.298, "Lescar", sent. de 5-XI-2008; L. 94.682, "Mangione", sent. de 2-IX-2009; L. 120.087, "Gorosito", resol. de 21-XII-2016 y L. 122.906, "Valentini", resol. de 11-III-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia