Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126736
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Genoud, Torres y Soria dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta por Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en el marco de la acción iniciada por Juan Carlos Sidotti en concepto de diferencia por prestación por incapacidad parcial y permanente, con motivo del accidente de trabajo sufrido (v. pronunciamiento de fecha 21-IX-2020).
Para así decidir, en lo sustancial, sostuvo que la existencia de una resolución homologatoria en la instancia administrativa previa, conforme lo establecido en el art. 2 de la ley 27.348 y la ley 14.997, y el pago abonado en su consecuencia, impedía la prosecución de la acción judicial, por cuanto el trabajador había obtenido una resolución con autoridad de cosa juzgada administrativa (conf. arts. 15, LCT; 336, CPCC; 27, ley 11.653).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa interpone recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fecha 26-X-2020), los que fueron concedidos por el tribunal de grado (v. resolución del 17-XI-2020); habiéndose conferido vista al señor Procurador General (v. dictamen electrónico de fecha 21-IV-2021).
III.1. En el primero de los remedios mencionados, con denuncia de violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, sostiene el apelante que el fallo dictado incurrió en omisión de cuestiones esenciales y carece de la debida fundamentación legal.
III.1.a. Denuncia que, en la primera cuestión del veredicto, el juzgador de grado comenzó su interrogante partiendo de una excepción que no fue interpuesta por la legitimada pasiva al contestar la demanda, lo que deriva en una sentencia nula, en tanto al determinar el tema decidendum , fijó un asunto no articulado.
Luego, afirma que el tribunal de grado omitió tratar tópicos que -a su juicio- resultaban esenciales, a saber -entre otros- las defensas esgrimidas por su parte al contestar el segundo traslado, vinculadas con la nulidad del acto homologatorio, las impugnaciones por el valor del ingreso base mensual, la incompetencia del órgano administrativo, el estado de necesidad del trabajador y el planteo de inconstitucionalidad de las facultades del servicio de homologación.
III.1.b. Por otro lado, manifiesta que el fallo de origen, lejos de ser razonable y fundado, utiliza argumentos apoyados en jurisprudencia que no se vincula con lo sucedido en autos, derivando, como consecuencia de ello, en una sentencia que carece de fundamentación jurídica adecuada.
III.2. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad no puede prosperar.
En principio, corresponde recordar que dicha vía de impugnación sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. prov.; causas L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 125.420, "Avit", resol. de 6-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
III.2.a. Sentado ello, resulta evidente que, contrariamente a lo alegado en el recurso, la crítica se halla enderezada a cuestionar -en realidad- la falta de ponderación de argumentos fácticos y jurídicos que se expusieran como fundamento del reclamo.
De allí que su improcedencia se exhibe manifiesta, toda vez que la omisión de cuestiones esenciales que genera la nulidad del pronunciamiento es aquélla referida a la falta de tratamiento de los asuntos que estructuran la traba de la litis y el esquema jurídico que la sentencia debe necesariamente atender para su validez (causas L. 124.758, "Pais", resol. de 16-X-2020 y L. 127.837, "Monrroy", resol. de 7-III-2022), no revistiendo tal carácter los argumentos introducidos por las partes en apoyo de sus pretensiones (causas L. 121.897, "Do Santos", resol. de 13-II-2019; L. 122.633, "Caputo", resol. de 29-V-2019 y L. 124.856, "Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y de Mercados Particulares de la República Argentina", resol. de 22-X-2020).
Nótese, además, que conforme tiene reiteradamente dicho esta Corte, el deber de los tribunales del trabajo de tratar todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, no importa el de seguir a los litigantes en las argumentaciones de hecho y de derecho esgrimidas como sustento de su postura (causas L. 121.308, "Galeano", resol. de 11-VII-2018; L. 121.897, cit. y L. 124.083, "Skretkowicz", resol. de 10-VIII-2020).
III.2.b. Asimismo, cabe agregar que el eventual desacierto jurídico del fallo, como el examen de la congruencia de la decisión y la supuesta afectación del derecho de defensa en juicio, constituyen temas ajenos al ámbito del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 93.027, "Coto", sent. de 19-III-2008; L. 94.682, "Mangione", sent. de 2-IX-2009; L. 122.646, "Márquez", resol. de 12-VI-2019 y L. 124.829, "Cotado", resol. de 23-X-2020).
III.2.c. Para más, la simple lectura del libelo impugnativo da cuenta que las críticas se dirigen a objetar el modo como el tribunal abordó y resolvió las cuestiones ventiladas en autos, remitiendo el planteo a la imputación de presuntos errores de juzgamiento, cuyo tratamiento es ajeno al acotado ámbito de actuación del carril de nulidad intentado y propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 118.432, "Bordon", resol. de 17-XII-2014; L. 118.841, "Magan", resol. de 21-X-2015; L. 122.963, "Romero", resol. de 18-IX-2019 y L. 123.650, "Gómez", resol. de 13-V-2020).
III.2.d. Por otro lado, tampoco ha de tener cabida el reproche sustentado en la vulneración del art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en tanto lo que la referida norma sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación (causas L. 120.845, "SATA Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.635, "García", resol. de 7-X-2021). En el caso, la simple lectura del fallo en crisis exhibe que el mismo se encuentra basado en el texto expreso de la ley (causas L. 123.718, "Kollrich Borsani", resol. de 9-VI-2020 y L. 126.258, "Alterino", resol. de 26-V-2021).
IV. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, el compareciente afirma que la sentencia de grado incurrió en absurdo, violación y errónea aplicación de los arts. 2 del Código Civil y Comercial de la Nación; 2 de la ley 15.057; 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 12, 22 y 23 de la Constitución nacional; 11, 15, 39, 103 inc. 13 y 116 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 8 inc. 1 y 25 del Pacto de san José de Costa Rica; 8 y 10 de la Declaración Universal de los derechos Humanos; 18 de la Declaración América de los Derechos del Hombre; 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; de la ley 27.348; y de la doctrina legal que cita.
IV.1. Afirma que el tribunal de grado vulneró la doctrina legal utilizada para sustentar su decisión. Al respecto, señala que las citas de los precedentes "Marchetti", "Delgadillo" y "Szakacs" no se condicen con las circunstancias fácticas y jurídicas de autos, puesto que corresponden a causas en las cuales los trabajadores accidentados no concurrieron en momento alguno a la vía administrativa previa y obligatoria prevista en la ley 27.348.
En ese marco, sostiene que el sentenciante omitió analizar las pretensiones de la actora, y, de este modo, realizar el examen de compatibilidad de los presentes obrados con relación a dichos precedentes.
Alega que el órgano de origen debió aplicar la doctrina de la Suprema Corte sentada en las causas B. 51.435, "Bymo" (sent. de 14-VI-1996); C. 100.666, "Fiscalía de Estado" (sent. de 14-VIII-2013), y C. 94.669, "Álvarez" (sent. de 25-IX-2013), entre otras, relacionadas con las garantías de acceso a la justicia, control judicial suficiente y tutela judicial efectiva (v. pág. 16).
Manifiesta que también utilizó erróneamente la doctrina legal establecida en la causa L. 84.351, "Torras" (sent. de 4-X-2006), en tanto en ella se debatieron hechos distintos y desarrollados en el ámbito de la autoridad ministerial provincial.
Puntualiza que el juzgador de grado soslayó la doctrina legal sentada en las causas L. 76.481, "Romero" (sent. de 24-IX-2003); L. 83.805, "Fernández" (sent. de 26-XI-2003); L. 82.816, "Lencina" (sent. de 14-VI-2006) y L. 79.722, "Fernández" (sent. de 27-XI-2006), referida a la exigencia de actitudes heroicas de parte de los trabajadores accidentados frente al procedimiento administrativo obligatorio (v. pág. 18).
Insiste en que se le denegó el acceso a la justicia. En este sentido, manifiesta que distinta hubiera sido la conclusión del tribunal de haber oído los planteos fácticos y jurídicos de su parte en torno a la nulidad y estado de necesidad del trabajador.
Denuncia vulnerado el principio de congruencia porque -sostiene- el fallo valoró en forma absurda los escritos constitutivos del proceso y omitió ponderar la oposición a la excepción de cosa juzgada esgrimidas al contestar el segundo traslado.
Arguye que el sentenciante realizó una absurda apreciación de los hechos alegados y de las pruebas aportadas a la causa.
Añade que no correspondía otorgarle el carácter de cosa juzgada al acto administrativo de clausura de fecha 14 de diciembre de 2018, en tanto carecía de la transcripción prevista en el art. 2 inc. "j" párrafo 6 de la ley 15.057.
IV.2. El recurso no prospera.
IV.2.a. Liminarmente, se impone señalar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia por conducto del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -representado por la suma reclamada en la demanda-, no excede el monto mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, según texto ley 14.141. Por ello, el tratamiento del remedio en examen solo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el artículo 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 124.888, "Ciganda", resol. de 24-XI-2020; L. 125.052, "Barreto", resol. de 30-XI-2020 y L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020).
IV.2.c. En consecuencia, la función revisora de este Tribunal queda circunscripta a constatar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, violación que se configura cuando la Suprema Corte ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tévez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
IV.3.a. En ese marco, no se observa la concurrencia del mentado supuesto excepcional, desde que el impugnante trae a consideración agravios relacionados con cuestiones cuya definición es privativa del sentenciante de grado -como lo es, la configuración o no del instituto de la cosa juzgada- y relativos a la valoración de los hechos y las pruebas, así como al supuesto absurdo en que habría incurrido el tribunal de trabajo al meritar las circunstancias probatorias de la litis (causas L. 120.051, "Romero", resol. de 19-X-2016; L. 120.653, "Ortiz", resol. 27-IX-2017; L. 121.360, "Gómez", resol. de 11-VII-2018; L. 122.256, "Mendoza", resol. de 24-IV-2019 y L. 124.457, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020), asuntos detraídos de la revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto antes señalado.
Tampoco son aptas para abrir la instancia extraordinaria en el mentado marco excepcional, las citas efectuadas por el recurrente en las páginas 16 y 18 del escrito impugnatorio, toda vez que, además de no atender a las motivaciones esenciales del fallo recurrido (causas L. 108.728, "Esteban", resol. del 23-XII-2009; L. 101.498, "Speranza", sent. del 13-X-2010 y L. 113.641, "Díaz", resol. de 1-VI-2011; e.o.), han sido elaboradas sobre la base de presupuestos fácticos y jurídicos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 121.551, "Lince", sent. de 14-VII-2020; L. 125.461, "Luna", resol. de 4-III-2021 y L. 121.841, "Sanchioni", sent. del 21-IV-2021).
IV.3.b. Otro tanto corresponde decir en torno a los embates orientados a censurar la cita de los precedentes L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020).
Las manifestaciones que introdujo el sentenciante en tal sentido fueron formuladas "a mayor abundamiento", esto es, obiter dicta (v. sent., fs. 156). Vale decir entonces que sólo tienen un valor accesorio que no perturba ni incide en las definiciones esenciales que respaldaron la decisión del tribunal, sustentadas en la circunstancia de haber considerado que -en el caso- procedía la excepción de cosa juzgada administrativa interpuesta por Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. por cuanto el trabajador Juan Carlos Sidotti había percibido en el acto administrativo homologatorio dictado en el expediente 241.666/18, la suma indemnizatoria determinada por la Comisión Médica (v. últ. fs. cit.). Lo dicho es demostrativo de la ausencia de agravio y, consecuentemente, deviene inapelable e impropio su tratamiento por esta Corte (causas L. 88.550, "Cantet Manterola", sent. de 2-VII-2008; L. 118.134, "Vaccarezza", resol. de 20-XI-2014; L. 118.685, "Nieva", resol. de 4-XI-2015 y L. 121.081, "Cortez", resol. de 11-IV-2018; e.o.).
IV.3.c. Por otro lado, la doctrina legal referida al vicio de absurdo no deviene idónea a los fines de lograr la apertura del control casatorio por el excepcional conducto que prevé el mencionado art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 121.165, "Guasti", resol. de 11-IV-2018; L. 121.175, "Agüero", resol. de 22-VIII-2018 y L. 122.903, "Colantonio", resol. de 14-VIII-2019), como tampoco aquella vinculada al principio de congruencia, ya que -sabido es- su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la señalada excepción (causas L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
IV.3.d. Finalmente, corresponde recordar que no constituye doctrina legal -en los términos y con los alcances señalados por esta Suprema Corte- la que deriva de la opinión de los autores o de los fallos de otros tribunales de justicia ni los de la Corte nacional (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020; L. 125.062, "Serravalle", resol. de 21-XII-2020 y L. 125.507, "Valdez", resol. de 22-VI-2021).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, en lo concerniente a la denunciada violación del principio de congruencia en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021; L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido desestimados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/05/2022 15:10:24 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 16/05/2022 10:17:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/05/2022 13:45:07 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/05/2022 19:55:20 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2022 07:54:06 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 23/05/2022 10:43:09 hs. bajo el número RR-672-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia