Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 124779
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.779, "Muise, Edhith Mabel contra Ministerio de Salud y otro. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud.
El Tribunal del Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Morón, con asiento en dicha ciudad, acogió la acción deducida contra la Provincia de Buenos Aires, imponiéndole las costas en su carácter de vencida (v. fs. 365/376 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 15-VIII-2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Edith Mabel Muise y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora y autoasegurada- al pago de una reparación integral con fundamento en las normas del Código Civil.
Para así decidir, en el veredicto, el juzgador tuvo por acreditado que la actora el día 24 de abril de 2014, mientras prestaba tareas como enfermera en el Hospital Héroes de Malvinas de Merlo, protagonizó un accidente de trabajo al sostener a una paciente que intentaba suicidarse (v. fs. 366 vta.). Consideró demostrado que el esfuerzo realizado le provocó diferentes afecciones físicas generadoras de una incapacidad parcial y permanente del 20,84% del índice de la total obrera (v. fs. 367/368).
Sobre estas bases, juzgó que la tarea desplegada por la trabajadora resultaba riesgosa, ocasiónándole un daño en su salud (v. fs. 368 y vta.). Asimismo, indicó que no surgía de la prueba producida que el accidente padecido por la trabajadora se debiera a su culpa o negligencia o a la de un tercero por quien la parte demandada no deba responder (v. fs. 368 vta. y 369).
En la sentencia, el órgano judicial de grado consideró que en tanto a la fecha de ocurrencia del accidente de trabajo regía la ley 26.773 cuyo art. 17 apartado 1 derogó el art 39 apartado 1 de la ley 24.557, no resultaba necesaria la declaración de inconstitucionalidad del referido precepto para que la damnificada pudiera acceder a un resarcimiento pleno (v. fs. 373 vta. y 374).
Luego de juzgar configurados los presupuestos de responsabilidad en los términos del art. 1.113 del Código Civil respecto de la accionada, estimó el resarcimiento que, de conformidad con el derecho común, correspondía a la demandante en concepto de daño material y moral (v. fs. 374 vta. y 375). Por otro lado, cuantificó la prestación dineraria según las pautas indicadas en la ley 24.557 (v. fs. 375 y vta.).
Luego, teniendo en cuenta que el contrato de afiliación suscripto entre las codemandadas había sido "dado de baja" el 28 de mayo de 2008, rechazó la acción interpuesta contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. por carecer de causa obligacional. En cambio, condenó al estado provincial a abonar a la actora la reparación integral fundada en el derecho civil (dijo: "sin efectuar resta alguna ya que al encontrarse autoasegurada, la indemnización por el régimen especial de la LRT es también a su cargo"), según la suma que detalló (v. fs. 375 vta. y 376).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 31, 75 inc. 22, 121 y 122 de la Constitución nacional; 15 y 39 de la Constitución provincial; 16, 499, 1.068, 1.069, 1.078, 1.083 y 1.086 del Código Civil; 12 de la ley 24.557; 3 y 4 de la ley 26.773; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 165, 384 y 456 del Código Procesal Civil y Comercial y 44 incs. "d" y "e" de la ley 11.653 (v. escrito electrónico de fecha 15-VIII-2019).
II.1. Afirma que en cuanto ordena resarcir el rubro "daño material" la sentencia se aparta de lo previsto en el art. 4 de la ley 26.773.
Fundando su agravio en el principio de congruencia, explica que en la demanda no se peticionó el resarcimiento del daño material sino en torno a la que surge de la Ley de Riesgos del Trabajo, con ello, sostiene que el tribunal de grado se aparta de los principios que regulan el contenido de un pronunciamiento judicial, dictando una resolución arbitraria, absurda y aplicando erróneamente el derecho vigente.
II.2. Sostiene que en el caso la responsabilidad de la empleadora solo surge de la ley especial, y que en los accidentes de trabajo no pueden tenerse por configurados los presupuestos de la responsabilidad civil. También alega que la única excepción a esa premisa es la eventual falta de prevención de riesgos, extremo que en la especie no se imputa ni se demuestra.
Aduce que en autos se tuvo por probado un siniestro laboral en el que intervino un tercero por el cual el Estado provincial no debe responder, salvo -insiste- en el marco resarcitorio que brinda la Ley de Riesgos del Trabajo.
Considera que la actora debió demostrar en sede civil los presupuestos de la responsabilidad de esta naturaleza, citando al tercero como codemandado necesario y ofreciendo prueba para acreditar la culpa o dolo. Entiende que la condena al pago de la reparación integral solamente prospera por razones de neto corte económico, ante la supuesta insuficiencia reparatoria del sistema de riesgos del trabajo.
II.3. Finalmente, manifiesta que en la sentencia de grado no se explica ni fundamenta cómo o de qué modo se arribó a la cifra establecida para resarcir el daño material.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. El agravio que inaugura el medio de impugnación carece de argumentos aptos para obtener el resultado que se persigue.
Esta Suprema Corte ha declarado que la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y la definición de los términos en que quedó planteada la litis, constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y que su decisión al respecto solo puede revisarse en casación en la medida que se denuncie y compruebe la existencia de absurdo en su interpretación (causas L. 87.545, "G., A. O.", sent. de 27-III-2008; L. 119.529, "Williman", sent. de 18-X-2017; L. 120.023, "Quijano", sent. de 23-II-2021; e.o.). En esa línea, ha señalado que los agravios relativos a la violación del principio de congruencia, por estar vinculados con la interpretación de los escritos presentados en el proceso, deben ser acompañados de la denuncia y condigna demostración de aquel yerro sentencial (causas L. 103.003, "Tristani Cárdenas", sent. de 3-XI-2010; L 111.160, "Soria", sent. de 27-II-2013; L. 121.269, "Alem", sent. de 29-IX-2020; e.o.).
III.1.b. Puede divisarse que en el escrito inicial la parte actora expresó que con la demanda promovida perseguía obtener una "reparación integral", y posteriormente, al formular aclaraciones en su presentación de fs. 64 invocó -entre otras normas legales- el art. 1.113 del Código Civil (v. fs. cit.).
En ejercicio de facultades privativas, el órgano judicial de grado analizó el contenido de los escritos introductorios y ponderó que la accionante había iniciado demanda con motivo de la incapacidad generada por el accidente de trabajo denunciado persiguiendo la reparación integral contra la Provincia de Buenos Aires y Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (v. fs. 370). Al examinar la pieza liminar, dijo que allí la accionante "...hace consideraciones sobre la responsabilidad de la ART, [...] calcula la indemnización conforme ley 24.557 y 26.773, reclamando luego la reparación integral, así como la incapacidad psicológica, tratamientos futuros y daño moral..." (fs. 371). Finalmente, ponderó que "...a fs. 64/65, 71, 74 y 77 obran aclaraciones de la parte actora ante intimaciones que se le realizan..." (fs. 371 vta.). Fue en ese marco que el a quo analizó la acción civil, destacando que al progreso de esta se habían opuesto los codemandados "defendiendo la aplicación de la ley 24557" (fs. 373 vta.).
Frente a dicha labor emprendida por el tribunal de la instancia, no se constata cumplida la carga del recurrente de evidenciar la configuración del grave error que configura al absurdo.
Todavía, ocupa señalar que en varios pasajes de la contestación de la demanda la propia Fiscalía de Estado provincial hizo alusión a la acción fundada en el derecho civil incoada por la contraria (v. reproche efectuado a fs. 141 vta. in fine, 142 y apreciaciones sobre la liquidación a fs. 145).
Con todo, ha perdido vigor el reproche referido al art. 4 de la ley 26.773, enlazado según la construcción argumental del impugnante a aquella afirmación fundada en la hipótesis de transgresión del principio de congruencia, finalmente no evidenciada.
Para más, debe señalarse que aun cuando este precepto se hallaba vigente al momento en que la accionada contestó la demanda, ningún argumento blandió en dicha ocasión con sustento en el comportamiento de la contraria en el marco de la opción prevista legalmente. Luego, y en tanto el asunto no fue puesto a consideración del tribunal de grado, quien nada dijo concretamente al respecto, a tenor de los límites de la competencia revisora de esta Corte, la crítica ensayada se revela inatendible.
Ello, sin perjuicio de lo resuelto por esta Corte -sin mi intervención- en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. 11-V-2021) en lo atingente a la invalidez constitucional del citado precepto (conforme su versión anterior a la ley 27.348); en un análisis que -reitero- no se emprendió en la sentencia de grado aquí impugnada.
III.2. El segundo cuestionamiento, tocante a la decisión de atribuir responsabilidad civil objetiva a la Provincia de Buenos Aires, es marcadamente insuficiente.
De un lado, el recurrente se limita a afirmar que la obligación reparatoria del empleador surge de la ley especial, cuando el tribunal de la instancia expuso el razonamiento que lo llevó a fundar la condena en el derecho común, tramo que ha de permanecer incólume ante la falta de embate idóneo.
Del otro, en una reflexión tardía y por ello inatendible (causas L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017 y L. 122.059, "Lazzaro", sent. de 16-IX-2020), por primera vez en este litigio pretende identificar a aquella persona cuyo intento de suicido habría prevenido la actora, como tercero por quien -alega- la Provincia no debería responder en los términos del art. 1.113 del Código Civil.
III.3. Tampoco es idóneo el agravio referido al modo en que el tribunal de la instancia cuantificó el resarcimiento que determinó en concepto de daño material.
En esa labor los magistrados de la instancia de grado gozan de amplias atribuciones. De modo que, la resolución que se adopte al respecto no es susceptible aquí de ser revisada, salvo cuando tales facultades no sean ejercidas con la necesaria prudencia y el grado razonable de acierto que debe imperar en todo pronunciamiento judicial, es decir, una vez más, en el supuesto de absurdo (causas L. 116.477, "Rivas", sent. de 23-XII-2014; L. 118.620, "Patiño Paz", sent. de 13-VII-2016; L. 118.099, "D., M.A.", sent. de 21-II-2018; e.o.), claro que estas reglas -al cabo, la revisión únicamente mediando absurdo- son particularmente aplicables a la elección de las pautas para determinar la indemnización por daños y perjuicios (causas L. 103.174, "Monte", sent. de 31-VIII-2011 y L. 119.914, "A., D. A.", sent. de 22-VI-2020).
Pero el impugnante no consigue demostrar la configuración del mentado vicio.
En efecto, para calcular la indemnización con arreglo a las normas del Código Civil en concepto de daño material, el órgano judicial de grado expuso los datos y preceptos legales que a tales fines consideraba pertinentes. Explícitamente tuvo en consideración el valor potencial de la actividad futura de la actora (art. 1.068, Cód. Civ.), la imposibilidad de retrotraer la estructura funcional de la accionante (art. 1.083, Cód. cit.); la disminución parcial y permanente de su capacidad con motivo del accidente de trabajo y el empobrecimiento de la aptitud económica que ello importa, lo que la afecta en el ámbito de su autonomía -continuó- para elaborar su proyecto de vida; la remuneración, su categoría laboral y la expectativa de vida útil (v. fs. 374 vta.). A tenor de esos elementos de juicio, consideró ajustado a derecho fijar la indemnización que repare el daño material por la incapacidad psicofísica parcial y permanente, en la suma indicada en el pronunciamiento, esto es, en $840.000 (v. fs. cit.).
De lo expuesto se colige que, más allá de lo que pudiera opinarse sobre la metodología escogida para mensurar el perjuicio, la conclusión objetada fue elaborada a partir de las circunstancias acreditadas en la causa y según los parámetros detallados en el fallo. De allí que el cuestionamiento que se esgrime en torno al monto del resarcimiento que fue justipreciado en concepto de daño material traduce -en rigor- una mera discrepancia subjetiva, basada solo en razones de preferencia o conveniencia personal respecto del criterio seguido por el juzgador de grado y, por tanto, resultan ineficaces para acreditar la efectiva configuración del error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al absurdo (causas L. 118.537, "De Lucca", sent. de 28-X-2015; L. 118.201, "Loncoman Duarrte", sent. de 24-V-2016; L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero a los fundamentos expuestos en los puntos III.1.a. y III.1.b. -con excepción de lo expresado en el último párrafo- del voto emitido en primer término, atento que las consideraciones realizadas en torno a la frustrada denuncia de incongruencia resultan suficientes para rechazar esa parte del recurso.
Luego, también comparto lo expresado en los puntos III.2. y III.3. del voto del doctor Soria.
Con el alcance expuesto, me pliego a la propuesta de rechazar el recurso extraordinario articulado, con costas (art. 289 CPCC).
Voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/03/2022 21:37:07 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 18/03/2022 11:24:52 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 18/03/2022 13:53:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/03/2022 18:02:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2022 08:33:15 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia