Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128045
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Martín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda incoada por Juan Yiovanni Varillas Moreno y, en consecuencia, condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más el adicional del art. 3 de la ley 26.773 (v. pronunciamiento de fecha 29-IX-2021).
Para así decidir, en lo que interesa destacar, tuvo por acreditado que la parte actora vio disminuida en su capacidad laborativa, de manera parcial y permanente, en un 25,75% del índice de la total obrera. Luego, a fin de determinar el resarcimiento, calculó el ingreso base con aplicación al índice RIPTE conforme lo dispuesto por el decreto 669/19.
Asimismo, juzgó que, para el supuesto de incumplimiento, correspondía aplicar lo establecido en el art. 770 del Código Civil y Comercial, acumulándose los intereses al capital, y que el producido debía devengar intereses conforme el promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, hasta la efectiva cancelación, con fundamento en el art. 12, último párrafo, de la ley 24.557.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fech 12-X-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de fecha 13-X-2021).
En su presentación, se agravia de la omisión que imputa al tribunal en cuanto sostiene que no efectuó el cálculo conforme las pautas establecidas en la ley 26.773. Cuestiona la aplicación al caso del decreto 669/19 y las modificaciones introducidas por la ley 27.348, porque entiende que no corresponde su utilización por imperio del principio de irretroactividad de las normas.
Seguidamente, objeta la tasa de interés que el órgano judicial de grado fijó sobre el capital de condena, denunciando vulnerada la doctrina legal emergente de las causas L. 94.446, "Ginossi" (sent. de 21-X-2009); L. 108.164, "Abraham" (sent. de 13-XI-2013) y L. 118.615, "Zóccaro" (resol. de 11-III-2015); entre otras.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado en el caso por la diferencia que se verifica entre el importe que fijó el a quo en concepto de capital de condena y el que habría de obtenerse según las pautas propuestas por la impugnante- no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019 y L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020).
En consecuencia, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019 y L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019).
III.2. En este contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la citada norma del régimen procesal laboral se impone nítida respecto del agravio dirigido a cuestionar la aplicación del decreto 669/19 y las modificaciones introducidas por la ley 27.348, desde que la doctrina traída por la recurrente, en apoyo de su pretensión, ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.605, "Gómez", resol. de 14-VIII-2019; L. 125.484, "Ríos", resol. de 21-XII-2020 y L. 107.939, "Melgar", sent. de 12-II-2021).
Asimismo, tampoco deviene idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653, la doctrina legal referida al vicio de absurdo (causas L. 121.360, "Gómez", resol. de 11-VII-2018; L. 124.023, "Albide", resol. de 30-VI-2020; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020 y L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021).
Por lo demás, no participa de dicha naturaleza el criterio que deriva de los fallos de otros tribunales de justicia ni de los de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
III.3. Con relación a la objeción vinculada a los intereses, la critica que porta el recurso parte de una premisa errónea, puesto que de la lectura del fallo atacado surge que -contrariamente a lo afirmado por la impugnante- el a quo no aplicó intereses moratorios, sino que estableció la alícuota que habría de corresponder en caso de incumplimiento de la sentencia.
En ese contexto, y sin perjuicio de otras consideraciones, la doctrina legal citada -referida a la tasa de los intereses moratorios- no resulta idónea a los fines pretendidos, toda vez que, en definitiva, la crítica se dirige a cuestionar los accesorios de carácter sancionatorio (causas L. 80.710, "Rodriguez", sent. de 7-IX-2005; L. 84.266, "Rosado", sent. de 9-VI-2010; L. 117.706, "Duarte", sent. de 18-VI-2014; L. 120.833, "Cereijido", resol. de 11-X-2017 y L. 125.479, "Blanco", resol. 9-XII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por no reunir los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/04/2022 08:54:17 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2022 08:55:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/04/2022 16:38:13 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2022 17:52:05 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2022 08:02:42 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia