Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 124113
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 124.113, "Staroni, Lidia Estela contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Trenque Lauquen rechazó la acción deducida e impuso las costas a la parte actora vencida (v. fs. 955/968).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 29-V-2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 39 apartado 1 de la ley 24.557 y, en consecuencia, desestimó la demanda promovida por Lidia Estela Staroni contra la Provincia de Buenos Aires y Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., por la que procuraba el cobro de una indemnización -con fundamento en las normas del derecho común- por el accidente que sufrió el día 20 de junio del año 2006, mientras prestaba tareas en la delegación Pehuajó de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA).
Consideró demostrado que, en la fecha señalada, estando en la cocina de dicha repartición, la actora recibió disparos de parte de un compañero de trabajo, Rubén Oscar De Ávila, que le provocaron lesiones tanto físicas (afasia de comprensión, pérdidas de piezas dentarias, hiposmia, lesión del nervio infraorbitario izquierdo, estrabismo con diplopía, alteración del campo visual, desviación del tabique nasal con obstrucción nasal parcial, hundimiento del seno maxilar izquierdo, paresia crural derecha, vértigo posicional con alteraciones en la marcha, cicatriz en dorso de nariz y cicatriz occipital) como psicológicas (desorden mental orgánico post traumático grado IV) que la incapacitan en un 98,56% del índice de la total obrera (v. fs. 955/957). También tuvo por acreditado que la accionante, al momento de ocurrencia del siniestro, tenía cincuenta y tres años de edad y percibía una remuneración de $2.220,77 (v. fs. 957 y vta.).
En etapa de sentencia, analizó el planteo de invalidez constitucional del art. 39 apartado 1 de la ley 24.557 y enfatizó sobre la necesidad de efectuar la comparación entre las cuantías resarcitorias a las que accedería la demandante según se atendiera su reclamo en el marco del régimen de responsabilidad civil o conforme las previsiones de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. fs. 963 vta. y 964).
Contempló "...la particular situación de estos obrados, donde la actora con fundamento en la LRT ha obtenido una sentencia favorable, que fuera dictada en el marco de los autos caratulados 'STARONI, Lidia Estela C/ PROVINCIA ART S.A. y ot. S/ AMPARO', Expediente Nº 32.313, en trámite ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 12 de Mar del Plata, la que se encuentra firme, donde se ha resuelto hacer lugar a la acción de amparo intentada por la litigante activa de estos autos y condenando a Provincia ART a abonar la suma indemnizatoria de $ 612.000..." (fs. cit.). Juzgó entonces que "...es ese el monto que debe tenerse en cuenta como correspondiente a la reparación sistémica, para ser comparado con la indemnización que se obtendría con fundamento en la ley civil; y con ello determinar la procedencia del planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la LRT, conforme lo sostenido ut supra..." (fs. cit.).
Realizó el cálculo de la reparación que se obtendría de conformidad con el derecho común por daño material -indicando la fórmula matemática y datos que estimó pertinentes- y arribó al monto de $259.462,67, al que adicionó las sumas de $130.000 y $20.000 en concepto de daño moral y pérdida de chance, respectivamente (v. fs. 965 y vta.).
Tras cotejar el importe total del resarcimiento integral proveniente de la aplicación de las normas del Código Civil ($409.462,67) con la cuantía de la reparación otorgada con sustento en la ley 24.557 ($612.000), se pronunció por la validez constitucional del citado art. 39 apartado 1 y rechazó la acción entablada (v. fs. 966).
Finalmente, impuso las costas a la reclamante vencida con fundamento en lo dispuesto en los arts. 20 de la Ley de Contrato de Trabajo y 22 de la ley 11.652 (v. fs. 966 y vta.).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 16, 17, 18 y 28 de la Constitución nacional; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 1.109 y 1.113 del Código Civil (v. escrito electrónico de fecha 29-V-2019).
Señala que el órgano de grado incurrió en absurdo cuando se pronunció respecto de la validez constitucional del art. 39 apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo, porque efectuó una comparación entre dos resarcimientos de distinta naturaleza.
Explica que el régimen sistémico se limita a reparar la incapacidad física laborativa y, en todo caso, el daño material que debe quedar subsumido en una reparación integral.
Afirma que el juzgador cometió un error al aplicar una fórmula matemática que arroja como resultado una suma de dinero inferior a la reconocida por el régimen especial.
Indica que para justipreciar un resarcimiento pleno debe sumarse a la cantidad estimada, otra que compense la proyección de la minusvalía en la vida social de la damnificada, ya sea incorporándola a la fórmula usada o sumándola al resultado de esta. Agrega que la disminución de la capacidad psicofísica debe ser objeto de reparación, más allá de que la víctima se desempeñe -o no- en una actividad productiva, pues, aquella posee en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad, a saber: doméstico, social, cultural y deportivo.
Postula que debe aplicarse un procedimiento adecuado para la determinación basada en la legislación civil.
Plantea que toda vez que luego del accidente sufrido, la trabajadora no pudo desempeñarse laboralmente ni valerse por sí misma (viendo afectado su desarrollo personal y social), la suma establecida en la sentencia en concepto de daño material resulta a todas luces irrazonable e injusta.
Solicita que dicho monto se establezca en comparación con bienes de referencia y valores actualizados, según lo dispuesto en el art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación, pues -destaca- cuando sufrió el accidente, en el año 2006, percibía una remuneración de $2.220,77 como jefa de la Dirección General de Rentas (categoría 18), mientras que en la actualidad cobraría aproximadamente $44.000.
A su vez, reprocha al sentenciante que no tuvo en consideración las pautas de prudencia judicial determinadas por la doctrina judicial de la Corte Suprema de la Nación en el caso "Aróstegui", con relación al resarcimiento pleno de daños fundado en el derecho civil. Argumenta que tampoco valoró su rol de ama de casa y de madre de tres hijos.
Reitera que la fórmula utilizada en el fallo en crisis no prevé un método de actualización o compensación de las consecuencias de la inflación en el poder adquisitivo de la moneda.
Asimismo, objeta la edad tope que aplicó el juzgador en la fórmula (sesenta y cinco), planteando la necesidad de elevarla a setenta y cinco años y de tomar en cuenta la "chance" o perspectiva de mejora del ingreso futuro.
Por último, controvierte que se hayan impuesto a su parte vencida, las costas derivadas del rechazo de la demanda. Alega que esta condena es absurda porque la damnificada tenía una razonable motivación para pedir la actuación de la justicia. Por lo tanto, solicita la eximición de su pago.
III. El recurso no prospera.
III.1. Invierto el orden de los agravios por razones metodológicas, y señalo, en primer lugar, que la crítica a la cuantía del resarcimiento integral fijada -a los fines de efectuar el cotejo con la suma que percibió la actora conforme al régimen de la Ley de Riesgos del Trabajo- es insuficiente (art. 279, CPCC).
III.1.a. Esta Corte ha declarado que, en la determinación del monto indemnizatorio, los magistrados de la instancia de grado gozan de amplias atribuciones. De modo que la resolución que se adopte no es revisable en la sede extraordinaria, salvo cuando tales facultades no son ejercidas con la necesaria prudencia y el grado razonable de acierto que debe imperar en todo pronunciamiento judicial, es decir, en el supuesto de absurdo (causas L. 90.676, "Villalón", sent. de 31-VIII-2011; L. 111.377, "Campos", sent. de 5-XII-2012; L. 116.477, "Rivas", sent. de 23-XII-2014; L. 118.620, "Patiño Paz", sent. de 13-VII-2016 y L. 118.099, "D., M. A.", sent. de 21-II-2018; e.o.).
En lo específicamente cuestionado, se señaló que es prerrogativa privativa de los jueces ordinarios la elección de las pautas para determinar la indemnización por daños y perjuicios y que dicha facultad sólo puede ser revisada en casación por conducto del absurdo (causas L. 103.174, "Monte", sent. de 31-VIII-2011 y L. 119.914, "A., D. A.", sent. de 22-VI-2020).
Bajo esas directrices, el recurso bajo examen no se advierte idóneamente fundado, pues invoca el señalado vicio, pero no consigue demostrarlo.
Así lo afirmo, toda vez que la recurrente, al cuestionar el método utilizado por el juzgador para cuantificar la reparación integral -propiciando la realización de un nuevo cálculo en base a fórmulas y pautas que resultarían más beneficiosas a sus intereses-, ensaya una postulación carente de aptitud para tener por verificado el grave error que caracteriza a la evocada anomalía.
Destaco que para calcular la indemnización con arreglo a las normas del Código Civil en concepto de daño material, el tribunal expuso los datos que a tales fines consideraba pertinentes: la remuneración mensual que percibía la trabajadora en el período anterior al mes del siniestro (mayo de 2006) de $2.220,77, que en un año con más la incidencia del sueldo anual complementario determinó en $28.870,01; la edad (cincuenta y tres) y los años de vida útil que le restaban para llegar a los sesenta y cinco años (doce); "...el valor inmediato de una renta que colocada a la tasa de interés del 4 y medio % anual (más beneficiosa que si se aplica la del 6%) durante 12 periodos que le restaban a Staroni para jubilarse, permitan percibir una suma que se amortice al finalizar dicho periodo...", así como el porcentaje de incapacidad que padece (98,56%). A tenor de esos elementos de juicio, detalló la fórmula o método de cálculo que -consideró- correspondía emplear en el caso e individualizó cada uno de sus componentes (v. sent., fs. 965). Arribó al monto de $259.462,67, al que adicionó, luego, las sumas de $130.000 y $20.000 en concepto de daño moral y pérdida de chance, respectivamente (v. sent., fs. cit. y 965 vta.).
De lo expuesto se desprende que, sin perjuicio de lo que pudiera opinarse sobre la metodología del sentenciante para cuantificar el daño, lo cierto es que no puede considerarse irrazonable o ilógica, toda vez que fue elaborada a partir de circunstancias acreditadas en la causa y conforme a parámetros cuidadosamente detallados en el fallo.
En estas condiciones, las críticas de la interesada en torno al monto del resarcimiento traducen una mera discrepancia subjetiva -basada sólo en razones de preferencia o conveniencia personal- respecto del criterio seguido por el juzgador de grado y, como tales, resultan ineficaces para acreditar la efectiva configuración del error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al absurdo (causas L. 117.526, "Rivarola", sent. de 1-VII-2015; L. 118.537, "De Lucca", sent. de 28-X-2015; L. 118.201, "Loncoman Duarte", sent. de 24-V-2016 y L. 118.704, "Morini", sent. de 31-VIII-2016; e.o.).
III.1.b. Más allá de cualquier otro análisis que pueda formularse, también debe desestimarse el planteo dirigido a obtener la aplicación del art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación, desde que el pedido es extemporáneo y novedoso. En efecto, la cuestión ahora esgrimida no fue puesta a consideración del tribunal de origen, de modo que no resulta susceptible de ser evaluada en esta instancia casatoria.
Recuérdese que resultan improcedentes para habilitar la vía recursiva las argumentaciones de esa índole (causas L. 108.156, "Escobar", sent. de 29-V-2013; L. 116.975, "Kimilik", sent. de 27-VIII-2014 y L. 116.553, "Addiechi", sent. de 8-IV-2015; e.o.).
III.2. Tampoco es de recibo la impugnación orientada a objetar el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 39 apartado 1 de la ley 24.557.
Cabe recordar que a partir de lo decidido en los precedentes L. 81.826, "Yamán" y L. 87.394, "V. d. C., M. C. y otros" (sents. de 11-V-2005), es doctrina legal que es necesario comprobar en cada caso concreto si la indicada norma de la Ley de Riesgos del Trabajo resulta o no compatible con el art. 19 de la Constitución nacional que prohíbe dañar los derechos de un tercero, correspondiendo admitir -según ha declarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa A.2652.XXXVIII "Aquino, Isacio c/ Cargo Servicios Industriales S.A." (sent. de 21-IX-2004)- que el parámetro o cotejo que debe utilizarse para verificar que las prestaciones previstas en la ley especial reparan adecuadamente el daño sufrido por la víctima, lo configura la extensión del resarcimiento al que esta última accedería en el marco del régimen común de responsabilidad civil (causas L. 81.826 y L. 87.394, cits.; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008; L. 98.010, "Rey", sent. de 24-XI-2010 y L. 98.746, "Sassano", sent. de 30-XI-2011; e.o.).
Surge claro que la decisión controvertida se adecúa a la doctrina legal de esta Suprema Corte, ya que el tribunal efectivamente constató que la reparación otorgada al amparo de la ley especial excedía la extensión del resarcimiento que correspondía a la actora a la luz de la acción común.
En las causas citadas y en muchas otras, este Tribunal puso de resalto que la aplicación de las pautas del régimen especial -fijadas en relación a la pérdida de capacidad de ganancias de la víctima- traducía, no solo la insuficiente -y en ocasiones irrisoria- reparación del daño material, sino también la privación del resarcimiento extrapatrimonial, justificando entonces el reparo fundado en la insuficiencia no solo cuantitativa sino también cualitativa. Por ello, ante un supuesto como el aquí planteado, donde se observa que la reparación integral proveniente de la aplicación de las normas del Código Civil queda satisfecha -e incluso superada- ante la extensión del resarcimiento brindado por la ley especial, es del todo evidente que la tacha no puede ser admitida. Lo dicho, ya que, si esta se impone ante los supuestos de privación o insuficiencia del resarcimiento en orden a la extensión del daño, su inconducencia luce notoria, toda vez que bajo las normas cuya aplicación se reclama no subsiste porción del daño privado de reparación.
Por las razones dadas, propongo confirmar la decisión en este aspecto y desestimar el agravio por conducto del cual se pretende censurar el cotejo o comparación que llevó a cabo el órgano de grado.
III.3.a. La crítica vinculada con la condena en costas también luce inhábil para lograr la modificación de la correspondiente parcela del fallo.
Tiene reiteradamente dicho esta Corte que la imposición y distribución de las costas constituye una típica cuestión de hecho propia de la instancia de mérito y exenta -como tal- de censura en casación, salvo absurdo. Dicho vicio sólo se verifica, en supuestos como el presente, cuando se altera burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 90.768, "Vitkauskas", sent. de 13-XI-2013; L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VIII-2014 y L. 114.577, "Díaz", sent. de 24-VI-2015; e.o.).
La señalada anomalía no consigue ser acreditada por la interesada en esos términos.
El único argumento traído, vinculado a que la parte actora gozaba de razones plausibles para demandar, no se exhibe idóneo a tales fines. Antes bien, conduce a una apreciación opinable o bien susceptible de otras interpretaciones en torno al modo en que el tribunal de origen hizo cargo de los gastos causídicos a uno de los litigantes.
III.3.b. Por lo demás, la recurrente omitió denunciar la violación de las normas actuadas en el fallo a los fines de la imposición de las costas (arts. 68 y 71, CPCC; 19, 22 y 63, ley 11.653 y 20, Ley de Contrato de Trabajo), circunstancia que exhibe -desde otroángulo- la insuficiencia en la fundamentación del intento revisor (art. 279, CPCC).
IV. Por todo lo expuesto, considero que corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
El recurso no prospera.
En lo vinculado con las distintas objeciones que giran en torno a la cuantificación del resarcimiento en el marco del derecho civil, fundamentalmente observo que los argumentos que aquí ensaya el recurrente no fueron puestos a consideración del tribunal de grado, lo que obsta a que esta Corte -a tenor de la limitación propia de su competencia revisora- se pronuncie al respecto.
Bajo ese razonamiento, y compartiendo lo demás expuesto, adhiero al sufragio emitido por el colega ponente.
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por la Actuaria firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/04/2022 08:54:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2022 08:56:28 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/04/2022 16:39:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2022 17:53:06 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2022 08:03:26 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia