Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 126563
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, atento que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la acción iniciada por el señor Gustavo Adolfo Galván en procura del pago del resarcimiento previsto en el régimen especial de reparación de infortunios laborales -leyes 24.557 y 26.773- por la incapacidad que contrajera como consecuencia del accidente de trabajo que dijo protagonizar el día 23 de octubre de 2018, rechazó -por mayoría- la excepción de cosa juzgada opuesta por La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. (v. resolución de fecha 13-VII-2021).
Para así decidir, sostuvo que si bien las partes cuentan con la posibilidad de someter al Servicio de Homologación de la Comisión Médica una propuesta de convenio, éste no puede afectar el principio de irrenunciabilidad de derechos (art. 12, LCT). En este orden, advirtió que la libre emisión del consentimiento por parte del trabajador, o libre ejercicio de la voluntad, se encuentra absolutamente restringido cuando se utiliza para suprimir o reducir los derechos previstos en la ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales.
Explicó las diferencias existentes entre la cosa juzgada judicial y la administrativa, destacando que ésta última implica tan sólo una limitación a que la misma administración revoque, modifique o sustituya el acto, pero no impide que éste sea impugnado y eventualmente anulado en sede judicial.
Por último, expresó que el artículo 2 inc. "j" ley 15.057, al referirse al instituto de la cosa juzgada administrativa, lo hace para el supuesto que las partes consintieran la decisión emanada de la Comisión Médica Jurisdiccional, lo que -juzgó- no sucedió en autos, en virtud de haberse interpuesto una acción ordinaria dentro del plazo legal de caducidad de 90 días hábiles judiciales conforme las constancias de autos.
II. Contra dicha decisión, La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14, 17, 18, 19 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 10, 11, 15, y 31 de la provincial, 2 y 14 de la ley 27.348; 4 del anexo I de la misma ley; 2 inc. j de la ley 15.057 y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 12-VIII-2021).
Señala que el tribunal de grado omitió aplicar las leyes 14.997 y 27.348 invocadas como fundamento de la excepción de cosa juzgada y, en particular, el octavo párrafo del art. 2 de la última ley citada, en cuanto establece que " los decisorios que dicten las comisiones médicas jurisdiccionales o la Comisión Médica Central que no fueren motivo de recurso alguno por las partes, así como las resoluciones homologatorias, pasarán en autoridad de cosa juzgada administrativa en los términos del artículo 15 de la ley 20.744 (t.o. 1976)".
Agrega que se trata de leyes de orden público, cuya validez constitucional ha sido reconocida por este Superior Tribunal -entre otras causas- en el precedente L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020).
Asimismo, cita en apoyo de su postura a la doctrina legal emanada del precedente L.87.579, "Rodríguez" (sent. de 5-III-2008) y destaca que, en el caso, se celebró una audiencia -ante funcionario público- en la que se suscribió un convenio. Añade que en dicha ocasión se informó a las partes -debidamente acompañadas por sus asesores letrados- de todas las implicancias legales que tenía el acto, al cual dieron libremente su respuesta afirmativa con carácter de declaración jurada.
Aduce que, frente a la justa y voluntaria composición de derechos e intereses, debe operar el efecto legalmente previsto por art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, adquiriendo el acuerdo autoridad de cosa juzgada, tal como lo establecen -además- los arts. 2 y 14 de la ley 27.348 y 2 inc. "j" de ley 15.057.
Indica que los únicos medios de impugnación idóneos son los recursos y, por lo tanto, es incorrecto entender que con la acción judicial iniciada en autos -aún dentro del plazo de caducidad- se ha objetado válidamente el decisorio de la Comisión Médica y del Servicio de Homologación.
Expresa que habilitar la acción judicial luego de haberse suscripto y consentido un acuerdo en sede administrativa, implica contrariar los fines que se tuvieron en vista al dictarse la ley, esto es, evitar la litigiosidad judicial.
Por último, controvierte que se hayan impuesto a su parte las costas derivadas del rechazo de la excepción de cosa juzgada administrativa, alegando que sus postulaciones están debidamente fundadas y que el tópico en el nuevo sistema de riesgos del trabajo ha dado lugar a diversas interpretaciones que impiden un criterio uniforme. Por esas razones, solicita que sean impuestas en el orden causado.
III. El recurso no prospera.
III.1. Inicialmente, cabe advertir que en el caso el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por el monto reclamado en la demanda y las costas impuestas por el rechazo de la excepción de cosa juzgada administrativa- no supera límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), razón por la cual el tratamiento del remedio procesal deducido sólo podrá justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
Siendo así, la función revisora de esta Corte queda circunscripta a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, supuesto que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 116.470, "Armesto", sent. de 6-III-2013; L. 117.086, "Selesan", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.516, "Raminey", sent. del 1-IV-2015 y L. 123.644, "Goicoechea", sent. 9-II-2021).
III.2. Desde esa perspectiva de análisis, es dable advertir que no se verifica la excepcional hipótesis referida ni bien se repara en que el principal agravio que trae la recurrente remite al análisis de cuestiones de índole fáctica -cuya definición constituye una facultad privativa de los jueces de grado- como lo es determinar si, en el caso, concurren las condiciones necesarias para declarar configurada la cosa juzgada administrativa alegada (causas L. 124.453, "Pino", resol. de 16-VI-2020; L. 127.524, "Testa", resol. de 6-XII-2021 y L 127.514, "Cardozo", resol. de 7-IV-2022).
Sin perjuicio de lo expuesto -que resulta suficiente para rechazar el embate-, cabe aclarar, en relación a los precedentes que cita la interesada, que no concurre el supuesto de excepción previsto en el art. 55, primer párrafo, in fine , de la ley 11.653 si la doctrina que emana del antecedente invocado en el recurso de inaplicabilidad de ley no guarda correspondencia con las motivaciones del tribunal de grado que han constituido factores esenciales de su decisión, ni se trata de situaciones similares atento su diferente contenido fáctico (causas L. 118.976,"Veroisa Muñoz", sent. de 28-II-2018; L. 120.253, "Pastor", sent. de 2-V-2019; L. 123.643, "Slutzky", sent. de 14-III-2022).
III.3. Por último, resta agregar que no resulta atendible el lacónico planteo final que formula la agraviada, vinculado con la imposición o distribución de las costas, toda vez que -más allá de cualquier otra consideración que pudiera formularse- prescinde de la indispensable denuncia de infracción de doctrina legal vinculada con el tópico (causas L. 121.474, "Sotelo", sent. de 31-VIII-2020 y L. 121562, "Espeche", sent. de 5-X-2020).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, atento que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20)
Firmas
Funcionario Firmante: 09/06/2022 15:56:52 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/06/2022 21:03:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 13/06/2022 09:31:44 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/06/2022 08:19:53 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/06/2022 08:32:43 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/06/2022 10:15:22 hs. bajo el número RR-793-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia