Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L 126890
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.890, "Agüero, Marianela contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 30-IX-2020).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 27-X-2020).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente acogió parcialmente la acción deducida por Marianela Agüero y condenó a la Provincia de Buenos Aires al pago de la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557. Ello así, como consecuencia del accidente sufrido por la trabajadora el día 2 de junio de 2014, que le provocó una incapacidad del 7,38% del índice de la total obrera.
Asimismo, tuvo por probado que la accionada le abonó a la actora $32.655,92 en concepto de prestación dineraria de pago único, por el 6% de incapacidad reconocida en sede administrativa.
En lo que interesa, por aplicación de las pautas establecidas por el art. 12 de la ley 24.557 y lo informado por el perito contador, el órgano de grado calculó el ingreso base mensual en la suma de $5.775,14, incluyendo la totalidad de los rubros percibidos por el accionante, que, aclaró -con apoyo en el convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo y en los precedentes de la Corte federal que cita- tienen naturaleza remuneratoria, sin perjuicio de la denominación que se les imponga, pues derivan de la prestación de servicios.
Ya en la etapa de sentencia, declaró la procedencia de la acción dirigida a obtener el cobro de la prestación dineraria por incapacidad permanente, parcial y definitiva (art. 14 apdo. 2 inc. "a", ley 24.557).
A tal efecto, calculó la indemnización en la suma de $52.428,80 ($5.775,14 x 53 x 7,38% x 2,321), juzgando que superaba el piso mínimo previsto en la resolución de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 3/14, que resultaba de aplicación en la especie, atento la fecha de la primera manifestación invalidante. Seguidamente, dedujo la suma de $32.655,92 oportunamente percibida, arribando así a un total de $19.772,88.
Finalmente, dispuso calcular los intereses moratorios, desde la fecha del accidente y hasta su efectivo pago, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia", vigente en los distintos períodos de aplicación. A tales efectos y por razones de economía procesal, declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.399 que modificó el art. 48 de la ley 11.653.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 12 de la ley 24.557; 44 inc. "d" de la ley 11.653; 358, 375, 457 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 14 bis, 16, 17 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; así como de la doctrina que cita.
Cuestiona que el tribunal de trabajo haya rechazado "el planteo de inconstitucionalidad del artículo 12 ley 24.557", señalando en términos muy generales que, en el caso, su "aplicación taxativa" infringiría las pautas previstas en los arts. 17 y 19 de la Constitución nacional.
Objeta que el tribunal de grado no aplicara ningún mecanismo de actualización monetaria al momento de estimar las prestaciones dinerarias que fueran reconocidas en la sentencia.
Arguye que la construcción del fallo está viciada de absurdo, en cuanto a que, con excesivo rigor formal, realiza una interpretación taxativa de la ley 24.557 apartándose de la función reparadora que la misma conlleva inherente.
Sostiene que el sentenciante debió interpretar el ordenamiento jurídico en su totalidad, razonablemente y teniendo en cuenta la realidad económica existente al momento del dictado del pronunciamiento. En ese marco, alega que, en la actualidad, el ingreso base utilizado por el órgano jurisdiccional es inferior al salario mínimo vital y móvil, y, más aun, al que cobra un oficial de la misma categoría que la señora Agüero.
Indica que de haberse considerado el ingreso base mensual como una "deuda de valor" y -en consecuencia- utilizado un salario actualizado, el tribunal hubiera arribado a un monto sumamente mayor. En tal sentido, expresa que, si el salario es una deuda de valor, las indemnizaciones tarifadas también lo son, en tanto utilizan a aquel como unidad de medida para su cuantificación.
Aclara que no discute la aplicación técnica de la norma, "...puesto que desde la lógica interna el razonamiento es válido" (v. pág. 9 del escrito electrónico), sino su injusta solución.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, debe señalarse que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141-, de modo que la admisibilidad del medio de impugnación deducido solo puede justificarse en el marco de la excepción contemplada en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653.
En estas condiciones, la función revisora de este Superior Tribunal queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, hipótesis que se configura cuando se ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 117.919, "García", sent. de 6-V-2015; L. 122.310, "Camerini", sent. de 15-III-2021; e.o.).
III.2. Así las cosas, anticipo que el embate aquí traído luce inadmisible.
III.2.a. Ello así, toda vez que -más allá de cualquier otra consideración- los precedentes que se citan en la crítica se observan elaborados sobre la base de presupuestos fácticos y normativos disímiles a los que se ventilan en el caso bajo juzgamiento (causas L. 101.909, "Garritano", sent. de 9-V-2012; L. 115.717, "Mestre", sent. de 8-V-2013 y L. 121.400, "Hernández", sent. de 16-IX-2020).
En efecto, en la especie bajo examen, en que la recurrente propicia sustituir la base de cálculo prevista en la fórmula tarifada del citado art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo por el hipotético monto salarial que hubiera percibido la damnificada al momento de la sentencia no resulta asimilable al precedente L. 119.914, "A., D. A." (sent. de 22-VI-2020), en el que la estimación a valores actuales lo fue respecto de la reparación integral sustentada en el derecho común.
Por otro lado, en el caso C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-IV-2018), también invocado por la interesada, se discutió la tasa de interés que correspondía aplicar en las indemnizaciones fijadas a valores actuales, cuando no estuviera determinada legalmente.
De lo expuesto, se colige que dichos precedentes difieren sustancialmente de lo actuado y decidido en autos, circunstancia que determina el fracaso de la impugnación por la inaplicabilidad en la especie de la doctrina que se denuncia violada.
III.2.b. Debo aclarar que lo resuelto no implica apartarme de la línea que hube de seguir en la causa L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021), elaborada en el marco de una controversia cuyas aristas fácticas no se identifican con las de autos.
En este orden de ideas, cabe señalar que la afirmación efectuada por el quejoso en punto a que el sentenciante habría rechazado la petición de que se decrete la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 no guarda correlato con el contenido del fallo recurrido, en el que no se abordó dicho aspecto, el que, por lo demás, tampoco aparece peticionado en el escrito de demanda.
En estas condiciones, resulta de aplicación la doctrina legal de esta Suprema Corte, según la cual cuando las alegaciones del quejoso remiten a un tópico que no fue objeto de pronunciamiento por parte del tribunal de grado, no corresponde que sean tratadas por este Tribunal, en tanto su potestad revisora, como es sabido, se circunscribe al contenido del fallo y a su concreta impugnación (causas L. 101.777, "G., G. F.", sent. de 6-IV-2011; L. 102.609, "Florencio", sent. de 11-V-2011; L. 105.538, "Granoni", sent. de 6-III-2013; L. 108.167, "Guevara Velazquez", sent. de 12-III-2014; L. 117.634, "Savia", sent. de 25-X-2017; e.o.).
III.2.c. Finalmente, no es ocioso señalar que la cita de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de otros tribunales de justicia que formula el interesado a lo largo del desarrollo de su postulación impugnativa, no constituyen doctrina legal (causas L. 91.908, "Acuña", sent. de 18-III-2009; L. 117.691, "Giberti", resol. de 5-III-2014; L. 121.975, "Mansilla", resol. de 5-VI-2019; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al sufragio emitido por mi distinguida colega doctora Kogan, ello, a excepción de lo señalado en el primer párrafo del punto III.2.b.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votó en el mismo sentido.
El señor Juez doctor Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c", resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/04/2022 12:42:02 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/05/2022 09:02:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2022 19:38:40 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/05/2022 09:43:16 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/05/2022 10:01:07 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia