Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128870
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acordada 1790 y Resol. 24/20).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
I. En el caso, el Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en la ciudad de Florencio Varela, rechazó la demanda promovida por Gloria Angélica Jáuregui Maturana contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, en representación de la Dirección General de Cultura y Educación, en la que procuraba el cobro de las indemnizaciones derivadas del accidente de trabajo que denunció padecer, con costas a la actora (v. sentencia de 4-III-2022).
Luego, en lo que interesa destacar por ser motivo de impugnación, calculó los honorarios de los profesionales intervinientes tomando como base regulatoria el monto propuesto en la demanda, que de haberse acreditado los presupuestos fácticos de la acción, aclaró, razonablemente pudo prosperar.
II. Frente a dicho pronunciamiento, el demandado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 21-III-2022) el que, denegado por el a quo atento la insuficiencia del monto para recurrir (v. resol. de 31-III-2022), motivó la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. presentación de 12-IV-2022).
III. El recurso de queja deducido de modo directo ante esta sede de casación, debe prosperar.
III.1. Al respecto, corresponde recordar que si bien con fundamento en las normas procesales o disposiciones arancelarias que así lo expresan, esta Suprema Corte ha decidido -reiteradamente- que contra las resoluciones de los tribunales colegiados en materia de honorarios no son admisibles los recursos extraordinarios, también se ha precisado que tal limitación está referida a la regulación en sí misma, tanto respecto de su monto como a las bases o pautas ponderadas por el tribunal de grado para llegar a su determinación, dejando abierta la posibilidad de conocer en esta materia cuando los agravios se dirigen a otros aspectos que pueden ser abordados a través del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas Ac. 106.022, "Fornillo", resol. de 25-III-2009; L. 113.631, "Rial", resol. de 30-III-2011; L. 117.877, "Ricalde", resol. de 16-IV-2014; L. 119.547, "Adriano", resol. de 6-IV-2016; L. 121.909, "Luna", resol. de 21-XI-2018 y L. 122.685, "Sánchez", resol. de 12-VI-2019).
En el caso, tal como se anticipó, la impugnación gira en torno a la determinación del monto a considerar a los fines regulatorios frente a una demanda íntegramente rechazada, alegándose -por vía del recurso deducido- el quebrantamiento de las citadas disposiciones arancelarias y de la doctrina dictada por este Tribunal a su respecto, agravioséstos cuyo análisis queda atrapado en el marco de admisibilidad del mismo (causas Ac. 86.346, "Calleri", resol. de 9-IV-2003; Ac. 94.153, "El Halcón SAT", resol. de 18-V-2005; C. 116.935, "Comité de Administración del Fideicomiso Ley 12.726/90", resol. de 7-VIII-2013; L. 101.196, "F.,S.", sent. de 18-VI-2014; L. 122.752, "Bravo", resol. de 5-VI-2019 y L. 125.683, "Morales", resol. de 10-V-2021).
III.2. Sentado ello, no es ocioso observar que el valor de lo cuestionado ante esta sede extraordinaria, representado -para la aquí impugnante- por la diferencia entre la suma fijada por el tribunal interviniente en carácter de honorarios y la que pretendería la impugnante sobre la base regulatoria morigerada (causas Ac. 95.112, "Cabuli", resol. de 15-II-2006 y Ac. 101.380, "De Nunzio", resol. de 15-X-2008), no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, razón por la cual la admisibilidad del recurso en examen sólo puede justificarse en el marco de la excepción que contempla el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 (causas L. 111.056, "Kessler", resol. de 21-VIII-2013; L. 116.525, "Rouco", sent. de 20-VIII-2014 y L. 117.666, "Madrid", sent. de 11-III-2015).
III.3. En este contexto, corresponde verificar la existencia, o no, en el caso, de la hipótesis de excepción prevista en el citado art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653. Así pues, debe examinarse la concordancia del fallo con la doctrina de esta Corte, vigente a la fecha en que se dictó aquél y cuya violación se invoca en el recurso, análisis que excede el marco de admisibilidad del carril promovido (art. 55, ley 11.653; causas L. 117.092, "Ullua", resol. de 18-XII-2013; L. 116.902, "Bensusan", resol. de 16-IV-2014; L. 125.683, "Morales", cit. y L. 127.241, "Rizzo", resol. de 20-X-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Hacer lugar a la queja traída y conceder el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la Fiscalía de Estado (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acordada 1790 y Resol. 24/20).
Las costas se difieren para el momento en que se resuelva el mérito del recurso que se concede y la regulación de honorarios para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20; art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y pasen los autos a despacho.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 01/07/2022 11:04:59 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2022 12:05:39 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 01/07/2022 19:00:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 04/07/2022 10:40:48 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 04/07/2022 13:03:55 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 04/07/2022 15:00:07 hs. bajo el número RR-917-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia