Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127334
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Genoud, Torres y Soria dijeron:
I. El Tribunal del Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la demanda promovida por Juan José Dukart y, en consecuencia, condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a pagar la suma que especificó en concepto de reparación integral por incapacidad laboral parcial, permanente y definitiva padecida con motivo del accidente de trabajo sufrido por el dependiente (v. pronunciamiento de fecha 14-XII-2020).
Para así decidir, juzgó que la accionada obró de modo negligente al dar el alta al actor en forma prematura, a la vez que incumplió con los deberes de seguridad e higiene contenidos en el art. 31 de la ley 24.557. Asimismo, desestimó la integración de la litis con José Pouyte, citado en calidad de tercero por la mencionada aseguradora, en su carácter de empleador del trabajador, puntualizando que aquel no fue originariamente demandado por la accionante. Por ello, entendió que no se le podía imputar responsabilidad por el hecho dañoso debatido en autos, pues una decisión de esa naturaleza resultaría violatoria del principio de congruencia.
II. Frente a lo así resuelto, La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. deduce recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 2-II-2021), los que fueron concedidos por el órgano de grado (v. resol. de 16-III-2021), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen electrónico de fecha 26-X-2021).
III.1. En el primero de los remedios mencionados, la impugnante alega violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Manifiesta que el juzgador de grado omitió pronunciarse sobre una cuestión esencial, consistente -a su juicio- en el análisis de la atribución de responsabilidad que le compete al empleador por haber registrado al trabajador con una remuneración inferior a la real.
Asimismo, alega falta de fundamentación legal.
III.2. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.3.a. Al respecto, se impone destacar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires únicamente puede sustentarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
III.3.b. Así, en el caso, el embate deducido carece de andamiaje, habida cuenta que la cuestión que se dice preterida no fue planteada en la instancia de grado.
Al respecto, este Superior Tribunal ha sostenido que no se configura omisión de cuestión esencial si el asunto que se denuncia omitido no fue planteado en la etapa procesal pertinente -en este caso, en los escritos de inicio- (causas L. 104.785, "Albite", sent. de 5-VI-2013; L. 100.310, "García", sent. de 17-XII-2014; L. 117.530, "Tabares", sent. de 8-IV-2015; L. 118.185, "García", resol. 20-V-2015 y L. 122.769, "Medina", resol. de 11-IX-2019), siendo extemporánea la traída recién en esta instancia extraordinaria, y, por lo tanto, inaudible.
III.3.c. Por otra parte, no son atendibles los argumentos concernientes a la pretendida violación del referido art. 171 de la Constitución provincial citada, desde que dicho precepto sólo se infringe cuando el pronunciamiento carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquél aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 122.785, "Barreiro", resol. de 30-X-2019 y L. 125.493, "Razquin", resol. de 30-XI-2020), hipótesis que no concurre en el fallo atacado, en el cual las citas legales efectuadas abastecen la exigencia constitucional.
IV.1. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la interesada relata los antecedentes de la causa. Cita las normas y la doctrina legal que considera vulnerada. Se agravia porque considera que el a quo apreció acreditados los presupuestos necesarios para condenarla civilmente. En este marco, señala alterada la regla del onus probandi. Alega absurdo en la valoración de la prueba y en la interpretación de los escritos constitutivos. Denuncia las garantías constitucionales que juzga violadas.
IV.2 El recurso no prospera.
IV.3. Liminarmente, se impone observar que, en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria, no supera el mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, vigente al momento de la interposición del presente recurso; razón por la cual la admisibilidad del remedio en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L. 124.851, "Mohr", resol. de 16-III-2021).
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020; L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021 y L. 125.787, "Galeani", resol. de 17-II-2021).
IV.4.a. Bajo las señaladas premisas, no se verifica la concurrencia del supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, en tanto el planteo recursivo propuesto remite -en rigor- al análisis de típicas cuestiones fácticas y probatorias, ajenas al ámbito de la casación por la vía indicada (causas L. 117.121, "Bustos", sent. de 15-VII-2015; L. 121.646, "Martínez Aquino", resol. de 5-XII-2018 y L. 125.478, "Klezli", resol. de 20-XI-2020).
Asimismo, los precedentes citados referidos al vicio de absurdo no resultan idóneos a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el citado art. 55 de la ley ritual (causas L. 122.256, "Mendoza", resol. de 24-IV-2019; L. 124.457, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020 y L. 125.236, "Espíndola", resol. de 14-XII-2020).
IV.4.b. Tampoco se verifica el excepcional supuesto de admisibilidad cuando la doctrina legal que se acusa como infringida ha sido elaborada en torno a preceptos de carácter adjetivo (v.gr. las denunciadas violaciones vinculadas a las normas que regulan la atribución de la carga de la prueba). En tal sentido, ha sostenido esta Corte que resultan ajenas al marco del citado art. 55, primera parte in fine, de la ley 11.653 las cuestiones relacionadas con la alteración del onus probandi (causas L. 118.415, "Leguizamón", resol. de 11-III-2015; L. 123.666, "Santarelli", resol. de 27-V-2020 y L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021).
IV.4.c. Para más, corresponde recordar que no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte- la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de la Corte nacional (causas L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020 y L. 125.507, "Valdez", resol. de 22-VI-2021).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar -respecto de lo expuesto en el apartado IV.4.b.- que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 125.904, "Almada", resol. de 1-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/04/2022 08:54:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2022 08:55:41 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/04/2022 16:38:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2022 17:51:41 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2022 08:01:31 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia