Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 129089
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acuerdo 4068/2022 y Resol. 24/20).
2Anular de oficio la resolución de fecha 23 de marzo de 2022 (art. 44 inc. "f", cit.), y remitir los autos al tribunal de origen para que, con diferente integración, dicte nuevo pronunciamiento (art. 168, Const. prov.).
Costas por su orden, dada la forma en que se resuelve (arts. 68, seg. párr., CPCC y 63, ley 11.653).
El depósito previo efectuado ($355.400; v. escrito electrónico de 12-IV-2022), se restituirá al interesado.
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro, con asiento en dicha ciudad, en el marco de la acción incoada por Nicolás Ariel Gaggini contra Federación Patronal Seguros S.A., en lo que interesa destacar, rechazó la excepción de cosa juzgada administrativa y el planteo de caducidad de instancia interpuestos por la demandada (v. pronunciamiento de 23-III-2022).
Para así resolver, juzgó que el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, en cuanto remite a lo dispuesto en los arts. 2 y 14 de la ley 27.348, y dispone que la revisión judicial debe iniciarse como acción ordinaria en un plazo de noventa (90) días hábiles "bajo apercibimiento de caducidad", reduce -de hecho, aclaró- los plazos de prescripción en materia laboral. En este caso, especificó, el término bianual previsto, ya sea por el art. 44 de la ley 24.557, el art. 258 de la LCT o el art. 2562 del Código Civil y Comercial de la Nación (sic).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 8-IV-2022), cuya denegatoria fundada en la carencia de la nota de definitividad y de la configuración de un caso federal bastante que habilite, a su criterio, la instancia de casación local (v. resolución de 13-V-2022), dio motivo a la articulación de la presente queja (art. 292, CPCC; v. escrito electrónico de 26-V-2022).
En sustancia, sostiene que el auto denegatorio fue pronunciado en violación a los derechos y garantías consagrados en los arts. 16, 17, 18, 19, 31 y concordantes de la Constitución nacional, a cuyo fin denuncia arbitrariedad.
Asimismo, con apoyo en la doctrina legal que cita, aduce que en el caso ha sido incorrectamente declarado inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, por encuadrar la argumentación esbozada en su oportunidad en los supuestos previstos en los arts. 14 y 15 de la Ley 48, así como en el supuesto de arbitrariedad con suficiente entidad para evidenciar el carácter constitucional que habilita la instancia de casación local. Alega gravedad institucional.
III. La queja prospera.
III.1. De inicio, corresponde recordar, sin perjuicio de los motivos dados por el tribunal de grado en el auto denegatorio que se impugna, que esta Corte ha establecido -de modo reiterado- que el pronunciamiento de grado que desestima la excepción de cosa juzgada reviste carácter definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (art. 55, ley 11.653; causas Ac. 101.422, "Montoto", resol. de 5-XII-2007; Rc. 104.942, "Benítez", resol. de 4-V-2011; L. 118.367, "Marino", resol. de 29-IV-2015; L. 124.237, "Cejas", resol. de 13-X-2020; L. 126.563, "Galván", resol. de 17-V-2021 y L. 128.211, "Goiburu", resol. de 26-IV-2022).
En atención a lo dicho, carece de virtualidad expedirse en torno al tratamiento de los restantes agravios desarrollados en el recurso de hecho deducido de modo directo ante esta sede extraordinaria y, en esa inteligencia, corresponde hacer lugar a la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acuerdo 4068/2022 y Resol. 24/20).
III.2. Ahora bien, abierta la competencia de este superior Tribunal, resulta excluyente a cualquier otra consideración advertir que el pronunciamiento impugnado carece de validez como acto jurisdiccional al haberse omitido al pie del mismo la firma de uno de los magistrados integrantes del tribunal (art. 44 inc. "f", ley 11.653), por lo que corresponde anularlo (art. 168 de la Constitución de la Provincia; causas L. 87.861, "Santulli", sent. de 11-VI-2008; L. 82.360, "Datola", sent. de 8-VII-2008; L. 108.695, "Manzone", resol. de 14-IV-2010; L. 120.791, "Seoane", resol. de 29-VIII-2017; L. 122.781, "Varela", resol. de 22-VII-2020 y L. 126.563, cit.).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
1. Hacer lugar a la queja traída (arts. 292, CPCC y 63, ley 11.653; Acuerdo 4068/2022 y Resol. 24/20).
2. Anular de oficio la resolución de fecha 23 de marzo de 2022 (art. 44 inc. "f", cit.), y remitir los autos al tribunal de origen para que, con diferente integración, dicte nuevo pronunciamiento (art. 168, Const. prov.).
Costas por su orden, dada la forma en que se resuelve (arts. 68, seg. párr., CPCC y 63, ley 11.653).
El depósito previo efectuado ($355.400; v. escrito electrónico de 12-IV-2022), se restituirá al interesado.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (cfr. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3.971/20 y modif.).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/07/2022 10:01:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/07/2022 11:31:03 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/07/2022 16:43:55 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2022 12:44:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2022 12:48:29 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/07/2022 14:39:44 hs. bajo el número RR-950-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia