Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127949
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, en lo que interesa, hizo lugar parcialmente a la demanda incoada por Miguel Ramón Ginter y condenó a La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar la suma que especificó en concepto de diferencia por prestación dineraria prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 con más intereses fijados en la forma y modo que determinó (v. pronunciamiento de 18-VI-2021).
En cambio, desestimó la acción deducida contra Constructora Odebrecht S.A. y la mencionada aseguradora en cuanto perseguía el cobro de una indemnización con fundamento en el derecho común, toda vez que juzgó no demostrados los presupuestos de procedencia de la responsabilidad de los demandados en los términos de los arts. 1.074, 1.109 y 1.113 del Código Civil.
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 2-VIII-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resol. de 1-IX-2021).
En su presentación, cita las normas y doctrina legal que considera violadas en el fallo impugnado.
En sustancia, se agravia del rechazo del resarcimiento por daños y perjuicios. Sostiene que el juzgador de grado valoró absurdamente las pruebas aportadas al proceso, especialmente los informes periciales médico y técnico, las constancias documentales, declaraciones testimoniales, entre otras. Afirma que ello lo condujo a un desacertado análisis de los presupuestos fácticos necesarios para evaluar la procedencia de la pretensión del recurrente.
En otro orden, cuestiona que el a quo hubiera declarado inaplicable al caso la ley 26.773 respecto de la prestación establecida en el régimen especial de riesgos del trabajo reconocida al trabajador. En este sentido, censura la fecha de la primera manifestación invalidante que el tribunal estableció como determinante para definir el régimen jurídico aplicable (julio de 2011) y alega que aquella debe situarse en el mes de diciembre de 2012 cuando la Comisión Médica determinó el porcentaje de incapacidad que porta el actor y ya se encontraba vigente el mencionado cuerpo legal cuya aplicación solicita.
Finalmente, controvierte la tasa a la que fueron calculados los intereses adeudados sobre el capital de condena.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, cabe señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia casatoria por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en examen -representado en el caso por la diferencia entre el importe de condena y los intereses que fijó el a quo y el que habría de obtenerse según las pautas propuestas por el accionante en su impugnación- no excede el mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual su admisibilidad sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 120.201, "Morris", sent. de 25-IV-2018; L. 120.599, "Pelle", sent. de 14-VIII-2019 y L. 122.752, "Bravo", sent. de 4-VIII-2020).
III.2. Así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 119.809, "Martínez", sent. de 22-II-2017; L. 121.143, "Hurtado", sent. de 14-VIII-2019 y L. 121.387, "Monti", sent. 19-IX-2019).
III.3.a. En ese contexto, el primero de los agravios traídos no puede tener favorable recepción puesto que el embate, mediante la denuncia de violación de doctrina legal, sólo trae a consideración cuestiones cuya definición es privativa del tribunal de grado, detraídas de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes citado como son las vinculadas a establecer si se configuraron o no los presupuestos que tornan viable la acción de daños y perjuicios deducida, así como la valoración del material probatorio (causas L. 118.024, "Szwed", resol. de 5-XI-2014; L. 120.153, "Chiappesoni", sent. de 21-VI-2018 y L. 122.472; Appendino", resol. de 20-XI-2020).
III.3.b. Por otro lado, no es atendible la crítica relativa a la fecha en que se produjo la primera manifestación invalidante y que el juzgador tuvo en consideración para definir el régimen jurídico aplicable en autos, en tanto no se ha denunciado con relación a este aspecto del remedio deducido violación de doctrina legal alguna, presupuesto esencial e inicial para pretender la revisión de lo resuelto por conducto de la excepcional hipótesis habilitante prevista en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 110.768, "Guzmán", sent. de 7-VIII-2013 y L. 108.167, "Guevara Velázquez", sent. de 12-III-2014).
En ese sentido, cabe destacar que no constituye doctrina legal, en los términos señalados, la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia ni de la Corte nacional (causas L. 117.861, "Ale", sent. de 10-VI-2015; L. 119.596, "López", sent. de 29-VIII-2017 y L. 121.429, "Maravilla", sent. de 19-IX-2019).
III.3.c. Finalmente, el reproche vinculado a la tasa de interés fijada por el a quo también debe ser desestimado. Ello así, pues no se advierte configurada la violación de la doctrina legal invocada.
En efecto, las citas efectuadas resultan ineficaces en tanto el interesado se limita a mencionar precedentes de esta Corte, sin explicar en qué forma habrían sido vulnerados.
En este sentido, es oportuno recordar que es carga específica del recurrente denunciar la doctrina legal violada o erróneamente aplicada, mención que debe ser acompañada por la explicación concreta sobre el modo en que dicha infracción o yerro se produjo (causas L. 101.587, "González", sent. de 18-XII-2013; L. 119.619, "Pastene", sent. de 15-VIII-2018 y L. 120.532, "Espinosa", sent. de 17-VI-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 29/04/2022 12:40:43 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/05/2022 09:02:30 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/05/2022 19:36:43 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/05/2022 09:42:04 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/05/2022 09:58:43 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Fin de la sentencia