Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 128717
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, hizo lugar a la demanda interpuesta por Gastón Alejandro Olmos y condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que especificó en concepto de prestación por incapacidad permanente parcial, establecida en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, con más intereses y costas (v. pronunciamiento de fecha 17-XII-2021).
Para así decidir, juzgó -conforme las conclusiones brindadas por los peritos médico y psicólogo en sus respectivos informes- que el actor padece, como consecuencia del infortunio in itinere acontecido, una minusvalía parcial y permanente del 40,36 % del índice de la total obrera.
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada pasiva deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 3-II-2022) el que fue concedido por el a quo (v. resolución del 9-II-2022).
En su escrito impugnativo, invoca absurdo y cita las normas y la doctrina que entiende violadas.
En primer lugar, impugna la fecha a partir de la cual el tribunal sentenciante dispuso la imposición de intereses.
Luego, afirma que no existen elementos en la causa que justifiquen la determinación del porcentaje de incapacidad establecido, y menos aún para concluir que las afecciones tienen nexo de causalidad con el accidente in itinere sufrido por el actor. En tal sentido, alega que el a quo valoró erróneamente la prueba pericial médica.
Considera, además, que las secuelas denunciadas por el accionante poseen carácter inculpable y que no se encuentran en el listado de enfermedades profesionales.
También cuestiona la pericia psicológica, por cuanto -argumenta- no aplica el baremo de la Ley de Riesgos del Trabajo, además -reitera- tal afección no tiene un origen laboral.
Finalmente, ataca la condena en costas. En este marco, sostiene que los honorarios regulados a los profesionales exceden el 25% del monto de la sentencia.
III. El recurso no prospera.
III.1. Alterando el orden en el tratamiento de los agravios expuestos por cuestiones metodológicas, cabe destacar que esta Corte ha declarado que determinar el grado de incapacidad que afecta al trabajador, así como la existencia de relación causal o concausal entre el siniestro y la minusvalía que lo afecta, y en general el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio, específicamente lo atinente al mérito y fundamento de los informes periciales, son facultades privativas de los jueces de origen, salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 115.753, "Silva", resol. de 30-V-2012; L. 117.984, "Vilche", resol. de 27-VIII-2014; L. 122.053, "Montecitos", resol. de 10-IV-2019; L. 124.789, "Díaz", resol. de 21-IX-2020 y L. 125.417, "Ortiz", resol. de 12-III-2021).
Ello exige la verificación del error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 124.435, "Rodríguez", resol. de 29-VI-2020; L. 124.832, "Pacheco" resol. de 24-VIII-2020 y L. 124.104, "Brevis", resol. de 25-IX-2020).
III.2. En el caso -como se adelantó- el tribunal de grado evaluó en forma pormenorizada la prueba producida, incluidas las pericias médica y psicológica que la impugnante denuncia como erróneamente ponderadas y, sobre tales premisas determinó que la incapacidad total padecida por el trabajador asciende al 40,36 % de la total obrera en relación causal o concausal con el accidente de trayecto verificado en autos.
Tal conclusión no logra ser descalificada por la recurrente, pues su crítica transita sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que considera que el órgano de grado debió valorar las pruebas aportadas al proceso, poniendo de manifiesto, tan sólo, su disconformidad con la solución alcanzada en el pronunciamiento (causas L. 101.295, "Zakowicz", sent. de 1-IX-2010; L. 116.581, "Fornari", resol. de 29-V-2013; L. 119.978, "Manzanares", resol. de 5-X-2016 y L. 124.886, "Luna", resol. de 16-X-2020).
Al respecto, conviene recordar que no constituye absurdo cualquier error o la apreciación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, pues se requiere algo más: la evidencia de un vicio lógico en el razonamiento del juzgador o de una grosera desinterpretación material de alguna probanza (causas L. 116.954, "Dipiero", sent. de 6-VIII-2014; L. 123.652, "Zalazar", resol. de 6-VII-2020 y L. 125.471, "Chiminelli", resol. de 6-XI-2020), lo cual -a tenor de lo dicho- no se verifica en la especie.
Para más, deviene necesario señalar que, en el proceso laboral, la valoración de los distintos medios probatorios resulta materia privativa de los jueces de grado, facultad que comprende la evaluación de las pericias rendidas y la eficacia que les adjudiquen a las conclusiones de los expertos (causas L. 122.162, "Alarcón", resol. de 10-IV-2019; L. 123.382, "Santín", resol. de 11-III-2020 y L. 123.931, "San Martín", resol. de 16-VI-2020), salvo la hipótesis de configuración de absurdo, el cual, como se dijo, no logra evidenciarse en el caso.
III.3. No mejor suerte ha de seguir el cuestionamiento formulado en torno a la fecha que debe tenerse en cuenta para fijar el inicio del cálculo de los intereses.
Sin perjuicio de la insuficiencia que denota el agravio en este aspecto, cabe advertir que lo decidido por el a quo coincide con el criterio de este Tribunal conforme el cual es la fecha de exigibilidad del crédito la que determina el punto de partida para el cómputo de los intereses (causas L. 123.156, "Puzzolo"; L. 123.180, "Beron", resols. de 4-III-2020 y L. 125.993, "Ordenes", resol. de 10-V-2021).
III.4. Por lo demás, en relación a las costas, la impugnación no resulta atendible, toda vez que la definición plasmada por el órgano judicial (v. liquidación de fecha 17-XII-2021) se halla de acuerdo con la doctrina legal de este Tribunal, en atención a que no excede la limitación introducida por la ley 24.432 respecto del alcance de la responsabilidad por el pago de las costas establecida en los arts. 505 del Código Civil y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo, receptada en idénticos términos en el art. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación (causas L. 77.914, "Zuccoli", sent. de 2-X-2002; L. 89.979, "Saucedo", sent. de 16-IV-2008; L. 93.064, "Vas da Silva", sent. de 2-III-2011; L. 98.065, "Cejas", sent. de 3-V-2012 y L. 124.724, "Ibarra", sent. de 8-II-2021; e.o.).
III.5. Para terminar, corresponde indicar que la invocación de quebranto de principios y normas constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la trasgresión de otras normas legales, circunstancia que, en autos, surge no acreditada (causas L. 103.682, "Cervantes", sent. de 16-III-2011; L. 120.326, "Canosa", resol. de 12-IV-2017 y L. 126.058, "Córdoba", resol. de 17-V-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, en atención a su insuficiente fundamentación (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.), con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/07/2022 14:05:50 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/07/2022 15:48:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/07/2022 20:17:49 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2022 09:16:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2022 09:31:33 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 15/07/2022 10:52:42 hs. bajo el número RR-972-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia