Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127639
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Matanza, en lo que interesa, hizo lugar a la demanda promovida por Sebastián Ángel Herrera y condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y adicional previsto en el art. 3 de la ley 26.773. Asimismo, ordenó a la accionada abonar el importe que determinó para cubrir el tratamiento psicoterapéutico al que debía someterse el demandante (art. 20, LRT). Finalmente, señaló que, en caso en que la accionada incurra en mora en el pago de tal indemnización, se deberá aplicar un interés equivalente al promedio emergente de la cartera general nominal anual vencida a 30 días, atinente a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, hasta el efectivo pago, acumulable conforme al art. 11 de la ley 27.348 y el decreto 669/2019 (v. pronunciamiento de fecha 1-III-2021).
Para así decidir, tras evaluar los elementos probatorios agregados a la causa, juzgó acreditado que, como consecuencia del accidente de trabajo sufrido, el actor porta una incapacidad psicofísica del 31,70% del índice de la total obrera.
II. Contra dicha decisión, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica del 23-III-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 10-V-2021).
En su presentación, cita las normas y doctrina legal que considera violadas.
En primer lugar, cuestiona por elevado el porcentaje de incapacidad psicológica determinado en el fallo. En este sentido, denuncia absurdo en la valoración del informe pericial médico, objetando además, la condena en concepto de tratamiento psicoterapéutico.
Luego, controvierte la conformación del ingreso base mensual y su aplicación a los fines de liquidar la prestación dineraria otorgada al actor. Alega, esencialmente, que en el caso se aplicaron, desacertadamente y en forma retroactiva, las pautas fijadas por el art. 12 de la ley 24.557 (conf. art. 11 la ley 27.348).
Por último, se agravia de la estimación de intereses calculados conforme la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, denunciando vulnerada la doctrina legal de esta Corte que cita.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Respecto al planteo dirigido a impugnar la labor axiológica desplegada por el tribunal de grado a los fines de determinar el porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador vinculado a la patología psíquica que juzgó acreditada, cabe recordar que la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, así como la evaluación del material probatorio, específicamente lo atinente al mérito y fundamento de los informes periciales y establecer el grado de minusvalía que afecta al trabajador, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo, y, por ende, no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo que debe ser eficazmente demostrado por quien lo invoca (causas L. 105.461, "Berton", sent. de 22-VIII-2012; L. 117.358, "Isa", sent. de 26-III-2015 y L. 118.090, "Mayer", sent. de 27-IX-2017).
En el caso, la recurrente no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, pues la crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 120.897, "Gianelli", sent. de 18-XII-2019; L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020 y L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020).
En efecto, el cuestionamiento se estructura sobre la base de la distinta significación que le atribuye, en particular, al informe pericial médico obrante en autos. Así, por conducto de su propia opinión en orden a la entidad convictiva que, a su juicio, correspondería asignarle a la referida experticia, la impugnante no consigue descalificar la labor axiológica del juzgador, pues el recurso sólo refleja una mera contraposición de criterios con el razonamiento empleado en el fallo de grado, revelando su insuficiencia para demostrar el excepcional yerro valorativo invocado (causas L. 117.656, "Barraza", sent. de 23-XI-2016; L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017 y L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019).
Es sabido que el absurdo es un instituto excepcional para casos extremos, que no queda configurado aun cuando el criterio de los jueces pueda calificarse de objetable, discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más, es necesario que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, un desajuste manifiesto e inconciliable con los elementos objetivos de la causa (causas L. 118.007, "Marcucci", sent. de 30-III-2016; L. 120.589, "F., A. E.", sent. de 13-XI-2019 y L. 121.265, "Ojeda", sent. de 6-X-2020) que en el caso -como se anticipó- no logra ser acreditado por la interesada, pues el planteo se limita a señalar eventuales fisuras en la evaluación realizada por el sentenciante, pretendiendo -al cabo- hacer prevalecer su opinión sobre la del juzgador de grado en lo que atañe a la facultad de seleccionar, jerarquizar e interpretar las probanzas del proceso, método inapropiado para evidenciar el grave error denunciado.
Luego, no habiendo sido conmovida la conclusión respecto del grado de minusvalía que porta el actor, las sucintas manifestaciones con relación al costo del tratamiento psicoterapéutico al que debe someterse el trabajador, teñidas de un marcado dogmatismo y carentes de una argumentación que les dé sustento, no constituyen una réplica eficaz con virtualidad para modificar las conclusiones del fallo.
III.2. En otro orden, tampoco es atendible el agravio dirigido a cuestionar el cálculo del ingreso base que debe tomarse como módulo para calcular la cuantía de la indemnización reconocida al accionante.
Cabe destacar que el a quo resolvió calcular el ingreso base a los fines de cuantificar la prestación dineraria establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la Ley de Riesgos del Trabajo aplicando las pautas contenidas en el DNU 669/2019 por resultar -según entendió- más favorable para el trabajador que la aplicación de la ley 27.348 (v. pág. 8, sent. de 1-III-2021).
Ahora bien, en ese marco, se advierte que la impugnación luce insuficientemente fundada pues las consideraciones expuestas en el recurso vinculadas a la presunta errónea aplicación de las disposiciones de la ley 27.348 y los fundamentos sobre los que la interesada estructuró su crítica, lucen extraviados del contexto en el que ha sido resuelta la causa.
Por lo tanto, las definitorias conclusiones que dieron sustento al pronunciamiento impugnado han quedado marginadas de todo reproche como consecuencia del desencuentro entre la línea argumental del recurso -denunciando la violación de preceptos legales que no fueron actuados en la sentencia y omitiendo cuestionar las normas que efectivamente aplicó el juzgador para formar su convicción- y el fundamento del fallo atacado.
En consecuencia, tal falencia define la ineficacia de la impugnación pues, conforme reiteradamente ha declarado esta Corte, para que el escrito mediante el cual se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, los argumentos que en él se formulan deben referirse, directa y concretamente, a los conceptos que estructuran la sentencia (causas L. 115.497, "Palomo", sent. de 5-VII-2017; L. 117.714, "S., L. H.", sent. de 29-VIII-2018 y L. 122.021, "Cuello", sent. de 20-VIII-2020).
En suma, la deficiencia técnica de la postulación revela su manifiesta insuficiencia, lo que impide a este Tribunal la revisión del acierto o desacierto de lo resuelto en la instancia de origen, sellando así su suerte adversa.
III.3. Finalmente, el reproche por el cual la interesada se dirige a objetar la tasa de intereses que fijó el a quo sobre el capital de condena, denunciando vulnerada doctrina de esta Suprema Corte, resulta inatendible.
Ello así, pues la crítica parte de una premisa errónea, puesto que de la lectura del fallo atacado surge que -contrariamente a lo afirmado por la impugnante- el a quo no aplicó intereses moratorios, sino que estableció la alícuota que habría de corresponder en caso de incumplimiento de la sentencia.
De este modo, el cuestionamiento de la interesada transita por carriles propios, desentendiéndose de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado (causas L. 116.617, "Clerici", sent. de 11-IX-2013; L. 114.207, "Ledesma", sent. de 25-IX-2013; L. 118.864, "Rodríguez", resol. de 15-VII-2015 y L. 125.479, "Blanco", resol. del 9-XII-2020).
A ello cabe agregar, que no se advierte configurada la violación de la doctrina legal que cita la recurrente -elaborada en torno a los intereses moratorios- toda vez que la impugnación se dirige a objetar los accesorios de carácter sancionatorio (causas L. 120.833, "Cereijido", resol. de 11-X-2017; L. 125.440, "Tierno", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.641, "Quirós", resol. de 12-II-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 12.961), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/05/2022 15:08:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/05/2022 10:17:46 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/05/2022 13:42:12 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/05/2022 19:53:36 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2022 07:50:40 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/05/2022 10:40:13 hs. bajo el número RR-634-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia