Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rl 127056
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 289 CPCC).
I. El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, en el marco de la acción iniciada por el señor Ariel Adrián Colzera contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en cuanto pretendía el pago de diferencias indemnizatorias por el accidente de trabajo sufrido, hizo lugar a la excepción de cosa juzgada administrativa opuesta por la parte demandada (v. fs. 67/74).
Para así decidir, juzgó acreditado que el actor transitó la instancia administrativa previa y obligatoria prevista por la ley 27.348, habiendo culminado dicho procedimiento con el dictamen emitido por la Comisión Médica interviniente en fecha 9 de octubre de 2019, en el que fijó un porcentaje de incapacidad del 4,07 % de carácter permanente, parcial y definitiva; abonando la aseguradora de riesgos del trabajo la suma de $ 362.233,98.
También tuvo en consideración el a quo que el Titular del Servicio de Homologación dictó un acto administrativo mediante el cual homologó el acuerdo celebrado entre las partes, adquiriendo autoridad de cosa juzgada en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.
II. Frente a lo así resuelto, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 16-XI-2020), el que fue concedido por el a quo (v. resolución de fecha 14-XII-2020).
En su presentación individualiza las normas y la doctrina legal que considera conculcadas.
De un lado, denuncia la violación del principio de congruencia. En ese sentido expone que la parte demandada planteó como defensa una excepción previa de cosa juzgada, resolviendo el tribunal de grado -según afirma- una excepción de pago, en clara transgresión a lo dispuesto en el art. 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial.
Del otro, alega una desacertada interpretación y aplicación de los arts. 1 y 2 de la ley 27.348, 4 del Anexo I y 13 y 26 de la res. SRT n° 298/17. Ello, en el entendimiento de que el órgano jurisdiccional de grado consagró eficacia y autoridad de cosa juzgada administrativa a las homologaciones dictadas por el Titular del Servicio de Homologación de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en base a un sistema legal que -arguye- se encuentra viciado de inconstitucionalidad al obturar el acceso a la justicia y la posibilidad de revisión judicial.
Manifiesta además que en el caso se configura la doctrina del absurdo, por cuanto existe una evidente contradicción entre la resolución atacada y el precedente L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), así como la notable colisión argumentativa y axiológica con el precedente "Titanti", resuelto con fecha 21 de agosto de 2019 por el propio Tribunal interviniente, sin la debida exposición de motivos que guiaron al cambio de criterio.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente cabe señalar que, habiendo sido concedido el remedio procesal en examen en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine , de la ley 11.653, decisión que -debidamente notificada- no ha merecido objeciones por parte de la impugnante, la competencia revisora de esta Corte ha de quedar circunscripta a verificar si lo resuelto en el fallo en crisis se contrapone con la doctrina legal que se invoca (causas L. 117.035, "Abregú", resol. de 25-IX-2013; L. 117.813, "Doufour", sent. de 1-VII-2015 y L. 124.706, "Álvarez", resol. de 15-IX-2020; e. o.), hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo recurrido la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 121.663, "Cordero", resol. de 5-VI-2019; L. 124.135, "Bergara", resol. de 11-VI-2020 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; e. o.).
III.2. Sentado lo expuesto, no se observa la presencia del mentado supuesto excepcional, desde que mediante la denuncia de vulneración de doctrina legal el impugnante trae a consideración agravios vinculados a cuestiones de hecho y prueba, cuya definición es privativa del tribunal de grado, como lo es, la determinación del alcance del acuerdo celebrado entre las partes en sede administrativa, así como la apreciación formulada por los jueces de grado sobre la concurrencia del instituto de la cosa juzgada, asuntos detraídos de revisión en el acotado marco cognitivo previsto en el precepto citado (causas L. 121.821, "Naselli", resol. de 13-II-2019; L. 123.053, "Loyato", resol. de 28-VIII-2019; L. 124.453, "Pino", resol. de 16-VI-2020 y L. 126.941, "Purini", resol. de 7-VI-2022; e. o.).
Por otro lado, los precedentes de esta Corte que la impugnante cita en apoyo de sus agravios no guardan correspondencia con las motivaciones del sentenciante que han constituido factores esenciales de su decisión, ni refieren a situaciones similares, atento a su distinto contenido fáctico (causas L. 120.820, "Lastape", resol. de 11-X-2017; L. 121.314, "Aristemuño", resol. de 8-VIII-2018 y L. 126.090, "Mercado", resol. de 12-II-2021; e. o.).
Para más, es dable recordar que esta Corte tiene dicho que la doctrina legal es la que emana de sus propios fallos y no la que deriva de la opinión de los autores o de los pronunciamientos de otros tribunales de justicia, ni los de la Corte nacional (causas L. 121.094, "Quinteros", resol. de 13-IX-2017; L. 121.630, "Quintana", resol. de 5-XII-2018; L. 123.659, "Ovejero", resol. de 25-IX-2019 y L. 125.485, "Morales", resol. de 4-II-2021).
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, en atención a que no reúne los requisitos esenciales (art. 31 bis, ley 5.827, y modif.); con costas (art. 289 CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital.
Firmas
Funcionario Firmante: 25/08/2022 14:53:27 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/08/2022 09:17:10 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/08/2022 19:19:38 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2022 16:01:30 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/08/2022 19:24:39 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 01/09/2022 12:18:25 hs. bajo el número RR-1135-2022 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia