Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128322
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Dolores, con asiento en dicha ciudad, decretó la caducidad de la instancia, en la acción entablada por Adriano Aranda González contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. por la cual procuraba el cobro de indemnización por accidente de trabajo (v. pronunciamiento de fecha 16-IX-2021).
Para así decidir, juzgó configurados los presupuestos previstos en los términos de los arts. 12 de la ley 11.653 y 315 del Código Procesal Civil y Comercial.
II. Frente a lo así resuelto se alza el legitimado activo con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 4-X-2021), el que fue concedido por el órgano de grado, en el marco de la excepción contenida en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (v. proveído del 20-X-2021).
En su impugnación, relata los antecedentes de la causa y acusa la vulneración de las normas y de la doctrina que cita.
Denuncia absurdo y la arbitrariedad de la decisión objetada argumentando que no hubo desinterés ni inacción de su parte. Añade que quien tenía obligación de impulsar la causa era el tribunal de grado.
Además, considera que el a quo realizó una valoración parcializada de las conductas de las partes.
Sostiene que la perención de la instancia en materia laboral constituye una medida excepcional con una aplicación e interpretación restrictiva, debiéndose estar por la solución más favorable a la subsistencia de la acción.
Finalmente afirma que, en atención a la situación general de la pandemia, los plazos procesales estaban suspendidos. Concluye así que la reanudación de los términos debió ser por medio de una cédula de notificación (art. 135 inc. 5, CPCC).
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, se impone observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653, por juzgar el sentenciante insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina cuya vulneración se invoca (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
III.2. En ese contexto, la exclusión de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida desde que las doctrinas contenidas en el escrito recursivo -además de haber sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos disimiles- remiten a cuestiones estrictamente procesales, como lo son, las referidas al instituto de la caducidad de instancia y, como tales, detraídas de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el ya citado precepto adjetivo (causas L. 122.325, "Canali", resol. de 19-XII-2018; L. 122.878, "Galeano", resol. de 21-VIII-2019 y L. 126.315, "Barrios", resol. de 26-V-2021).
III.3. Por lo demás, conforme reiteradamente ha sostenido este Tribunal, tampoco resulta útil en el excepcional supuesto de análisis en tratamiento, la cita de precedentes que versan sobre la obligación que tienen los jueces de fundar sus sentencias (causas L. 125.286, "Sánchez", resol. de 13-XI-2020 y L. 125.476, "Pellegrini", resol. de 9-XII-2020).
Del mismo modo, la denuncia de precedentes relacionados con la configuración del vicio de absurdo no resulta hábil a los fines de abrir la competencia revisora por el estrecho marco cognitivo enunciado (causas L. 121.929, "Arrua", resol. de 27-II-2019; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020; L. 125.418, "Marín", resol. de 12-II-2021 y L. 128.010, "Lezcano", resol. de 1-XI-2021).
III.4. Para más, también se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la cita del voto que ha quedado en minoría puesto que sólo traduce la convicción personal de uno de los magistrados, mas no constituye el fundamento del fallo estructurado sobre la mayoría de opiniones (causas L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021 y L. 126.551, "Arias", resol. de 4-III-2021).
III.5. Asimismo, dable es recordar que no constituye doctrina legal la que deriva de la opinión de los autores o de la jurisprudencia de otros tribunales de justicia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005; L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021 y L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/05/2022 19:56:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2022 10:22:12 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2022 11:15:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/05/2022 09:06:11 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2022 09:50:50 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/05/2022 12:52:11 hs. bajo el número RR-692-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia