Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128239
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, rechazó íntegramente la demanda articulada por Osvaldo Enrique Curone contra la Provincia de Buenos Aires en procura del cobro de la indemnizaciones por daños y perjuicios con fundamento en el derecho común y, en subsidio la reparación tarifada de la Ley de Riesgos del Trabajo, derivada de las patología que denuncia padecer como consecuencia de las tareas prestadas en favor de su empleadora (v. pronunciamiento electrónico de fecha 25-VIII-2021).
Para así decidir, juzgó que el actor no logró probar que las secuelas psicofísicas incapacitantes que padece (limitación funcional columnaria y RVAN II de tipo depresivo) deriven de labores de esfuerzo efectuadas en su calidad de policía de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, señaló que las restantes patologías denunciadas en el libelo de inicio no fueron acreditadas.
II. Frente a lo así resuelto, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 19-IX-2021), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 28-IX-2021).
En su presentación relata los antecedentes de la causa. Alega absurdo en la valoración de la prueba testimonial.
Le cuestiona al tribunal de grado que no tuviera acreditada la relación causal entre las lesiones que padece y la labores que cumplía como policía. Sostiene que el sentenciante realizó una lectura parcial de la pericia médica.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tiene dicho esta Corte que determinar la existencia o no de relación causal o concausal entre el trabajo realizado y el daño resultante, así como valorar el material probatorio aportado al proceso constituyen el ejercicio de una atribución privativa del juzgador de grado, insusceptible de revisión en esta sede salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 89.665, "Rodríguez Pimienta", sent. de 13-VII-2011; L. 110.970, "Sánchez", sent. de 27-VI-2012; L. 118.092, "Molina", sent. de 30-V-2018 y L. 128.007, "Adami", resol. de 1-IV-2022).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 120.518, "Morales", sent. de 13-VI-2018; L. 119.717, "Ortiz", sent. de 10-X-2018 y L. 121.376, "Aguirre", sent. de 14-XII-2020).
III.2. En el caso, el recurrente no cumple con la carga de acreditar dicho vicio, pues la crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el a quo debió valorar los hechos y las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 120.897, "Gianelli", sent. de 18-XII-2019; L. 120.994, "Heitt", sent. de 19-II-2020 y L. 123.270, "Silva", sent. de 6-X-2020).
En efecto, apartándose de la línea reflexiva y de la apreciación en conciencia que llevó a los magistrados a la solución expuesta en el pronunciamiento -descartando la existencia de nexo causal entre las tareas desempeñadas y las enfermedades invocadas por el accionante- sólo expone su oposición a tales conclusiones, a través de un razonamiento paralelo, efectuando un nuevo análisis de los elementos probatorios que indica, según su propio y particular criterio valorativo, sistema impropio para patentizar el grave vicio invalidante mencionado (causas L. 109.399, "Gentili", sent. de 4-VII-2012; L. 117.069, "Tango", sent. de 26-VIII-2015; L. 118.219, "Pozzo", sent. de 4-V-2016 y L. 128.027, ”Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.”, resol. de 26-IV-2022).
De ese modo, no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo resuelto, limitándose a señalar posibles falencias en la evaluación realizada por el sentenciante, y pretendiendo -al cabo- hacer prevalecer su opinión sobre la del juzgador de grado en lo que atañe a la facultad de seleccionar, jerarquizar e interpretar las probanzas del proceso, método inapropiado para evidenciar el absurdo invocado.
Además, es del caso recordar que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de la Suprema Corte (causas L. 119.519, "Salas", resol. de 1-VI-2016; L. 120.191, "Ruiz", resol. de 19-IV-2017; L. 122.801, "Molina", resol. de 6-XI-2019 y L. 125.037, "Hernández", resol. de 21-XII-2020).
Asimismo, cabe destacar, que en lo que atañe a la valoración de la prueba oral, la misma queda reservada a los jueces de grado, que gozan amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones, salvo la hipótesis de configuración de absurdo (causas L. 123.148, "Gnecco", resol. de 27-V-2020; L. 124.684, "Beltrán", resol. de 25-IX-2020; L. 122.704, "Ríos", resol. de 6-XI-2020 y L. 126.984, "Flynn", resol. de 15-IX-2021), que, en el caso, como se anticipó, no logró demostrarse.
En definitiva, la impugnación no logra aportar elementos convincentes con virtualidad para descalificar el contenido del fallo, derivando la crítica a una mera contraposición de criterios que, como tal, resulta inidónea a los fines del recurso deducido (causas L. 117.823, "Díaz", sent. de 10-V-2017; L. 120.801, "Dagnone", sent. de 7-III-2019 y L. 120.802, "Mandagaran", sent. de 28-VIII-2019).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a que se encuentra insuficientemente fundado (art. 31 bis, ley 5.827 y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 24/06/2022 16:16:37 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2022 19:06:34 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 27/06/2022 21:17:45 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 28/06/2022 22:32:59 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/06/2022 08:23:27 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 29/06/2022 13:00:20 hs. bajo el número RR-868-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia