Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127121
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta por Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en el marco de la acción iniciada por Diego Rubén González en concepto de diferencia de indemnización por incapacidad parcial y permanente por accidente de trabajo (v. pronunciamiento de fecha 30-IV-2020).
Para así decidir, juzgó que las acciones deducidas en sede administrativa y judicial son idénticas, por lo que entendió que el debate que se pretende abrir en las presentes actuaciones ya ha sido resuelto conforme el acuerdo celebrado entre las partes y homologado ante autoridad competente en sede administrativa. Asimismo, consideró que, más allá de manifestar su estado de necesidad, el trabajador no impugnó el acto ni lo tachó de nulo, por lo que existió consentimiento de su parte encontrándose firme dicha decisión.
II. Contra este pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 26-V-2020), el que fue concedido en la instancia de grado el día 16 de junio de 2020.
En su presentación invoca absurdo y la vulneración de las normas y de la doctrina legal que cita. En lo esencial, objeta la conclusión de grado que admitió la excepción de cosa juzgada opuesta por la parte demandada, ya que, en su opinión, encontrándose firme la primigenia resolución del órgano de grado que declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.997 y del art. 46 de la ley 24.557 (de fecha 8-VII-2019), la Comisión Médica Jurisdiccional dejó de ser "autoridad competente" de la que pudieran emanar dictámenes u homologaciones en carácter de cosa juzgada. Sostiene que en el específico supuesto de autos se ha homologado un acuerdo por quien carecía de facultades para ello.
Afirma que la Suprema Corte sostuvo en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), que las normas en cuestión garantizaban, a través de un juicio de conocimiento, la realización de un control judicial suficiente sobre la actuación del órgano administrativo por parte de los tribunales de trabajo.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, corresponde señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del medio de impugnación en examen, representado por la suma reclamada en la demanda, no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, conforme el texto de la ley 14.141; razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653.
En ese orden, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando esta Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; e. o.).
III.2. Sentado lo expuesto, no se observa la presencia del mentado supuesto excepcional, desde que mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal el impugnante trae a consideración agravios vinculados a cuestiones de hecho y prueba, cuya definición es privativa del tribunal de grado, como lo son, la determinación del alcance del acuerdo celebrado entre las partes en sede administrativa, la apreciación formulada por los jueces de origen sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada, así como si han existido -o no- vicios de la voluntad al suscribir el mencionado convenio, asuntos detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto citado (causas L. 113.453, "Fritz", resol. de 3-VIII-2011; L. 121.821, "Naselli", resol. de 13-II-2019; L. 123.053, "Loyato", resol. de 28-VIII-2019 y L. 124.453, "Pino", resol. de 16-VI-2020; e.o.).
Por otro lado, el precedente de esta Corte que el recurrente cita en apoyo de sus agravios no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico (causas L. 120.820, "Lastape", resol. de 11-X-2017; L. 121.314, "Aristemuño", resol. de 8-VIII-2018 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
Por lo demás, importa recordar que reiteradamente ha declarado esta Corte que las doctrinas referidas al vicio de absurdo no resultan idóneas a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 116.942, "Novelli", sent. de 28-X-2015; L. 119.427, "De Santo", sent. de 21-II-2018; L. 120.430, "González", sent. de 2-V-2019 y L. 126.660, "Renna", resol. de 7-X-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, atento a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 31/03/2022 18:22:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 01/04/2022 11:10:26 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/04/2022 11:45:13 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2022 10:59:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2022 12:04:10 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia