Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127519
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de La Plata declaró su competencia para intervenir en las presentes actuaciones (v. pronunciamiento de fecha 6-IV-2021).
Para así decidir, juzgó que la pretensión de la actora había sido iniciada con posterioridad a la sanción de la ley 14.997 -que hizo operativas, por adhesión, las disposiciones de la ley 27.348-, por lo que resultaba aplicable al caso el marco jurídico allí dispuesto, viéndose complementada tal adhesión a través de la sanción de la ley 15.057, la cual refuerza la obligatoriedad del paso previo del trabajador por ante las comisiones médicas.
Con sustento en la doctrina emanada de la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), sostuvo que la tramitación de la instancia administrativa previa resultaba constitucionalmente válida, por cuanto no implicaba claudicación alguna de derechos por parte del trabajador, encontrándose además sujeta a control judicial suficiente a través de la acción que otorga la ley 15.057.
En ese marco, el a quo tuvo en consideración que del escrito de demanda surgía que la trabajadora había dado cumplimiento con la instancia administrativa por ante las Comisiones Médicas, motivo por el cual declaró su competencia material para entender en las presentes actuaciones. Sostuvo que la acción debía tramitar conforme las pautas establecidas en la ley ritual (ley 11.653), continuando las actuaciones según su estado (conf. arts. 1, 2 y 4 Ley 27.348; 2 inc. "j" y 103 Ley 15.057).
II. Frente a lo así resuelto, la aseguradora de riesgos del trabajo demandada dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 28-IV-2021), el que fue concedido por el órgano de grado (v. resolución de fecha 13-V-2021).
II.1. Afirma que en el pronunciamiento en crisis el sentenciante declaró la inconstitucionalidad de la ley 14.997.
Manifiesta que pese a los dichos de la actora, el procedimiento administrativo previsto en la ley 27.348 no resulta cuestionable constitucionalmente, en tanto no vulnera las normas de la Constitución nacional y provincial indicados por aquella, toda vez que no se presenta una delegación de la potestad jurisdiccional (la cual -aduce- se mantiene incólume en poder de los jueces locales), sino que, tan sólo se acepta una intervención administrativa previa a la justicia y de carácter obligatoria, con una duración acotada mediante plazos perentorios y con decisiones adoptadas con el auxilio de profesionales del derecho y de la medicina que son susceptibles de revisión judicial adecuada.
Alega que con la incorporación de las Comisiones médicas la justicia laboral no encuentra afectada sus funciones y facultades, de manera tal que la división de poderes del Estado y el sistema Federal de Gobierno se mantienen intactos. Argumenta que así ha sido entendido por jurisprudencialmente en los fallos de los tribunales que cita.
A su vez, considera que no resulta objetable que las homologaciones de los acuerdos sobre incapacidades a resarcir gocen del status de cosa juzgada administrativa en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, en forma similar a la que ya prevé esa norma en concordancia con la ley 24.635, para acuerdos celebrados ante el S.E.C.L.O.
II.2. Por otra parte, afirma que el art. 14 de la ley 27.348, de modo alguno afecta la garantía del debido proceso, el juez natural o la norma procesal (ley 18.345), razón por la cual -dice- no merece cuestionamiento constitucional alguno, resultando -por ende- plenamente aplicable el procedimiento allí previsto. En sustento de su postura cita doctrina de autores y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que identifica.
II.3. En el epílogo de la crítica peticiona se revoquen las inconstitucionalidades declaradas en el fallo de grado.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tiene dicho esta Corte que para que el escrito por el que se interpone y funda el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial -esto es, demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley o doctrina legal- resulta indispensable que en él se efectúe una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones centrales en las que se asienta el pronunciamiento judicial impugnado (causas L. 124.684, "Beltrán", resol. de 25-IX-2020; L. 126.685, "Raimundo", resol. de 22-II-2021 y L. 126.341, "Gómez", resol. de 16-III-2021; e. o.).
En el caso, la agraviada no cumple con dichos recaudos técnicos, en tanto la critica que porta el recurso parte de una premisa errónea, puesto que de la lectura del fallo atacado surge que -contrariamente a lo afirmado por la impugnante- el a quo no declaró la inconstitucionalidad de la ley provincial de adhesión n° 14.997 -ni la inaplicabilidad de la ley 27.348-, sino que, por el contrario, sostuvo la constitucionalidad de tales normas y, con ello, de la obligatoriedad del paso previo de los trabajadores por ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales; procedimiento que -en definitiva- consideró cumplido por la accionante.
En tales condiciones el recurso luce manifiestamente improcedente, pues el cuestionamiento que define su contenido transita por carriles propios, desentendiéndose de las razones proporcionadas por el sentenciante de grado (causas L. 124.761, "Travaglia", resol. de 13-X-2020 y L. 125.479, "Blanco", resol. de 9-XII-2020; L. 122.010, "Cuello", resol. de 10-IV-2019; e. o.).
III.2. En el contexto delineado, cabe agregar que la transcripción de fallos de otros tribunales, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la doctrina de autores que se citan en el medio de impugnación, en nada mejora su suerte adversa.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, por encontrarse insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 19/05/2022 19:56:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/05/2022 10:22:40 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 23/05/2022 11:17:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 27/05/2022 09:07:32 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/05/2022 09:51:39 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 27/05/2022 12:53:10 hs. bajo el número RR-709-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia