Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128677
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud dijeron:
I. El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, rechazó la demanda promovida por Juan Ignacio Martín contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. en cuanto pretendía el cobro de las prestaciones dinerarias del régimen especial (v. pronunciamiento de fecha 26-X-2020).
Para así decidir, juzgó que, firme el acuerdo presentado por la parte actora y la empleadora codemandada, homologado por sentencia del 30 de septiembre de 2020, la única acción que quedaba subsistente es la dirigida contra la aseguradora accionada. Asimismo, señaló que en la referida resolución homologatoria se declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, por cuanto la reparación civil superaba ampliamente los cálculos efectuados conforme el régimen especial.
A partir de ello, sostuvo que la reparación integral plena, satisfecha por la empleadora, subsumía la pretensión sistémica en ciernes.
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo deduce recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fecha 24-XI-2020 y 25-XI-2020), los que fueron concedidos por el a quo , el mencionado en segundo término en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653 (v. resolución de 23-XII-2020).
III.1. En el remedio extraordinario de nulidad, con denuncia de violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución local, sostiene que el nuevo fallo dictado incurrió en omisión de cuestiones esenciales.
En ese sentido, alega que en el juzgador no se pronunció respecto de la inconstitucionalidad de los arts. 12 y 14 de la ley 24.557, planteo oportunamente introducido en el escrito electrónico de fecha 31 de julio de 2020, y que se encuentra íntimamente vinculados con el principio de razonabilidad indemnizatoria, cuya aplicación ha sido reclamada.
III.2. El recurso no puede prosperar.
III.2.a. En principio corresponde recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la preterición de tratamiento de alguna cuestión esencial, en la falta de fundamentación legal, en el incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171 de la Const. cit.; causas L. 112.429, "Casajus", resol. de 26-X-2010; L. 113.715, "Berrozpe", resol. de 6-IV-2011; L. 116.587, "Figueroa", resol. de 1-VIII-2012; L. 121.026, "Autalan", resol. de 3-V-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.301, "Ruffo", resol. de 12-II-2021).
III.2.b. Con arreglo a tales premisas el carril de nulidad deducido no puede tener favorable recepción, desde que el planteo que se denuncia preterido quedó desplazado de tratamiento como correlato lógico del razonamiento que nutre la decisión adoptada por el tribunal de grado al considerar que la reparación plena satisfecha por la empleadora subsumía el reclamo de las prestaciones efectuadas en el marco del régimen especial.
En este sentido, reiteradamente tiene dicho esta Corte que la omisión a que se refiere el citado art. 168 de la Carta local ocurre cuando el juzgador ha excluido el tema por descuido o inadvertencia, pero no cuando -como sucede en el sub examine - la cuestión que se denuncia aparece desplazada como consecuencia de la solución a la que arribó el tribunal a quo (causas L. 121.355, "Castillo", resol. de 4-VII-2018; L. 122.228, "Vera", resol. de 13-III-2019 y L. 122.226, "Campan", resol. de 5-VI-2019).
III.2.c. Por otro lado, no es ocioso recordar que este Tribunal tiene dicho que los agravios que se dirigen a controvertir la interpretación de los escritos constitutivos del proceso, el acierto jurídico de la decisión y el modo en que las cuestiones fueron resueltas por los magistrados de grado, se hallan vinculados a la imputación de eventuales errores in iudicando y resultan, por lo tanto, ajenos al acotado ámbito del recurso extraordinario de nulidad (causas L. 102.098, "Llera", sent. de 16-II-2011; L. 113.610, "Agustinelli", sent. de 5-III-2014 y L. 120.924, "Cipolla", sent. de 6-X-2020).
III.2.d. Finalmente, cabe destacar que lo que el art. 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires sanciona con la nulidad es la ausencia de base legal de las decisiones judiciales, más no su incorrecta, desacertada o deficiente fundamentación, cuyo estudio resulta ajeno al remedio intentado, siendo inherente al de inaplicabilidad de ley (causas L. 120.845, "SATA Argentina S.A.", resol. de 18-IV-2018; L. 124.784, "Córdoba", resol. de 2-XI-2020 y L. 125.635, "García", resol. de 7-X-2021).
IV.1. En la vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley, el compareciente denuncia absurdo, arbitrariedad y violación de la doctrina legal que cita.
En lo sustancial, cuestiona la decisión del tribunal de grado en cuanto no analizó la doctrina legal de esta Corte -especialmente la causa L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018), entre otras que menciona- concerniente a la razonabilidad de las indemnizaciones laborales al momento del pago. En ese sentido, reputa transgredido el principio de congruencia. Postula que el juzgador incurrió en una errada valoración de la prueba producida y de los escritos constitutivos del proceso.
IV.2. El recurso no ha de prosperar.
IV.3.a. Liminarmente, se debe observar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653, por juzgar el a quo insuficiente el monto de lo cuestionado, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal cuya vulneración se invoca (causas L. 123.066, "Núñez", resol. de 14-VIII-2019 y L. 122.494, "Caballero Fernández", resol. de 11-IX-2019), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 125.416, "Tevez", resol. de 30-XI-2020; L. 126.157, "Barrera", resol. de 9-XII-2020 y L. 125.435, "Estévez", resol. de 21-XII-2020).
IV.3.b. En este orden, no se observa la concurrencia del supuesto excepcional mencionado, toda vez que, sin perjuicio de que los presupuestos fácticos delineados en la presente difieren de aquéllos que se desarrollaron en la causa L. 119.987, "Espínola", sentencia de 4 de julio de 2018 (única desarrollada por el impugnante en respaldo de su agravio) lo cierto es que, en el citado precedente esta Corte resolvió la insuficiencia del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley allí intentado, sin sentarse doctrina legal alguna en la materia allí discutida.
IV.3.c. Por lo demás, en relación a los restantes precedentes mencionados, tampoco se verifica en autos la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral, desde que no es idónea la mera cita de doctrina legal que trae el recurso y que incumple con la carga prevista en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, esto es, de explicar de qué manera se configura su violación o el error en su aplicación (causas L. 113.789, "Mauceri", resol. de 18-IV-2011; L. 118.187, "Riple", resol. de 10-XII-2014; L. 119.957, "Bellani", resol. de 7-IX-2016 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021).
IV.3.d. También se encuentra excluido del concepto de doctrina legal, en los términos y con los alcances en que ésta ha sido definida por este superior Tribunal, la cita del voto que ha quedado en minoría, puesto que sólo traduce la convicción personal de uno de los magistrados, mas no constituye el fundamento del fallo estructurado sobre la mayoría de opiniones (causas L. 105.764, "Olivera", sent. de 14-XII-2011; L. 121.976, "Amado", resol. de 26-XII-2018; L. 125.864, "Constantino", resol. de 21-XII-2020 y L. 125.469, "Álvarez", resol. de 12-II-2021).
IV.3.e. Por otra parte, respecto a la denuncia de violación de doctrina legal vinculada al principio de congruencia, debe señalarse que esta Corte tiene dicho que su examen se encuentra marginado de la instancia extraordinaria en el marco de la excepción del art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653 enunciada (causas L. 115.449, "Gamaleri", sent. de 5-III-2014; L. 111.776, "Vanetti", sent. de 25-II-2015; L. 123.315, "Prado", resol. 26-XII-2019; L. 124.106, "Bucci", resol. de 23-IX-2020 y L. 126.656, "Núñez", resol. de 17-XI-2021).
IV.3.f. Finalmente, dable es recordar que los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no constituyen la "doctrina legal" a que se refiere el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 122.001, "Quiroga", resol. de 5-XII-2018; L. 124.463, "Gamero", resol. de 14-VII-2020 y L. 125.463, "Maisonnave", resol. de 12-II-2021), como tampoco la que deriva de la opinión de los autores (causas L. 121.208, "Noriega", resol. de 11-IV-2018; L. 123.924, "Miño", resol. de 9-VI-2020 y L. 125.062, "Serravalle", resol de 21-XII-2020).
La señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a las consideraciones vertidas por los colegas preopinantes. Sólo me permito aclarar que, respecto de los manifestado en el segundo párrafo del punto IV.3.e., en lo concerniente a la denunciada violación del principio de congruencia, si bien participo de la opinión que la doctrina legal aprehendida por la hipótesis de excepción bajo examen, resulta comprensiva de aquella elaborada en orden a la hermenéutica de normas tanto de carácter sustancial como las adjetivas o de formas (conf. mi voto en las causas L. 82.176, "Giménez", sent. de 30-XI-2005 y L. 87.476, "Pardo", sent. de 29-VIII-2007 y muchas otras más recientes), cierto es, que resultando que uno de los objetivos del recurso de inaplicabilidad de ley es mantener y unificar la jurisprudencia, ante la reiteración de pronunciamientos habidos en el tema, siendo la postura que sustento minoritaria, dejo a salvo mi opinión y, a tenor de lo prescripto por el art. 31 bis de la ley 5.827, y modif., acompaño -como lo anticipé- lo decidido por los colegas que me preceden en la votación (causas L. 125.904, "Almada", resol. de 1-IX-2021; L. 124.100, "Goncálves", sent. de 20-X-2021 y L. 123.841, "Tossi", sent. de 29-X-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de nulidad, ya que los planteos en él introducidos han sido denegados en otros casos sustancialmente análogos; y desestimar el de inaplicabilidad de ley en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.). Con costas (arts. 298 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/07/2022 10:01:46 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 11/07/2022 11:30:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/07/2022 16:43:38 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2022 12:44:41 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 13/07/2022 12:48:25 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 13/07/2022 14:39:24 hs. bajo el número RR-942-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia