Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127697
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Zárate, perteneciente al Departamento Judicial de Zárate-Campana, decretó la caducidad de la instancia en la causa que Elba Haydee Lessi inició contra Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en procura del cobro de una indemnización por accidente de trabajo in itinere (v. pronunciamiento de fecha 18-VI-2021).
Para así resolver, juzgó que en el caso se encontraban configurados los presupuestos establecidos en el art. 12 de la ley 11.653.
II. Frente a tal pronunciamiento, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 13-VII-2021), concedido por el a quo mediante resolución electrónica de fecha 15 de julio de 2021.
Se agravia de la decisión del tribunal de grado que decretó la perención de la instancia. En ese orden, individualiza las normas y la doctrina legal que considera conculcadas.
Al respecto, alega que la sentencia que pone fin a este proceso ignora por completo y no contempla la coyuntura existente desde marzo de 2020.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por la cuantía reclamada en la demanda-, no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente a la fecha de interposición del remedio procesal, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2. En el caso, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, toda vez que la crítica contenida en el escrito recursivo remite a una cuestión estrictamente procesal, como lo es la referida al instituto de la caducidad de instancia, y, como tal, detraída de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 119.493, "Altube", resol. de 9-III-2016; L. 120.509, "Torres", resol. de 12-IV-2017 y L. 123.925, "Muñoz", resol. de 27-V-2020).
Por lo demás, importa recordar que reiteradamente ha declarado esta Corte que las doctrinas referidas al vicio de absurdo no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015; L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019 y L. 126.660, "Renna", resol. de 7-X-2021).
Finalmente, no es ocioso señalar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 124.304, "Giménez", resol. de 17-VI-2020 y L. 125.173, "Báez", resol. de 21-XII-2020).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia