Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126225
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, en el marco del juicio por accidente laboral iniciado por el señor Javier Omar Puzio contra Swiss Medical ART S.A., declaró -por mayoría- abstracto el tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del art. 1 de la ley 27.348 e inaplicable su art. 2 (v. fs. 174/178 vta.).
Para así decidir, juzgó que sin perjuicio de la adhesión formal de la provincia de Buenos Aires a través de la ley 14.997, en atención al procedimiento instaurado por la ley 11.653, de instancia única, oral y colegiada, la cognición del tribunal especializado en conflictos del trabajo debe ser plena, quedando a su cargo determinar la naturaleza laboral del accidente o profesional de la enfermedad; el carácter y grado de la incapacidad y el contenido y alcances de las prestaciones en especie.
Consideró que la norma procedimental local (ley 11.653) es el resultado de la reglamentación del acceso irrestricto a la justicia consagrado en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que en la temática jurisdiccional resulta Ley Suprema por constituir una de las facultades reservadas por las Provincias Unidas del Río de La Plata y con origen en pactos preexistentes a la sanción de la Constitución nacional.
Sostuvo que la adhesión que la provincia decidiera a través de la ley 14.997, debe ser armonizada con la Manda Constitucional provincial Suprema, y en tal sentido, el régimen de la ley 27.348 solo puede resultar aplicable siempre que sea compatible con los procedimientos creados en reglamentación de la Constitución provincial.
En consecuencia, concluyó, la función revisora establecida en tales normas deviene inaplicable en la especie, por resultar ajena a las funciones jurisdiccionales que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y las normas locales dictadas en consecuencia reconocen a los Magistrados de la provincia.
II. Frente a lo así resuelto, la aseguradora de riesgos del trabajo demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 180/193 vta.), el que fue concedido en la instancia de grado a fs. 197/198.
Sostiene que el tribunal de origen se ha excedido en sus facultades jurisdiccionales al declararse plena e íntegramente competente sin haberse pronunciado, al mismo tiempo, respecto de la inaplicabilidad al caso del procedimiento ante Comisiones Médicas previsto por la ley 27.348.
Alega que dicho órgano jurisdiccional no declaró la inconstitucionalidad de dicho régimen legal, por lo que la normativa de Riesgos del Trabajo que establece tanto la vía administrativa previa y obligatoria, como la instancia de revisión de los dictámenes allí emitidos, resulta plenamente aplicable al caso.
Esgrime consideraciones tendientes a defender la validez constitucional del procedimiento a seguir por parte de los trabajadores por ante las Comisiones Médicas
Por último, solicita se resuelva la excepción de cosa juzgada administrativa interpuesta al momento de contestar la demanda.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo liminar, cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por la suma reclamada en la demanda- no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, sin que corresponda adicionar intereses o realizar actualizaciones (causas L. 124.713, "Juárez", resol. de 2-X-2020; L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; L. 125.750, "Di Tullio", resol. de 15-IV-2021 y L. 126.116, "Pérez", resol. de 19-IV-2021), razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.245, "Leguizamón", resol. de 16-V-2018; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L.125.981, "Vanucci", resol. de 10-V-2021; e. o.).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la hipótesis habilitante aludida se impone nítida, desde que los precedentes traídos por el recurrente en apoyo de su postura aluden a presupuestos fácticos distintos a los del presente caso y no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión (causas L. 118.309, "Di Rocco", resol. de 19-II-2015; L. 121.388, "Castaño", resol. de 28-II-2018; L. 121.643, "González", resol. de 21-XI-2018; L. 122.612, "Ulibarri", resol. de 3-VII-2019 y L. 127.133, "Matos", resol. de 20-X-2021).
III.3. Cabe asimismo recordar que la jurisprudencia emanada de la Corte nacional, así como de otros tribunales de justicia y la que deriva de la opinión de los autores, no constituye doctrina legal en los términos señalados (causas L. 126.487, "González", resol. de 8-II-2021; L. 125.472, "Ávila", resol. de 12-II-2021 y L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.).
Las costas del recurso que se resuelve, así como las de la queja, se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/05/2022 22:30:42 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 06/05/2022 11:42:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2022 16:47:18 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/05/2022 13:41:25 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/05/2022 16:11:42 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 20/05/2022 11:16:19 hs. bajo el número RR-626-2022 por ALFANO DANIEL.
Fin de la sentencia