Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127573
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires (arts. 279, CPCC y 63, ley 11.653).
2Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la parte actora, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Genoud, Torres y Soria dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora decretó la caducidad de la instancia en la acción entablada por Roberto Mario Campaiola contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, en la que procuraba el cobro de una indemnización por la incapacidad que denunció padecer como consecuencia de las tareas prestadas en favor de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (v. pronunciamiento de fecha 10-V-2021).
Para así decidir, y con fundamento en el art. 12 de la ley 11.653, entendió que las partes dejaron transcurrir el plazo establecido en la normativa procesal sin instar el procedimiento, pese a que fueron intimadas oportunamente.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado pasivo dedujo revocatoria (v. escrito electrónico de fecha 13-V-2021), la que fue rechazada por el sentenciante de mérito (v. resolución de fecha 19-V-2021).
Posteriormente, la legitimada activa y el demandado interpusieron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 21-V-2021 y 31-V-2021), concedidos por el a quo (v. resoluciones electrónicas de fecha 28-V-2021 y 4-VI-2021, respectivamente).
III.1. En primer lugar, corresponde expedirse en torno al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fisco, mediante el cual objeta al a quo haber utilizado, como base regulatoria para el cálculo de los honorarios, la suma reclamada en la demanda, alegando que debió estar a aquella equivalente a la que proporcionalmente habría representado la indemnización de haber prosperado la acción.
III.2. El recurso ha sido mal concedido.
III.3. De modo liminar, corresponde observar que, de la lectura de la impugnación articulada, se advierte que los argumentos y objeciones formulados por la compareciente se dirigen a impugnar la resolución de fecha 19 de mayo de 2021.
Al respecto, cabe recordar al interesado que la decisión que desestima la revocatoria articulada no puede ser objeto de recursos extraordinarios, dado que el pronunciamiento contra la que se intenta constituiría la eventualmente impugnable (causas L. 113.708, "Alejandro", resol. de 18-IV-2011; L. 118.653, "Levaggi" y L. 118.608, "Del Valle", resols. de 11-III-2015; L. 119.802, "Medina", resol. 29-VI-2016; L. 120.530, "Battistessa", resol. de 3-V-2017 y L. 124.378, "González", resol. de 8-VII-2020).
III.4. Sentado ello, corresponde señalar que el remedio extraordinario, incoado contra la decisión que decretó la caducidad y reguló los honorarios, resulta extemporáneo, pues ha sido deducido fuera del término legal (art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial), incluso después de vencido el plazo de gracia previsto por el art. 124 del Código ritual mencionado (v. cargo de presentación de fecha 31-V-2021 y notificación electrónica de fecha 10-V-2021; causas Ac. 83.811, "Martínez", resol. de 25-IX-2002; L. 86.076, "Mansilla", sent. de 27-VI-2007; L. 120.950, "Otero", resol. de 25-X-2017 y L. 122.600, "Cassinelli", resol. de 11-IX-2019).
En ese sentido, corresponde indicar que la interposición de recursos improcedentes (tal, la revocatoria intentada de fecha 13-V-2021) no tiene la virtud de suspender o interrumpir el plazo para recurrir establecido en el art. 279 del Código Procesal civil y Comercial (causas Ac. 86.684, "Banco Francés S.A.", resol. de 18-XII-2002; Ac. 93.602, "Mantovani", resol. de 2-III-2005; L. 119.649, "Fusari", resol. de 9-III-2016; L. 123.805, "Burdiles", resol. de 14-VIII-2019 y L. 120.833, "Cereijido", resol. de 30-IX-2021).
IV. Corresponde abordar, en este estado, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado por la actora. En dicha vía, la recurrente relata los antecedentes de la causa, cita normas y la doctrina legal que considera vulnerada. En sustancia, se agravia de la declaración de caducidad de instancia.
IV.1. De modo liminar, cabe destacar que el valor de lo cuestionado -representado por el importe reclamado en la demanda- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial. En consecuencia, el tratamiento de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, situación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
IV.2. En este orden, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, toda vez que la doctrina legal contenida en el escrito recursivo remite a cuestiones estrictamente procesales -como lo es la referida al instituto de la caducidad de la instancia- y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 98.284, "Sanabria", sent. de 23-V-2010; L. 115.015, "Acevedo", resol. de 10-VII-2013; L. 122.878, "Galeano", resol. de 21-VIII-2019; L. 123.923, "Diamante", resol. de 16-VI-2020 y L. 127.277, "Escalante", resol. de 30-VIII-2021).
Para más, cabe destacar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia (causas L. 112.025, "Carta", resol. de 22-IX-2010; L. 110.469, "Faramiñan", resol. de 18-V-2011; L. 120.064, "Gómez", resol. de 11-VII-2018; L. 125.286, "Sánchez Pérez", resol. de 13-XI-2020 y L. 126.246, "Dieguez", resol. de 22-IX-2021).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes.
Respecto de la vía extraordinaria deducida por la parte actora, sólo me permito aclarar, que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Declarar mal concedido el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires (arts. 279, CPCC y 63, ley 11.653).
2. Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley incoado por la parte actora, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia