Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127991
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida por Víctor Hugo De Tomas y condenó a Abel Lucaroni al pago de la suma que especificó en concepto de indemnización por daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que denunció padecer, con fundamento en las normas del derecho común (v. pronunciamiento de fecha 12-V-2021 y aclaratoria de fecha 1-VI-2021).
Para así decidir, luego de considerar reunidos los presupuestos de atribución de responsabilidad civil del empleador y concluir que el importe de las prestaciones dinerarias que le hubiera correspondido al actor, en función del art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, resultaba notoriamente inferior e insuficiente en comparación con la que le correspondería acceder por aplicación de las pautas del derecho común, procedió a declarar la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 y condenar al accionado en los términos de los arts. 1.079 y 1.113 del Código Civil.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo deduce recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 13-VIII-2021 y 17-VIII-2021 respectivamente), los que fueron concedidos por el a quo (v. resolución de fecha 27-VIII-2021), habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen electrónico del 22-IV-2022).
III.1. En el primero de los remedios mencionados el impugnante alega violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.
Sostiene que el tribunal de origen omitió expedirse acerca de la invalidez constitucional de los arts. 12 y 14 de la ley 24.557, a los que atribuye carácter de esencial, atento a que de su consideración dependía la justa determinación resarcitoria de la dolencia incapacitante que padece.
Por otro lado, reputa transgredido el principio de congruencia al no atender, el sentenciante, a la pretensión actoral en su totalidad. Puntualmente, afirma, omite abordar la indemnización laboral sistémica.
III.2. Conforme lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso no puede prosperar.
III.2.a. De modo liminar, corresponde señalar que la vía prevista en el art. 161 apartado 3 inc. "b" de la Constitución provincial sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Constitución cit.; causas L. 121.277, "Jara", resol. de 7-III-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
III.2.b. Con arreglo a tales premisas el carril de nulidad deducido no puede tener favorable recepción, desde que el planteo que se denuncia preterido quedó desplazado de tratamiento como correlato lógico del razonamiento que nutre la decisión adoptada por el tribunal de grado que, al determinar la responsabilidad de la accionada en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Velezano, puntualizó "que el planteo del resto de las inconstitucionalidades devienen abstracto, atento al modo en que se resuelve el presente" (v. punto IV, tercer párrafo de la sentencia de fecha 12-V-2021).
En este sentido, reiteradamente tiene dicho esta Corte que la omisión a que se refiere el citado art. 168 de la Carta local ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido o inadvertencia, pero no cuando -como sucede en el sub examine - la cuestión que se denuncia aparece desplazada como consecuencia de la solución a la que arribó el tribunal a quo (causas L. 121.355, "Castillo", resol. de 4-VII-2018; L. 122.228, "Vera", resol. de 13-III-2019 y L. 122.226, "Campan", resol. de 5-VI-2019).
III.2.c. Por otro lado, no es ocioso recordar que este Tribunal tiene dicho que los agravios que se dirigen a controvertir la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, el acierto jurídico de la decisión y el modo en que las cuestiones fueron resueltas por los magistrados de grado, se hallan vinculados a la imputación de eventuales errores in iudicando y resultan, por lo tanto, ajenos al acotado ámbito del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 102.098, "Llera", sent. de 16-II-2011; L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014 y L. 120.924, "Cipolla", sent. de 6-X-2020).
III.2.d. Finalmente, cabe destacar que lo que el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación, cuyo estudio resulta ajeno al remedio intentado, siendo inherente al de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.845, "SATA Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.635, "García", resol. de 7-X-2021).
IV. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, el compareciente relata los antecedentes de la causa, denuncia absurdo, cita las normas y la doctrina legal que estima violada.
En lo esencial, se agravia del monto indemnizatorio al que arriba el tribunal de grado, alegando que la fórmula que empleó para su cuantificación pondera en forma insuficiente los daños psicofísicos padecidos.
Asimismo, afirma que el tribunal se apartó de la doctrina legal de esta Corte concerniente a la razonabilidad de las indemnizaciones laborales al momento del pago.
IV.1. El recurso tampoco prospera.
IV.1.a. En primer lugar, cabe destacar que el valor de lo cuestionado -representado por la diferencia que se verifica entre el importe proveniente de la sentencia que fijo el a quo y el que habría de obtenerse según los parámetros que el recurrente postula- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). En consecuencia, el tratamiento de la impugnación en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 115.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
IV.1.b. En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tévez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
IV.2. En ese contexto, respecto del primer agravio enunciado, no se observa -en el caso- la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que, dirigidas a cuestionar la determinación del quantum resarcitorio en los supuestos, en que se reclama por la vía del derecho común, como así también la elección de las pautas que los magistrados consideran adecuadas para establecerlo, las citas jurisprudenciales efectuadas por el quejoso se vinculan con cuestiones fácticas y probatorias, las cuales se encuentran detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto citado (causas L. 121.813, "Parrota", resol. de 17-X-2018; L. 121.438, "Irigoyen", resol. de 20-III-2019 y L. 123.065, "Dibello", resol. de 13-XI-2019).
Asimismo, también se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la mención de la opinión personal de uno de sus ministros (causas L. 121.472, "Aguilar", resol. de 8-VIII-2018; L. 124.714, "Tolosa", resol. de 24-VIII-2020 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
En otro orden, corresponde recordar que no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte- la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia ni los de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 125.507, "Valdez", resol. de 22-VI-2021).
IV.3. En cuanto al restante agravio reseñado tampoco se verifica la concurrencia de aquel supuesto descripto que justifique su encuadre en la citada norma adjetiva, toda vez que las doctrinas citadas como infringidas en el escrito recursivo, han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento y, por lo tanto, su invocación es ineficaz para habilitar la revisión del fallo de origen por el estrecho conducto antes citado (causas L. 124.253, "Ramírez", resol. de 19-VIII-2020; L. 124.772, "González", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.234, "Moccio", resol. de 9-XII-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en tanto no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 289 y 298, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/05/2022 15:08:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/05/2022 10:17:48 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/05/2022 13:42:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/05/2022 19:53:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2022 07:50:44 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/05/2022 10:40:31 hs. bajo el número RR-637-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia