Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121823
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.823, "De la Iglesia, Marta Cristina contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud , Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 238/251 vta.).
Se interpuso, por la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 261/268 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, tras declarar la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, hizo lugar a la demanda promovida por Marta Cristina De la Iglesia y condenó a la Provincia de Buenos Aires -en su calidad de empleadora autoasegurada- al pago de la prestación dineraria por incapacidad prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557. La rechazó, en cambio, en cuanto pretendía el cobro de una reparación integral con fundamento en las disposiciones del Código Civil (v. fs. 238/251 vta.).
II. La Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 5, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 28, 75 incs. 12 y 22, 109 y 121 de la Constitución nacional; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1, 8, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; convenios 17, 42 y 102 de la Organización Internacional del Trabajo; arts. 39 de la Constitución provincial; 4 de la ley 26.773; 44 inc. "d" y 47 de la ley 11.653 (v. fs. 261/268 vta.).
Cuestiona la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 efectuada por el a quo , en cuanto establece la denominada opción excluyente para promover acciones judiciales en materia de responsabilidad por daños derivados de accidentes o enfermedades del trabajo.
Señala que dicha norma no vulnera las garantías constitucionales de acceso a la justicia e igualdad ante la ley y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no se pronunció sobre el tópico en los casos "Aquino", "Milone" y "Llosco" (v. fs. 263 vta. y 264).
Alega que el principio de progresividad no es obligatorio para los legisladores ni puede invocarse para descalificar una norma (v. fs. 264 vta.).
Añade que no es dable considerar que de aceptarse la indemnización tarifada habría un aprovechamiento de la necesidad del trabajador, pues no son pocos los casos donde la predisposición a recibir un pago único e inmediato es fruto de una meditada decisión de priorizar el cobro rápido y seguro ante una perspectiva lejana e incierta (v. fs. 265 vta.).
Indica que, en el caso, al no haberse configurado los presupuestos de la responsabilidad civil, tampoco puede verificarse la colisión con el principio de no dañar a otro contenido en el art. 19 de la Constitución nacional (v. fs. 266 vta.). Expresa que "la eventual violación a la irrenunciabilidad -regulada en el art. 12 de la LCT y 11 de la LRT- no constituye una causa de inconstitucionalidad, en virtud de que dicha regla no tiene jerarquía constitucional directa" (fs. 267).
En definitiva, concluye que el art. 4 de la ley 26.773 resulta plenamente constitucional y consiguientemente aplicable al presente litigio (v. fs. cit.).
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente, ha de destacarse que en la especie el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria no supera el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 (Ac. 3869/17)-.
En tales condiciones, la competencia revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653, que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015).
He de agregar que, aludiendo equívocamente a la hipótesis de indeterminación del monto, ningún argumento despliega aquí el quejoso con el objeto de demostrar en el caso la presencia de un supuesto excepcional que -fuera del contemplado en la ley adjetiva laboral- autorice a desplazar el requisito de admisibilidad relativo a la cuantía económica al que se aludió inicialmente.
III.2.a. En este marco, la exclusión de esa hipótesis excepcional se impone nítida toda vez que la única doctrina que se invoca en el medio de impugnación (v. fs. 264), ha sido elaborada sobre la base de presupuestos fácticos y normativos notoriamente disímiles a los que se ventilan en el sub lite (conf. causas L. 107.350, "Velazco", sent. de 21-IX-2012; L. 110.950, "Thill", sent. de 21-II-2013 y L. 105.865, "Maidana", sent. de 15-V-2013).
Sentado lo anterior, no es ocioso asimismo recordar que la opinión de autores, o los pronunciamientos emanados de otros tribunales de justicia, quedan excluidos del concepto de doctrina legal contenido en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 55 y 63, ley 11.652; causas L. 118.228, "Zuñiga", resol. de 3-XII-2014 y L. 118.542, "Holzman", resol. de 10-XII-2014).
III.2.b. Y más allá de estas consideraciones, tampoco cabría ignorar la doctrina legal actual de este Tribunal -contraria a la posición del quejoso-, aun cuando a la época del dictado de la sentencia recurrida o incluso de la interposición del medio de impugnación todavía no se encontrara vigente (causas L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011; L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014 y L. 120.853, "Bowers", sent. de 21-X-2020).
Es que, dejando a salvo mi opinión (ello, conforme lo dicho en la causa L.123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021, a la que remito), lo cierto es que esta Suprema Corte en el precedente L. 124.807, "Vera" (sent. 11-V-2021), de análoga fisonomía al sub examine , se pronunció por la inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012, conforme la redacción que precedió a la ley 27.348).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso deducido. Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a las dificultades interpretativas derivadas de la cuestión tratada (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Suscribo lo expuesto por el doctor Soria en el apartado III.1. (párrafos primero y segundo) de su voto.
Sin embargo, no puede soslayarse que el agravio que anima la impugnación involucra el análisis de una cuestión federal.
Al respecto, ha declarado esta Suprema Corte que, aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los mencionados arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 308:490 in re "Strada"; Fallos: 311:2478 in re "Di Mascio"), es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
Lo dicho me permite ingresar en el tratamiento del medio de impugnación con prescindencia de cualquier limitación derivada de las leyes procesales locales.
I.2. Sentado ello, adelanto que en lo que concierne a la declaración de inconstitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, la decisión efectuada por el órgano judicial de grado debe confirmarse, de conformidad con la propuesta que formulé al emitir mi opinión en la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021); doctrina que aun sobreviniente a la interposición del recurso deducido, no corresponde dejar de atender (causas L. 116.959, "Navarro", sent. de 20-VIII-2014; L. 117.272, "Gómez González", sent. de 24-VI-2015 y L. 118.566, "Mauri", sent. de 26-X-2016), y que habré de reproducir sucintamente a continuación.
I.2.a. Liminarmente, resulta trascendente aclarar que, en la especie -como ocurrió en el citado antecedente- la temática en debate se circunscribe al cuestionamiento constitucional del citado dispositivo de la ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012), en su versión anterior a la ley 27.348 (B.O. de 24-II-2017), es decir, con antelación a la entrada en vigencia de la previsión normativa que establece el tránsito previo y obligatorio por las comisiones médicas.
Cabe recordar, a propósito de esta última, que la Provincia de Buenos Aires aceptó la invitación que contiene el art. 4 de la ley 27.348 -complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo- mediante la ley 14.997 (B.O. de 8-I-2018), adhiriendo plenamente a la normativa contemplada en el Título I de aquel ordenamiento. De ese modo, se tornaron operativas las disposiciones de carácter adjetivo allí previstas, entre ellas, aquella que establece "...que la actuación de las comisiones médicas jurisdiccionales creadas por el art. 51 de la ley 24.241 y sus modificatorias, constituirá la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención..." (art. 1).
La validez constitucional y aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348 fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020) -y en las posteriores causas L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020)-, a cuyos fundamentos cabe remitir por razones de brevedad.
I.2.b. Luego, corresponde recordar que la citada ley 26.773 (B.O. de 26-X-2012) ha reinstalado la llamada opción excluyente entre la reparación tarifada de la ley especial o la integral del derecho común. Al respecto, por razones de brevedad, me remito al desarrollo que efectué sobre este tópico en la mentada causa L. 124.807 (cit.).
I.2.c. Sentado lo anterior, he de precisar que en dicho precedente diferentes argumentos condujeron a justificar la declaración de invalidez constitucional del art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348), a los que me referiré brevemente -por razones de buen orden-, remitiéndome -en lo demás- a las declaraciones contenidas en la opinión que expuse en dicha oportunidad.
I.2.c.i. Tras reseñarse la evolución del sistema de la "opción" en materia de reparación de accidentes y enfermedades profesionales en la legislación argentina, se determinó la incongruencia entre la norma contenida en el mencionado precepto y el principio de progresividad, con raigambre constitucional en los planos provincial y nacional.
Se estableció que dicho postulado, consagrado en la Constitución nacional -por conducto de los incs. 22 y 23 del art. 75-, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (art. 2.1), en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 26), en el Protocolo Adicional a esta última o Protocolo de San Salvador (art. 1) y en el art. 39 inc. 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; y receptado por la Corte Suprema de Justicia como principio cardinal especialmente operativo en materia laboral (CSJN, "Madorrán, Marta C. c/ Administración Nacional de Aduanas", sent. de 3-V-2007, Fallos: 330:989; "Medina, Orlando R. y otro c/ Solar Servicios On Line Argentina S.A. y otro", sent. de 26-II-2008; e.o.); define la improcedencia de la regresión normativa -regla derivada del aludido principio- en la medida que se prohíbe al trabajador lo que antes no se vedaba, reduciendo claramente el nivel de intensidad de la tutela jurídica.
Luego, se concluyó que la ley 26.773 retrograda de modo manifiesto la protección del sujeto de preferente tutela constitucional a la que debe propender la legislación.
I.2.c.ii. Desde otroángulo, también se declaró en el citado caso L. 124.807 que la norma en cuestión viola la indemnidad del trabajador (arts. 19, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. local), pues la síntesis de lo declarado en la causa de referencia indica que le impide al operario accidentado o enfermo (o, en su caso, a sus derechohabientes) por causas vinculadas al trabajo y que percibió las prestaciones de la ley especial, el acceso a la reparación integral del daño, dejando subsistentes daños laborales sin reparación.
Tal situación, se traduce en una indemnización que se avizora como carente de integralidad, afecta -asimismo- los postulados del art. 14 bis de la Constitución nacional, y los principios de progresividad, propiedad (art. 17, Const. nac.), igualdad y no discriminación (art. 16, Const. cit.). Estos dos últimos, máxime cuando el legislador dispuso ratificar el cúmulo cuando el daño provenga de terceros (el damnificado o sus derechohabientes podrían cobrar la tarifa y promover una acción por reparación integral); mientras que, si la responsabilidad es atribuible al empleador, la posibilidad se limita y nace la obligación de optar entre uno u otro sistema.
Se dijo que la solución propuesta va en línea con lo resuelto por la Corte federal en la causa "Rodríguez Pereyra" (CSJN, sent. de 27-XI-2012; R.401.XLIII, en www.csjn.gov.ar), pronunciada con posterioridad a la sanción de la ley 26.773, en la que reconoció la inconstitucionalidad de los sistemas especiales que admiten limitaciones indemnizatorias frente al derecho a una reparación integral al comprobarse la existencia de un menoscabo sustancial a este último, pero afirmando también que la "reparación no se logra si los daños subsisten en alguna medida", lo que implica la total correspondencia entre los daños y el resarcimiento que se confiera.
En ese mismo orden de ideas, se recordó que este Superior Tribunal ha tenido oportunidad de expresar que el empleado o sus derechohabientes -según el caso- que, en el marco de un proceso con amplitud de debate y prueba como el diseñado por la ley 11.653, logre acreditar la insuficiencia de las prestaciones establecidas en la ley 24.557 para reparar integralmente el daño padecido, podrá obtener del patrono -cuya responsabilidad civil hubiere sido demostrada- la diferencia del valor según el quantum que el tribunal de trabajo reputare suficiente para resguardar los derechos constitucionales inherentes al bien jurídico protegido (causas L. 87.394, "V. d. C., M. C.", sent. de 11-V-2005 y L. 88.912, "L., A. F.", sent. de 9-XII-2010).
I.2.c.iii. Desde otroángulo, también se estableció en la mentada causa L. 124.807 que el art. 4 de la ley 26.773 atenta de modo directo y fatal contra el principio de irrenunciabilidad de los derechos, reglaínsita e indisolublemente ligada al principio protectorio (arts. 14 bis, Const. nac. y 39 inc. 3, Const. local).
Tal conclusión encuentra amparo en la norma -general- contenida en el art. 12 de la Ley de Contrato de Trabajo y -no sin atender las pautas que brindan los arts. 31 y 32 del convenio n° 102 de la Organización Internacional del Trabajo (ratificado por nuestro país por ley 26.678)- en el art. 11 de la ley 24.557 que -como normativa específica- establece en su apartado 1 que "las prestaciones dinerarias de esta ley gozan de las franquicias y privilegios de los créditos por alimentos. Son, además, irrenunciables y no pueden ser cedidas ni enajenadas", dispositivo que integra el régimen normativo de reparación por daños laborales, desde que no ha sido derogado por la novel ley 26.773 (arts. 1 y 17 apdo. 1).
I.2.c.iv. Por último, conforme lo señalado en la causa L. 124.807, la descalificación constitucional de la norma bajo la lupa también encuentra respaldo en la violación del principio de igualdad ante la ley (arts. 16 y 75 inc. 22, Const. nac.), pues -en definitiva- el ejercicio de la opción excluyente altera la posición inicial de plena igualdad del sujeto damnificado respecto de otro que (en iguales condiciones originales) adoptó un camino -de elección imperativa- diferente.
II. Por las razones expuestas, estimo que corresponde rechazar el recurso bajo examen. Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a las dificultades interpretativas derivadas de la cuestión tratada (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Tal como ha sido expuesto en los votos precedentes, en el caso, el valor de lo cuestionado ante esta instancia no excede el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141 (Ac. 3869/17)- por lo que, como regla, sólo podría conocerse del recurso interpuesto en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653.
Empero, habida cuenta de que, como lo señala la doctora Kogan, el agravio que porta la impugnación compromete una cuestión de naturaleza federal, me encuentro facultado para analizar el remedio interpuesto sin limitación alguna derivada de las restricciones que, por razón del monto del litigio, establece la ley procesal laboral.
Con ese marco, y toda vez que nos hallamos en presencia de un supuesto aprehendido por un entramado normativo pretérito a la sanción de la ley 27.348, a cuyas disposiciones adhirió la Provincia de Buenos Aires mediante ley 14.997, considero que resultan extrapolables las consideraciones y conclusiones que expuse al fallar la causa L. 124.807, "Vera" (sent. de 11-V-2021).
En efecto, sucede en la especie -como aconteció en la citada causa L. 124.807-, que el tribunal de origen desestimó el reclamo fundado en disposiciones del derecho común, por no haberse acreditado en autos la intervención de cosa riesgosa o viciosa que hubiera incidido en forma causal en el acaecimiento de la contingencia objeto de litis ("...la actora no acreditó que la escalera por la que transitaba -cosa inerte, pasiva, estática y sin defectos ni vicios- se convirtiese por efecto de la cera aplicada en ella o alguna otra circunstancia, en factor de causación del daño ni siquiera tangencialmente"; sent., fs. 248 vta.).
Descartada la posibilidad de atribuir al empleador autoasegurado responsabilidad civil por las secuelas incapacitantes del accidente de trabajo, el a quo admitió el planteo efectuado por la actora, declaró la inconstitucionalidad de la opción excluyente prevista en el art. 4 de la ley 26.773, e hizo lugar al pago de las prestaciones sistémicas, motivo de agravio.
La inviabilidad del reclamo deducido al amparo de la ley 24.557 que postula el Fisco en su impugnación al decir que de haberse respetado el art. 4 de la ley 26.773, se hubiese rechazado de modo íntegro la demanda por no haber prosperado la acción electa por la demandante (v. fs. 268) comporta para la trabajadora, lisa y llanamente, la privación de todo resarcimiento de las secuelas del accidente de trabajo que se tuvo por acreditado en autos.
Merced a todos estos elementos de juicio, concluyo que la pretendida aplicación de art. 4 de la ley 26.773 conduciría, en el caso, a una afectación constitucional de los derechos de la actora de obtener una reparación por el infortunio, cuya acreditación no ha podido
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