Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127683
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Campana, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, rechazó parcialmente la excepción de cosa juzgada interpuesta por la coaccionada Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en el marco de la demanda promovida por Cristian Alejandro Carrizo, por la que procuraba el cobro de la reparación derivada del infortunio que denunció haber padecido con fecha 11 de marzo de 2016. Asimismo, resolvió diferir el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 para el momento procesal oportuno (v. resol. de fecha 8-III-2021).
Para así decidir, sostuvo que de la lectura comparada de estas actuaciones con la causa caratulada "Carrizo Cristian Alejandro c/ Asociart ART S.A. s/ accidente de trabajo", Expediente nro. 18.893/16, advertía que en ambos procesos el actor había reclamado las mismas prestaciones sistémicas de la Ley de Riesgos del Trabajo. También consideró que correspondía declarar la cosa juzgada administrativa en cuanto al porcentaje de incapacidad determinado por la Comisión Médica 31 de Zárate, en tanto había sido aceptada por el trabajador, en los términos y condiciones plasmados en la Disposición del Servicio de Homologación de fecha 10 de diciembre de 2018.
En cambio, entendió que lo acordado en sede administrativa no alcanzaba a las prestaciones en especie previstas en el art. 20 de la citada ley, desestimando -al respecto- la cosa juzgada opuesta.
II. Frente a lo así resuelto, la aseguradora codemandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 25-III-2021), concedido por el a quo mediante resolución del 9 de septiembre de 2021.
II.1. En su presentación, con denuncia absurdo y arbitrariedad, se agravia, en primer lugar, del rechazo de la defensa de cosa juzgada con relación al pedido de prestaciones en especie.
Entiende que el acuerdo alcanzado en la instancia administrativa, así como el desistimiento del actor en la otra causa judicial, resultan comprensivos de todas las prestaciones sistémicas. Máxime -aduce- teniendo en cuenta que la Comisión Médica actuante señaló que no ameritaba provisión de prótesis y órtesis ni recalificación profesional, asistencia domiciliaria o rehabilitación.
II.2. Por otro lado, objeta la decisión con arreglo a la cual se dispuso diferir el tratamiento de la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773.
En este sentido, alega que si el actor consideraba que le correspondían prestaciones en especie, debió reclamarlas en el marco de la acción sistémica iniciada, y que debió peticionarlas ante el órgano administrativo competente.
Aduce que el convenio celebrado fue homologado en sede administrativa e importó el ejercicio de la opción prevista en el artículo 4 de la ley 26.773, por lo que argumenta que, en el caso, no corresponde tratar el planteo de inconstitucionalidad de la opción ya ejercitada en forma previa por el accionante, y -menos aún- diferir su tratamiento.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. De modo preliminar, cabe señalar que resulta plenamente aplicable en el caso la doctrina legal que establece que determinar el alcance del acuerdo celebrado entre las partes en sede administrativa, así como la apreciación formulada por los jueces de grado sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada, es una cuestión de hecho que proviene de una labor que les compete en forma privativa. Por ende, en principio, no puede revisarse en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 104.563, "Ojeda", sent. de 6-VII-2011; L. 110.362, "Douton", sent. de 14-VIII-2013 y L. 121.821, "Naselli", resol. de 13-II-2019).
La configuración del vicio señalado exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 112.202, "Gilles", resol. de 6-X-2010; L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
III.1.b. En el caso, la impugnante no cumple con la inexcusable carga de demostrar el referido vicio, ya que su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió analizar los términos del acuerdo celebrado en sede administrativa.
Sus afirmaciones solamente traducen su mera disconformidad con la conclusión alcanzada en el pronunciamiento, sin aportar -como es menester- una explicación tendiente a evidenciar que la apreciación de las actuaciones involucradas resulte fruto de un razonamiento anómalo o carente de apoyo en los elementos de juicio evaluados.
En este sentido, tiene establecido esta Suprema Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no demuestra el absurdo invocado, al transitar por un mero disenso con lo resuelto, sin profundizar un concreto y eficaz ataque de todas las conclusiones fácticas volcadas por el tribunal de origen en función que le compete privativamente (causas L. 119.490, "Fresino", resol. de 21-XII-2016; L. 121.409, "Homs", resol. de 21-VI-2018; L. 121.821, cit. y L. 126.680, "Lencina", resol. de 9-IX-2021).
III.2.a. No mejor suerte ha de correr el agravio dirigido a objetar la decisión de grado de diferir el tratamiento de la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773.
Inalterada la conclusión con arreglo a la cual se admitió parcialmente la defensa de cosa juzgada, el diferimiento del planteo de referencia no es idóneamente rebatido mediante los argumentos que el impugnante ensaya en este tramo de la réplica (art. 279, CPCC).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, atento a que ha sido insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia