Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127860
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 perteneciente al Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda promovida por Roxana Elizabeth Soria contra la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, por la que procuraba el cobro de una indemnización en concepto de reparación integral por daños y perjuicios (v. sent. de fecha 9-VIII-2021).
Para así decidir, y tras valorar en conciencia la prueba producida, juzgó que el accionante no demostró -como era su carga- el accidente denunciado en su libelo postulatorio.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 20-VIII-2021), concedido por el órgano de grado (v. providencia de fecha 23-VIII-2021).
En su presentación relata los antecedentes de la causa, cita las normas y la doctrina legal que considera vulneradas.
En sustancia entiende que el tribunal de grado incurrió en absurdo en la interpretación de las pruebas pues, a su criterio, se acreditó en autos el siniestro de trabajo que sufriera mientras prestaba tareas bajo las órdenes de la demandada.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, se impone observar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por la cuantía reclamada en la demanda-, no excede el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, puesto que, dejando de lado que las objeciones que porta el recurso se refieren a típicas cuestiones fácticas y probatorias marginadas de la revisión por conducto de la excepción examinada (causas L. 122.127, "Saavedra", resol. de 10-IV-2019; L. 122.613, "Parceq", resol. de 5-VI-2019 y L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020), los precedentes invocados por el interesado se hallan vinculados a la definición del vicio de absurdo, los cuales, conforme se ha sostenido en reiteradas oportunidades, resultan carentes de idoneidad a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo ut supra referido (causas L. 121.360, "Gómez", resol. de 11-VII-2018; L. 122.256, "Mendoza", resol. de 24-IV-2019 y L. 124.457, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020).
III.3. Para más, cabe agregar que los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no constituyen la "doctrina legal" a la que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia