Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127958
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 perteneciente al Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar parcialmente a la demanda interpuesta por Sergio Martín Godoy y condenó a Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo a abonar el importe que indicó en concepto de indemnización por incapacidad laboral permanente parcial, prevista en el art. 14 apartado 2. inc. "a" de la ley 24.557. Por el contrario, la rechazó respecto de la accionada Bingo Adrogué S.A. y la citada aseguradora en cuanto procuraba la reparación de daños y perjuicios con fundamento en el derecho común (v. pronunciamiento de fecha 13-VIII-2021).
Para así decidir, en lo que resulta de interés destacar, juzgó que la accionante no probó -como era su carga- los presupuestos de la responsabilidad en que fundó la acción con sustento en el derecho civil. Ello así, pues valorando la prueba rendida, tuvo por no demostrado que el daño padecido por el trabajador haya sido causado por culpa o negligencia de su empleadora o producido por el riesgo o vicio de una cosa -perteneciente a ésta- y por la cual deba responder.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 30-VIII-2021), concedido por el órgano de grado (v. providencia de fecha 31-VIII-2021).
En su presentación, se agravia del monto indemnizatorio al que arriba el tribunal de grado, alegando que omite efectuar un análisis de la razonabilidad de la indemnización al momento del pago, conforme la doctrina de esta Corte sentada en la causa L. 119.914 "Aguiar" (sent. de 22-VI-2020). En este orden entiende que el tribunal, para determinar el ingreso base a valores actuales, podría haber tomado el salario mínimo vital y móvil vigente al momento de la sentencia.
Luego, afirma que en autos se encuentra acreditado que la aseguradora accionada incumplió con sus obligaciones y deberes de prevención y seguridad previstos en los arts. 4 incs. 1 y 2 y 31 inc. "a" de la ley 24.557, por lo que debió ser condenada al pago de la reparación integral.
Finalmente, cuestiona por bajos los honorarios fijados.
III. El recurso no prospera.
III.1. Por razones de orden metodológico, corresponde abordar en primer término el cuestionamiento a la regulación de honorarios. Sobre el particular, se advierte nítida la ausencia de interés de la parte actora para impugnar "por bajos" los estipendios fijados en favor de su letrado apoderado, lo que sella la suerte adversa de la crítica (causas L. 119.443, "Valenzuela", resol. de 16-III-2016; L. 125.478, "Klezli", resol. de 20-XI-2020 y L. 126.937, "Delbaso", resol. de 26-V-2021).
III.2. Aclarado ello, y respecto del resto de los reproches que porta la impugnación, ha de señalarse que el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, representado por la diferencia entre la suma reclamada en la demanda y el importe por el que prosperó la acción, no excede el monto mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según texto ley 14.141, vigente al momento de la interposición del remedio procesal, por lo que la admisibilidad del remedio en examen solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el artículo 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol de 21-XII-2020).
III.3. Bajo las señaladas premisas, en relación a la base salarial utilizada por el sentenciante para cuantificar el resarcimiento indemnizatorio, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, desde que las doctrinas traídas por el recurrente, en apoyo de sus pretensiones, aluden a disímiles presupuestos fácticos a los que se verifican en el presente y, por lo tanto, su invocación resulta también ineficaz para habilitar la revisión del pronunciamiento de origen por el conducto excepcional antes citado (causas L. 121.608, "Suárez", resol. de 10-IV-2019 y L. 123.329, "Marchisio", resol. de 19-II-2020).
Asimismo, es dable recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 125.761, "Ramos", resol. de 4-III-2021 y L. 125.520, "Rodríguez", resol. de 12-IV-2021).
III.4. Finalmente, en relación a las restantes objeciones que formula el interesado, cabe señalar que se omite citar como transgredida doctrina legal alguna de esta Suprema Corte, presupuesto indispensable para la revisión de lo resuelto en el ámbito en que se examina el recurso (causas L. 120.087, "Gorosito", resol. de 21-XII-2016 y L. 122.906, "Valentini", resol. de 11-III-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (arts. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/03/2022 21:04:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 25/03/2022 09:28:03 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/03/2022 12:20:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2022 11:00:47 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2022 12:03:07 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia