Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128608
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnular de oficio la sentencia interlocutoria de fecha 26 de febrero de 2020, remitiéndose los autos al tribunal de origen, para que -integrado con otros jueces- dicte nuevo pronunciamiento.
El depósito previo efectuado ($171.600; v. archivo adjunto de la presentación electrónica de fecha 17-IV-2020) se restituirá al interesado.
I. El Tribunal de Trabajo n°6 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, en el marco del juicio iniciado por Silvia Raquel Ojeda contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo, en procura del cobro de una indemnización por accidente in itinere, declaró la inconstitucionalidad de los arts. 46 de la ley 24.557 y 1 de la ley provincial 14.997 y abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones debatidas (v. pronunciamiento de fecha 26-II-2020).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 22-IV-2020), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 2-VI-2020).
III.1. Arribada la causa a esta instancia extraordinaria, corresponde disponer de oficio la anulación del pronunciamiento atacado.
Ello así, en tanto si bien en la parte dispositiva del fallo el juzgador de grado resolvió declarar la invalidez constitucional de los arts. 46 de la ley 24.557 y 1 de la ley 14.997 y abstracto el tratamiento de las restantes cuestiones debatidas, lo cierto es que de la lectura del mismo se advierte que -en rigor- no ha concurrido la necesaria mayoría de opiniones entre los magistrados que integraron el tribunal de origen para arribar a esa decisión.
En efecto, el señor juez que se pronunció en primer término, doctor Romualdi, declaró la inconstitucionalidad del art 46 de la ley 24.557, conforme la ley 27.348.
A su turno, el magistrado que emitió su voto en segundo orden, el doctor Dos Santos, inauguró su sufragio adhiriendo -por iguales fundamentos- al colega ponente respecto de la declaración de inconstitucionalidad del art. 46 de la ley 24.557 (conf. texto ley 27.348). Sin perjuicio de ello, finalmente propuso declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 y 4 de la ley 27.348 y 1 de la ley 14.997.
Por último, el integrante del tribunal que sufragó tercero, doctor De Cillis, si bien adhirió a los fundamentos del segundo término en cuanto a que la ley 27.348 impide el debido control judicial -amplio y suficiente-, resolvió declarar la inconstitucionalidad de la ley 14.997 y la consecuente inaplicabilidad del Título I de la ley 27.348.
III.2. De lo expuesto se colige -sin hesitación- que no existe en la especie la imprescindible mayoría de opiniones que, sobre cada una de las cuestiones esenciales a resolver, debe verificarse entre los magistrados integrantes de los tribunales de trabajo, según la exigencia insoslayable que en este sentido consagran los arts. 168 de la Constitución provincial y 44 inc. "f" de la ley 11.653 (causas L. 117.128, "RománÁvalos", sent. de 18-VI-2014 y L.126.780, "Sánchez", resol. de 2-III-2021; e. o.).
Así, tiene dicho esta Corte que se impone la anulación de oficio del fallo del tribunal de trabajo si no concurre mayoría de opiniones en los fundamentos de la decisión adoptada (causas L. 123.390, "Acosta", sent. de 11-IX-2019 y L. 124.938, "Andrada", resol. de 8-VII-2020; e. o.).
Asimismo, cabe señalar que en nada obsta a la decisión propuesta el hecho de que no se haya deducido contra el pronunciamiento de grado el recurso extraordinario de nulidad, pues -como reiteradamente lo ha declarado este Tribunal-procede la anulación de oficio del fallo recurrido por vía extraordinaria aunque no medie denuncia de infracción a las normas de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia, puesto que nada exime a la Suprema Corte de la responsabilidad que le incumbe por la estricta observancia de las formas instituidas en procura de la mejor administración de justicia (causas L. 125.194, "Dobler", resol. de 30-XI-2020 y L. 126.375, "Gutiérrez", resol. de 8-II-2021; e. o.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Anular de oficio la sentencia interlocutoria de fecha 26 de febrero de 2020, remitiéndose los autos al tribunal de origen, para que -integrado con otros jueces- dicte nuevo pronunciamiento.
El depósito previo efectuado ($171.600; v. archivo adjunto de la presentación electrónica de fecha 17-IV-2020) se restituirá al interesado.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 13/04/2022 21:01:17 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 17/04/2022 14:56:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/04/2022 08:43:45 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 25/04/2022 17:56:04 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 26/04/2022 08:07:48 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia